La ciudad cordobesa de Río Tercero decidió no adherir al duelo nacional de tres días que fue decretado por el presidente Alberto Fernández tras la muerte de Carlos Menem, ya que el exmandatario fue declarado “persona no grata” acusado de haber sido el autor mediato de la explosión de la Fábrica Militar, en noviembre de 1995.
"El 3 de noviembre de 2020, cuando se conmemoraba el 25 Aniversario de las explosiones de la Fábrica Militar, el Intendente Marcos Ferrer firmó el Decreto 638/2020 donde se declaró persona no grata a Menem", recordaron en comunicado las autoridades de Río Tercero.
Y agregaron: "Cumpliendo con lo dispuesto se informa que se ha resuelto no adherir al duelo nacional y no rendir homenajes a Carlos Saúl Menem, acusado de ser el principal responsable del atentado de la explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero en 1995".
El próximo 24 de febrero era la fecha en la que Menem debía sentarse en el banquillo de los acusados. Estaba imputado por el presunto delito de estrago doloso agravado y si bien la muerte lo absuelve, la memoria de los vecinos de Río Tercero, no.
La explosión
La mañana del 3 de noviembre de 1995 se oyeron tres detonaciones en la Fábrica Militar de Río Tercero. Las dos primeras sucedieron en la planta de descarga y la tercera, y más importante, tuvo lugar en el depósito expedición y suministros. Así, miles de proyectiles acumulados en los polvorines de la fábrica se esparcieron por los barrios de Escuela, Las Violetas, Libertador y Cerino, causando grandes daños.
En un principio, la Justicia orientó la investigación hacia la hipótesis de un accidente, ocasionado por un desperfecto en la manipulación de un montacarga que había determinado que un tambor con trotyl se prendió fuego y se extendió a otros que contenían ese explosivo.
Sin embargo, años más tarde, pericias técnicas determinaron que el trotyl no puede estallar por acción de la llamas, ya que ese material sólo puede explotar con el accionar de un detonador.
Además, a partir de los testimonios recolectados, se estableció que la noche anterior a la explosión, personas no identificadas ingresaron a las instalaciones de Fábrica con el objetivo de "acondicionar los elementos iniciadores del fuego, como asimismo disponer los detonadores y reforzadores necesarios para provocar horas más tarde las letales explosiones".
Otra prueba de la intencionalidad que estableció la Justicia fue la direccionalidad de las explosiones, cuyas ondas expansivas se dirigieron al sur y al este, donde se encontraban los empleados y el polo petroquímico de Río Tercero, que no fue alcanzado por los proyectiles que volaron por el cielo de la ciudad.
Las explosiones tenían como intención ocultar el faltante de municiones. Entre 1991 y 1995, el entonces presidente Carlos Saúl Menem firmó decretos para vender armas a Panamá y Venezuela, que sin embargo terminaron en Ecuador y Croacia en operaciones de triangulación.
La presencia de armamento de origen argentino en estos dos países era un grave problema diplomático y político para el gobierno argentino, que había desplegado un contingente militar que integraba una fuerza de paz en Croacia, en el contexto de la guerra que atravesaba la ex Yugoslavia. Es decir que soldados argentinos, como miembros de fuerzas internacionales, combatían con insurrectos que utilizaban armas argentinas.
En esos años, cañones, obuses y proyectiles, eran retirados de las unidades militares para ser llevados a la planta de Río Tercero con el pretexto de ser reparados, pero desde allí eran trasladados a distintos puertos para ser embarcados al destino requerido por los compradores ilegales.
En el verano de 1995, los casos de armas argentinas descubiertas en Croacia y Ecuador comenzaron a multiplicarse, y esos hechos se denunciaron ante la Justicia. En paralelo, los jefes de las unidades del Ejército, que tenían material alojado en Río Tercero en supuestas reparaciones, comenzaron a demandar que fueran reintegrados a sus bases.
Una pericia contable incorporada a la causa determinó que al momento del siniestro, faltaban entre 24 mil y 49 mil municiones de la fábrica, según el inventario.
La causa
Tras varios años de instrucción, la causa llegó a juicio en 2014. El Tribunal Oral Federal Número 2 de Córdoba condenó por estrago doloso seguido de muerte a Edberto González de la Vega, coronel retirado y director de Coordinación Empresaria de Fabricaciones Militares, a 13 años de prisión; a Carlos Franke, coronel retirado y director de Producción de Fabricaciones Militares, a 13 años; a Jorge Antonio Cornejo Torino, coronel retirado y director de la Fábrica Militar de Río Tercero, a 13 años; y a Marcelo Gatto, mayor retirado y jefe de la División Producción Mecánica a 10 años. La sentencia fue confirmada por Casación y fue apelada por un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, que deberá decidir si la deja firme.
Beneficiado por distintas apelaciones, Menem logró eludir del juicio. Pero en 2018, y tras una serie de apelaciones, la Cámara Nacional de Casación Penal ordenó revisar esa decisión y devolver el expediente a Córdoba.
En noviembre de ese año, el juez Carlos Ochoa, del Juzgado Federal de Río Cuarto –donde desde un comienzo se instruyó la investigación– volvió a procesar y a elevar a juicio a Menem, pero, en este caso, en soledad.
Nuevas apelaciones interpuestas por su defensa dilataron el avance del proceso, hasta que quedó finalmente en firme la resolución. La acusación era como presunto "autor mediato" de estrago doloso agravado; fijándose la fecha para el 24 de febrero de 2021. Hace unos días, su familia había pedido la suspensión del juicio.
Menem iba a estar sentada en el banquillo de los acusados, pero ahora será sobreseído de responsabilidades penales.
