¿Qué le dejó a la Argentina la década menemista en materia educativa?

La primera idea que se nos presenta es la de un gobierno anti educación pública.

Ello es una verdad a medias.

Efectivamente entre 1989 y 1991 Menem se rodeó de un equipo que había acompañado a Frondizi treinta años antes, el que impulsó en tiempos de la “laica o libre” el funcionamiento de universidades privadas, las que estaban prohibidas hasta ese momento.

Ese equipo completó la transferencia de escuelas secundarias e institutos terciarios a las 24 provincias (las otras transferencias habían ocurrido durante el gobierno de Frondizi y las dictaduras de 1966 y 1976), con lo que el Ministerio de Educación nacional se quedó “sin escuelas”.

Respecto a las universidades nacionales fueron años conflictivos, no solamente por el escaso presupuesto sino también por la pretensión de recortar la autonomía universitaria a partir del llamado decreto 1111, por el que el Ministerio se constituía como tribunal de alzada frente a las decisiones de las universidades.

La recomendaciones del subsecretario Enrique Bulit Goñi de que las universidades debían arancelar y limitar el ingreso por propia voluntad, porque si no sería el mismo gobierno el que lo haría, calentaron aún más el horno.

Fuimos miles los estudiantes que marchamos coreando “El arancel / van a pagar / Salonia, Menem y Al Kassar”.

Finalmente este equipo fue reemplazado por otro más moderno, que con la colaboración de intelectuales prestigiosos con pasado de izquierda impulsó transformaciones importantes.

El “Ministerio sin escuelas” fijó políticas recentralizadas, como el establecimiento de contenidos básicos comunes, el plan social educativo o los operativos nacionales de evaluación de la calidad educativa.

La democratización de la educación media y superior siguió avanzando: en 1991 el 57% de lxs chicxs de 15 a 17 años asistía a la escuela, en 2001 lo hacía el 77% de esa franja etárea.

Ya en 1991 el Poder Ejecutivo envió al Congreso un Proyecto de Ley Federal de Educación que incluía la posibilidad de municipalizar las escuelas y de arancelar la educación no obligatoria, a partir de los 15 años de edad.

La Ley 24.195 Federal de Educación finalmente aprobada en 1993 (sólo con los votos del oficialismo) excluyó ambos retrocesos y extendió la obligatoriedad de 7 a 10 años (el ultimo año de la educación inicial, los 7 grados de la educación primaria y los 2 primeros de la educación secundaria, reagrupados ahora en una Educación General Básica de 3 ciclos). Al último tramo de la educación media se lo denominó Educación Polimodal.

Las escuelas técnicas cayeron víctimas de la desarticulación.

El desmembramiento de las escuelas medias, combinado con la transferencia previa, el aumento de la matrícula y el desfinanciamiento produjeron un cóctel crítico: cada provincia interpretó de modo distinto la nueva estructura y dos de ellas (Neuquén y CABA) directamente conservaron la estructura anterior, la que volvió en 2006 con la Ley 26.206 de Educación Nacional.

Además las provincias empezaron a tener dificultades para pagar los ya alicaídos salarios docentes, lo que desembocó en la demanda al Estado nacional de hacerse responsable del financiamiento educativo y en la instalación de la Carpa Blanca frente al Congreso, en la que durante más de 1000 días ayunaron grupos sucesivos de docentes de todo el país.

Respecto a las universidades, la reforma constitucional de 1994 estableció su autonomía y autarquía. Ese mismo año el Ministerio presentaba su primer Serie Estadística denunciando que por cada 5 estudiantes que ingresan, solo uno se recibía.

En 1995 la Ley 24.521 de Educación Superior habilitó el arancel a criterio de cada universidad (fueron muy pocas las que lo implementaron) y creó la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) para las profesiones reguladas por el Estado, entre otras disposiciones.

Estudiantes y docentes marchamos contra esta Ley, que resultó votada también solo por el oficialismo, en claro contraste con las leyes educativas del siglo XXI, votadas por oficialismo y oposición.

La CONEAU dejó de ser vista como una amenaza recién en 2002, cuando asumió como secretario de Políticas Universitarias Juan Carlos Pugliese, que continuaría en el gobierno del presidente Néstor Kirchner.

Durante la década menemista se fundaron 9 universidades nacionales: La Matanza, Quilmes, San Martín, General Sarmiento, La Rioja, Patagonia austral, Lanús, Tres de Febrero y Villa María.

En mayo de 1999 el ministro de economía Roque Fernández anuncia una poda de 100 millones de dólares en el presupuesto universitario. A la UBA se le podan 16 millones. El rector Shuberoff anuncia que de concretarse se cerrará la universidad en octubre. Hasta la ministra de educación Susana Decibe se opone al recorte, que finalmente da marcha atrás.

La Carpa Blanca es levantada el 30 de diciembre de 1999, pero el “cese de hostilidades” entre gobierno y sindicatos docentes llegaría recién en 2002 y se extendería hasta 2015, donde varios argumentos menemistas volvieron a la palabra oficial, entre ellos la baja tasa de graduación, el gasto ineficiente, y la excesiva politización de docentes y estudiantes. 

* Doctor en Ciencias de la Educación UNLP.