"El impacto en el nivel de ocupación y condiciones laborales de las mujeres en América Latina y el Caribe generó un retroceso de una década en los avances logrados en materia de participación laboral en el continente", afirmó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, durante la presentación del informe especial Covid-19 sobre la autonomía económica de las mujeres en la recuperación pospandemia. 

Según el documento, en 2020 se registró una contundente salida de mujeres de la fuerza laboral, quienes, por tener que atender las demandas de cuidados en sus hogares, no retomaron la búsqueda de empleo, La tasa de participación laboral de las mujeres (es decir, mujeres buscando trabajo) se situó en 46 por ciento en 2020, seis puntos por debajo que en 2019, cuando 52 por ciento de las mujeres en América Latina y el Caribe estaba trabajando o buscando trabajo. La de los hombres también cayó, pero sigue siendo significativamente mayor incluso que en niveles pre pandemia: 69 por ciento. 

Con este dato, el nivel de desempleo (que es un cociente entre la población desocupada y la que busca trabajo) puede llegar a dar más bajo. La Cepal calculó que el 12 por ciento de mujeres desempleadas en 2020 se elevaría al 22,2 por ciento si se asume la misma tasa de participación laboral de las mujeres de 2019. Es decir, si se asume que la cantidad de mujeres buscando trabajo disminuyó no por falta de necesidad de ingresos sino por frustración o un aumento de la demanda de las tareas de cuidado.

Por sector

Además de los efectos a nivel agregado, se esperan impactos de distinta magnitud en los sectores económicos. Desde el punto de vista de género, muchos de ellos cuentan con alta participación femenina, lo que impacta en el  vínculo con el trabajo de las mujeres. El 56,9 por ciento de las mujeres que participan del mercado laboral están expuestas por trabajar en sectores de alto riesgo como el comercio; la manufactura, sobre todo las maquilas en méxico y el Caribe; en el turismo, donde una de cada diez mujeres vivían de ese sector en el Caribe; hogares (trabajo doméstico remunerado); actividades inmobiliarias y servicios administrativos y de apoyo.

Uno de los más dañinos en términos de género, informalidad y a su vez imprescindibilidad es el trabajo doméstico remunerado. Se caracteriza por un alto nivel de precarización, y por la imposibilidad de ser realizado de forma remota, por lo que ha sido uno de los sectores más golpeados por la crisis. En 2019, previo a la pandemia, alrededor de 13 millones de personas se dedicaban al trabajo doméstico remunerado, el 91,5 por ciento mujeres. No obstante, en el segundo trimestre de 2020 los niveles de ocupación en el trabajo doméstico remunerado cayeron en la mayoría de los países, incluso por encima del 40 por ciento en el caso de Chile, Colombia y Costa Rica.

En este marco, Bárcena alentó a los gobiernos a “priorizar en sus estrategias de vacunación al personal de salud -incluidas las personas que prestan servicios asociados de limpieza, transporte y cuidados-, y a quienes se desempeñan en los sistemas educativos y en el trabajo doméstico, en su mayoría mujeres, que son un pilar fundamental para el cuidado y la sostenibilidad de la vida”.

El sector salud tampoco queda exento de la discriminación por género: un 73,2 por ciento de empleadas en el sector de la salud son mujeres que han tenido que enfrentar una serie de condiciones de trabajo extremas, como extensas jornadas laborales, que se suman al mayor riesgo al que se expone el personal de la salud de contagiarse del virus. Todo esto en un contexto regional en el que persiste la discriminación salarial, porque los ingresos laborales de las mujeres que trabajan en el ámbito de la salud son un 23,7 por ciento inferiores a los de los hombres del mismo sector”, remata Alicia Bárcena.

Reactivación económica 

Ante este análisis de situación, desde la Cepal planten propuestas concretas para lograr una recuperación transformadora con igualdad de género. "Además de transversalizar la perspectiva de género en todas las políticas de recuperación, se requieren acciones afirmativas en el ámbito de las políticas fiscales, laborales, productivas, económicas y sociales, que protejan los derechos de las mujeres alcanzados en la última década, que eviten retrocesos y que enfrenten las desigualdades de género en el corto, mediano y largo plazo", afirma Bárcena. 

En este contexto, “urge promover procesos de transformación digital incluyentes que garanticen el acceso de las mujeres a las tecnologías, potencien sus habilidades y reviertan las barreras socioeconómicas que estas enfrentan, de manera de fortalecer su autonomía económica”, subrayó Alicia Bárcena. Resaltó el reducido esfuerzo fiscal del 1 por ciento del PBI regional que conlleva la propuesta de canasta básica digital de la Cepal (que incluiría una conexión básica y un dispositivo para 40 millones de hogares no conectados a Internet). El organismo calcula que podría impactar positivamente en una de cada cuatro mujeres del continente latinoamericano.

Por otro lado, aseguró que América Latina y el Caribe debe invertir en la economía del cuidado y reconocerla como un sector dinamizador de la recuperación, con efectos multiplicadores en el bienestar, la redistribución de tiempo e ingresos, la participación laboral, el crecimiento y la recaudación tributaria.

Además, destacó la importancia de “avanzar en un nuevo pacto fiscal que promueva la igualdad de género y que evite la profundización de los niveles de pobreza de las mujeres, la sobrecarga de trabajo no remunerado y la reducción del financiamiento de políticas de igualdad”.