El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) denunció que el empresario Mario Narváez volvió "a atacar a las familias de El Puestito", paraje del departamento San Martín, a unos 60 kilómetros de la capital provincial santiagueña.
El Mocase Histórico denunció asimismo que el empresario, que es oriundo de la ciudad de Fernández, "construye canales clandestinos y pretende usurpar parte del territorio de la Comunidad El Puestito".
El comunicador popular del Mocase Histórico, Roger Almaraz, dijo a Salta/12 que desde hace más de diez años Narváez tiene "a maltraer" a estas familias campesinas que por generaciones se dedican a la agricultura y la cría de animales en ese lugar. Encima, la policía de la localidad de Brea Pozo se niega a recibirles las denuncias.
"Hace varios años que viene perjudicando a varias familias del lugar, primero; construyendo canales clandestinos, sin autorización de Recursos Hídricos de la Provincia, para poder regar sus sembradíos", sostuvo el Mocase en un comunicado en el que añadió que "ante este desastre social y ambiental la comunidad denunció ante diferentes organismos del Estado" y se lo pudo frenar en primera instancia, "pero igual, después de un tiempo volvió a arremeter construyendo un segundo canal, rompiendo cercos de las familias sin respetar nada".
"Nosotros somos nacidos y criados ahí", enfatizó Ariel Godoy, campesino y uno de los referentes de la oposición al avance sobre el territorio comunitario, cuando Salta/12 lo consultó sobre las presiones que enfrentan. Añadió que un habitante de ese territorio firmó una cesión de derechos por 528 hectáreas a favor de Narváez. Sin embargo, explicó que las familias ocupantes nunca tuvieron el título de propiedad de estas tierras, sino que en determinado momento estaban a nombre de una empresa de Buenos Aires que se declaró en quiebra y luego Narváez apareció como supuesto dueño de una parte de ese territorio.
Igual que Almaraz, Godoy destacó que el empresario avanzó en el territorio mediante engaños y generando divisiones entre las familias, "se pelean entre vecinos" y "él sale ganando, porque él te está mirando sentado mientras los otros se pelean". E igual que el comunicador y el Mocase mismo, subrayó que se trata de una persona temeraria a la que "no le importa nada". Para graficar, contó que "ha sacado un canal clandestino del río (Dulce) con el río crecido largaba el agua, imagínese, eso es no importarle nada, porque no iba a poder atajar el agua así".
El Mocase relató en su comunicado que luego de que Narváez hiciera el segundo canal "Se lo volvió a denunciar" y el área de Recursos Hídricos de la provincia no autorizó la realización de esta obra, "pero como es prepotente y trabaja con el apoyo logístico de la policía de Brea Pozo, hizo caso omiso y avanzó con la obra".
La denuncia pública de estos días es porque comenzó a extraer el agua del río Dulce con una bomba para regar y "por los antecedentes que trajo el primer canal", cuando se produjeron inundaciones que provocaron grandes perjuicios, "las familias temen que se vuelvan a inundar y además produzcan otras consecuencias como la mortandad de animales que crían".
Picadas de delimitación
Por otro lado, el Mocase advirtió que el empresario "comenzó a delimitar parte del territorio, con picadas, contratando a obreros", lo que provocó la indignación de las familias campesinas "por semejante atropello", con el agravante de que cada vez que quieren denunciar este avance "la policía se niega a tomar las denuncias, pero cuando los compañeros y compañeras hacen acciones de resistencia, inmediatamente, la Policía de Brea Pozo acude para disuadir a los compañeros/as trabajando en favor del usurpador".
La organización campesina denunció "la ilegalidad" con que actúa el empresario y el "incumplimiento de sus deberes de funcionarios públicos" en que incurren los policías, "siempre negándose a recepcionar las denuncias de las familias". Asimismo, recordó que años atrás Narváez fue denunciado por la matanza de animales con arma de fuego.
Las familias piden que "Mario Narváez se vaya del lugar"; a la policía, "que actúe como corresponde, siendo colaboradores de la justicia y no haciendo el rol de jueces, y a Recursos Hídricos de la Provincia, que actúe en forma inmediata y revea la situación que la conoce muy bien". El Mocase exhigió que "se haga justicia para las familias que hace más de diez años han perdido la paz social".
En Santiago del Estero existe un Comité de Emergencia por los Conflictos de Tierra, "una herramienta política que se generó en común acuerdo entre las organizaciones campesinas nucleadas en el Mocase y el gobierno de la provincia en 2008" y que se aprobó por la ley provincial 7050. Almaraz contó que este Comité intervino años atrás en este conflicto y logró detener por un tiempo el avance del empresario.
La ley 7050 también creó el Registro de Poseedores, que, como su nombre lo indica, registra las posesiones de las familias campesinas, sus casas, sus cercos y toda su zona de pastoreo, que generalmente es el territorio comunitario compartido. "Más allá de que cada familia tenga su propio cerco, su pequeño alambrado para sembrar, también tiene su propio territorio común para la cría, donde se comparten las represas comunitarias, esa es la forma de vida campesina”, explicó Almaraz.
El Mocase hizo un relevamiento socio ambiental de las familias de El Puestito, “porque ambientalmente (la acción del empresario) ha hecho mucho daño, porque ese canal también ha cortado caminos vecinales, el paso de los animales al río, ahí también se ha producido mortandad de animales".
