A tres años del femicidio no íntimo de la docente santafesina Vanesa Castillo, su familia y organizaciones civiles insisten con que Fiscalía avance en la investigación de la autoría intelectual del crimen y, al mismo tiempo, promueven la Ley Vanesa. "La impunidad no es una opción a la que nos sometemos sin luchar. La justicia a medias no es justicia: el sicario fue condenado, el instigador sigue el libertad", expresaron sobre el caso por el que el año pasado fue sentenciado Juan Ramón Cano, como autor material, a la pena de prisión perpetua. Poco antes del hecho, Vanesa había acompañado a una alumna embarazada en una denuncia de abuso sexual. Por eso, también trabajan en la ley que llevará su nombre y que pretende garantizar la protección de víctimas y personal del Estado que denuncie acoso y abuso de niñes y adolescentes. La movida de hoy, ante un nuevo aniversario, será en las redes sociales para visibilizar las dos consignas. 

"Queremos reafirmar el reclamo de justicia y que el Ministerio Público de la Acusación abra una nueva investigación para determinar quién es el instigador del crimen de Vanesa", reclamó Silvia Castillo, hermana de la maestra que fue apuñalada en febrero de 2018, cuando salía de la escuela donde dictaba clases en el barrio costero de Alto Verde, en la ciudad de Santa Fe. En la causa solo fue condenado el autor material, quien expresó en la audiencia previa al juicio que le habían mandado a "sicariar" a la maestra. Desde entonces, la familia reclama que "hay que investigar" en ese sentido. "No se puede ignorar", dijo Silvia, quien adelantó que espera fecha para ser atendida por el fiscal general Jorge Baclini.

Al mismo tiempo, la familia de Vanesa y las organizaciones que acompañan su lucha impulsan una ley que proteja a agentes estatales que denuncian hechos de violencia hacia la niñez. "Lo que me fue pasando en los primeros meses por la investigación del crimen de Vanesa fue lo que me motivó a salir a proponer este proyecto. Recuerdo que le pregunté a la primera fiscal que intervino por qué Vanesa no entró en un programa de protección a testigos y me dijo que no tenían obligación de ofrecer la reserva de identidad, sino que eso se puede pedir. La respuesta me hizo ruido y comprendí que los funcionarios de la justicia se apegan a la letra escrita de la ley, entonces hay que escribir en el articulado cuáles tendrían que ser las medidas de protección necesarias para sentirse resguardados y protegidos cuando están obligados a acompañar estas denuncias", dijo.

Por estas dos cuestiones, el viernes pasado se realizó una asamblea virtual en la que se apuntó a darle impulso al trabajo que se viene haciendo en el marco de la iniciativa por la ley Vanesa. "La disputada Agustina Donnet que es miembro de la comisión que trabaja en el proyecto estuvo en la reunión para explicar que se comenzó a trabajar en 2020 en una iniciativa importante que abarca tanto la protección de los derechos de la niñez y adolescencia y contra la vulneración de sus derechos, como la protección de los agentes del estado que están obligados a poner en conocimiento este tipo de vulneraciones. Hay muchos actores y hay que coordinar por eso es importante hacer un estudio sobre el tema y sobre la intervención de cada una de las instituciones", dijo Castillo sobre el texto que está trabajando la comisión redactora del proyecto.

Lorena Almirón, secretaria general de ATE Rosario, es una de las que acompaña el proyecto y destacó que son muchas las organizaciones que están con la iniciativa. "Venimos articulando hace mucho tiempo. Estamos haciendo aportes y queremos avanzar hacia esta ley, que se tengan en cuenta los derechos de les niñes y de trabajadores y trabajadoras", expresó. También apuntó a que se avance en la investigación judicial.