“Uno de cada cinco femicidios en nuestro país son cometidos por un miembro de las fuerzas”, asegura la abogada militante María del Carmen Verdú, titular de Correpi, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional autogestiva que desde 1992 lucha contra los casos de gatillo fácil y “las políticas represivas del Estado”. Y se niega a completar la frase con la palabra “seguridad”, tal vez porque la voz de Úrsula Bahillo en los audios que se dieron a conocer, los gritos desesperados de sus amigas que resistieron las balas y la represión de las protestas del día después de su femicidio siguen resonando todavía demasiado frescos y cercanos; no como hechos aislados, sino como otra aterradora evidencia más del accionar extremadamente violento que estas fuerzas “de seguridad” tienen sobre los cuerpos de las mujeres, lesbianas, travestis y trans.

“Lo que ocurre con los femicidios es que a la ya tan bien conocida violencia estatal se le suma la violencia machista y patriarcal, entonces todo se potencia”, afirma también Verdú cuando reflexiona sobre todo ese sistema estatal -político, judicial y policial- que sigue resistiéndose a cambiar, mientras agrega que lo que realmente se modificó en estos últimos veinte años gracias a las enormes movilizaciones de Ni Una Menos y la imparable marea verde fueron las mujeres, porque ahora “ya no nos callamos más”.

¿Cuál es el registro de Correpi de los femicidios cometidos por las fuerzas de seguridad hasta hoy?

-De 674 mujeres asesinadas por las fuerzas de seguridad que tenemos registradas en Correpi desde 1996 hasta hoy, 393 fueron femicidios. Es decir que más de la mitad de los homicidios cometidos por las fuerzas contra las mujeres sucedieron en situaciones de violencia machista y patriarcal. Cruzando esos datos con los registros generales de organizaciones feministas podemos afirmar que uno de cada cinco femicidios ocurridos en nuestro país hasta fines de 2020 fueron cometidos por el aparato represivo estatal.

Según datos de Correpi también, el 90 por ciento de los femicidios son ejecutados con el arma reglamentaria y fuera del horario laboral. ¿Por qué los policías están autorizados a llevarse las armas a sus casas?

-Eso es algo central que venimos discutiendo hace treinta años y que no incluye sólo a los femicidios. Si tomamos el total de casos de gatillo fácil, más de la mitad no suceden con el funcionario de servicio. Sólo con prohibir que las fuerzas se lleven el arma a sus casas, los fusilamientos bajarían a la mitad. Para todas las fuerzas de seguridad de Argentina existe una condición del servicio llamada “estado policial”, que está consagrada en todas las leyes orgánicas de esas fuerzas. Aunque estén de franco, deben estar disponibles 24/7, con su chapa y su arma. De hecho, si no lo hacen incluso pueden ser sancionados. En pocos casos es optativa la portación del arma fuera del servicio, pero se sienten “desnudos” si no la llevan. Cuando asumió (la ministra de Seguridad) Sabina Frederic, le planteamos este tema, entre otros de nuestra Agenda Antirrepresiva Urgente. Poco después ella modificó la ley orgánica de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que es la fuerza menos numerosa y que menos incidencia tiene, prohibiendo el uso de la reglamentaria fuera del servicio, y el resultado fue que en todo 2020 esa fuerza no cometió un sólo caso de gatillo fácil, cuando el promedio venía siendo de 2 a 3 casos en años anteriores.

¿Cuál fue el argumento para no aplicar la medida en las demás áreas de las fuerzas?

-Nos decía que lo veía difícil porque habría que eliminar el estado policial, y esa condición del servicio es como una reivindicación permanente de las propias fuerzas. Pero las fuerzas no se autorregulan solas, es ella quien debe gobernarlas, y esto es un tema urgente no sólo para los femicidios sino también para todos los casos de gatillo fácil. Pero particularmente en los femicidios, a esa violencia estatal se le suma también la violencia machista y patriarcal, entonces todo se potencia, porque el tipo potencialmente femicida, el macho violento, si encima tiene uniforme es doblemente violento. Y el policía violento, cuando además tiene una situación en la que ejerce violencia, es muchísimo peor. Yo siempre digo, para el espanto de los tribunales orales, que los policías actúan con el arma reglamentaria como si fuera su segunda pija, es como la relación fálica que tienen tantos varones con los autos. Y ojo porque también pasa con las mujeres policías, en los últimos años hubo un crecimiento de esos casos. Por eso reclutar más mujeres en la fuerza no sería una solución, porque si se siguen formando e insertando en un sistema machista y patriarcal, el resultado va a ser siempre el mismo.

¿Por qué hay tantos policías femicidas que tienen carpeta psiquiátrica y se los considera enfermos y no delincuentes?

-Ese es un viejo recurso en todas las fuerzas de seguridad para proteger al violento y para protegerse entre ellos, y no es algo que ocurre solamente con los casos de violencia de género: si alguien hace una denuncia porque un policía lo amenazó, mandan lo mandan a una psicóloga y le dan licencia con carpeta psiquiátrica. Con respecto a los femicidios, no es que niegue la utilidad de la intervención de personal capacitado, pero evidentemente no parecen ser profesionales que se preocupen mucho, porque justamente los crímenes ocurren cuando los agresores ya están con carpeta médica. El seguimiento que se hace no es efectivo, sino que se usa como una forma de correrlos a un costado.

¿Y tener una carpeta psiquiátrica los vuelve inimputables?

-No, la inimputabilidad tiene una definición médica-legal muy precisa, porque no cualquiera con un cuadro psiquiátrico es inimputable, sino sólo aquella persona que no tuvo intención, discernimiento ni voluntad en el momento de realizar el hecho, quien no comprende la criminalidad de sus actos ni puede dirigir sus propias acciones. La persona que lavó la sangre, escondió el arma y llamó a alguien para contarle lo que hizo no es inimputable porque entiende lo que está haciendo. De todas maneras la declaración de inimputabilidad no es ninguna ventaja, porque salvo que se trate de ricos y famosos que logren ir a una clínica privada, esas personas terminan internadas en Melchor Romero o en Opendoor con condiciones muchas veces peores a las unidades penales comunes.

¿Te parece que implementar la Ley Micaela o la ESI en la formación de la Policía puede hacer que los femicidios se reduzcan?

-Como único elemento no creo que sume demasiado. En muchos casos los programas de formación de las fuerzas contienen más convenios de Derechos Humanos que los que lee un estudiante de abogacía. Hermes Binner llevó a Adolfo Pérez Esquivel a dar cursos de Derechos Humanos a la Policía santafesina, pero sin embargo hoy Santa Fe tiene el récord de represión en relación a la cantidad de habitantes. Si mejorar la formación de la Policía realmente sirviera, en estos últimos veinte años algo hubiera cambiado, pero estamos cada vez peor.

¿Y cuáles son las causas para vos?

-Yo creo que se debe a que el patriarcado como organización social y paradigma cultural, igual que el capitalismo como sistema de organización político, económico y social, son los que rigen el ordenamiento de la sociedad en la que vivimos. Y el Estado es el órgano administrador de ese sistema, su principal función es sostener la gobernabilidad de eso y el status quo. Pretender que desde ese mismo Estado donde se generan las condiciones para que esto suceda vengan las soluciones, es cuanto menos ingenuo. Lo que no quita que no se puedan tomar medidas concretas que mejoren la situación. Los femicidios o el gatillo fácil no se van a resolver sacando el arma reglamentaria fuera de servicio, pero se pueden reducir sensiblemente. Hay muchas cosas para hacer y desde luego que es mejor hacer la capacitación de la Ley Micaela que no hacerla, enseñar ESI que no hacerlo, pero lo que no hay que hacer es pensar que sólo con eso las cosas van a cambiar. Hay que encarar políticas integrales reales a la vez que laburamos para cambiar la cabeza.

Con respecto al hecho de que las denuncias de género se sigan haciendo en las comisarías, ¿te parece que hay alguna manera de desarmar eso?

-Es fundamental. Habría que abrir oficinas que estén atendidas por personal civil capacitado, psicólogxs, trabajadorxs sociales, abogadxs. En realidad nunca es necesario hacer una denuncia en la comisaría, ni siquiera el robo de un celular o un accidente de tránsito con lesiones. Hay que ir siempre a la fiscalía, porque se gana mucho en tiempo, se evita el paso previo de que la comisaría evalúe si lo manda o no a la fiscalía. Además de que las llamadas “Comisarías de la mujer”, por ejemplo, son las mismas que las otras pero con el agregado del cartelito. Una vez adentro, la policía actúa con la lógica machista de siempre.

¿Por qué nadie controla a la policía? ¿El Poder Judicial no debería ocuparse de eso?

-Debería ocuparse pero no lo hace porque todo es parte del mismo Estado: así como el rol de las fuerzas de seguridad es imponer el control y el disciplinamiento social, el rol del aparato judicial es garantizar la impunidad de sus ejecutores. Recién cuando no queda más remedio, porque están hasta las orejas de pruebas y tienen una querella que les rompe soberanamente la paciencia y les pone el tema en primera plana, sacan la condena más liviana posible. En nuestro país tenemos gente muerta a palos en una comisaría y lxs jueces han llegado a decir “se puso en situación de ser golpeado porque insultó al policía”. O fallos que dicen que personas que la policía ha apaleado brutalmente en la vía pública no sufrieron tortura seguida de muerte porque “la tortura se comete clandestinamente”.

¿Qué pensás sobre el proyecto de ley para imponer penas más altas a los que violan las medidas de restricción por violencia de género?

-Creo que primero habría que garantizar que las medidas de restricción se cumplan. Las llamadas “perimetrales” muchas veces no tienen ningún efecto. A un tipo que está constantemente hostigando a una mujer le llega una notificación que dice que no puede acercarse, pero el juez que lo ordenó se entera de la violación cuando el agresor ya cometió el crimen, como pasó con Úrsula. En estos perfiles de machos violentos, muchas veces la mera notificación funciona como motor para hacerlos estallar. En cuanto a subir las penas, es un hecho que no tiene un efecto disuasivo, más bien los hace pensar mejor en cómo arreglárselas para que no los agarren. El Estado debería garantizar partidas presupuestarias suficientes para dar una respuesta efectiva y poder aislar a ese violento de la mujer o de la familia, y también ocuparse de que la mujer pueda estar en un lugar seguro. No digo que sea la solución, pero al menos es asegurarse que no la mate, porque el agresor conoce de memoria la rutina de la víctima. Y esto porque analizamos los casos más extremos, pero si pensamos en la enorme mayoría de los casos cotidianos, el problema generalmente es que la mujer no puede lograr que el tipo se vaya ni tampoco puede irse ella porque no tiene plata.

¿Quién persigue a los agresores si la policía no lo hace? ¿Te parece que tendría algún sentido poner fuerzas especiales para eso?

-Yo no quisiera ponerle más gorra a la gente, pero sí creo que tiene que haber un sistema de garantía y protección de las mujeres que no puede estar en manos de las fuerzas. Porque si bien esa lógica patriarcal es transversal a todas las instituciones y a todos los estamentos sociales, si por lo menos se la saca del ámbito de las fuerzas de seguridad, va a existir una chance mayor de un proceso de humanización con una respuesta que cubra el pedido de auxilio de la víctima. Creo que habría que poder dar una respuesta al pedido de ayuda concreto de la mujer concreta que lo necesite, y no estar vigilando a cada hombre violento que se separa de cada mujer.

¿Y quién pensás que tendría que ocuparse de eso?

-El Poder Judicial tiene un rol importante en eso, pero en la práctica vemos que ante la denuncia, si no hay una querella insistiendo mucho, tanto por inercia burocrática, por desidia, por posicionamientos de los funcionarios y por lógica del propio sistema, la impunidad es la regla. El rol de la policía en todo esto es ser auxiliar del Poder Judicial para ir a agarrar el tipo de las pestañas y meterlo preso, pero para ordenar eso el juez necesita que previamente haya cometido un hecho. En general en todos estos casos hay un pedido concreto de auxilio que no tuvo respuesta por parte del Poder Judicial ni de ningún otro estamento estatal, es algo sistemático. Lo que realmente se modificó en los últimos veinte años en Argentina, en principio por las enormes movilizaciones de Ni Una Menos y después por todo el crecimiento y dinamismo del movimiento feminista que desembocó en la Marea Verde, es que las mujeres ya no nos callamos más.

¿Qué pensás sobre los códigos contravencionales que se aplican para hostigar y criminalizar a cualquier persona y a la vez funcionan como “caja chica” de la policía?

-Los códigos contravencionales, junto al resto del sistema de detenciones arbitrarias, son el primer punto de la Agenda Antirrepresiva Urgente que impulsa nuestra organización. Las contravenciones criminalizan conductas que no son delitos, y se dirigen directamente a disciplinar a las personas forzadas a subsistir con estrategias de supervivencia en la vía pública. No se trata de derogar un par de artículos, sino de cuestionar todo el sistema cuya lógica precisamente es establecer un formidable sistema de control para esos sectores más vulnerabilizados, además de representar esa “caja” impresionante de ingresos para la policía. Cualquiera que vende en forma ambulante, hace arte callejero, limpia un vidrio o abre la puerta de un taxi sabe que, o tiene que rajar cuando viene la policía, o se tiene que poner con la cuota semanal a la brigada.

Con el caso de Marian Gómez también aplicaron esos códigos, o sea que además los utilizan para disciplinar a mujeres lesbianas o a personas que no aceptan la heterosexualidad como única opción para sus vidas.

-Claro, con respecto a Marian Gómez, precisamente todo lo que tiene que ver con lo no ortodoxo y está fuera del binarismo básico, es carne de persecución y hostigamiento. Cualquier persona que tenga alguna característica que la incluya dentro de los sectores más vulnerables y más estigmatizados la va a pasar peor que alguien que no es así. A la gente blanca la policía la trata bien, pero a la doña de chancleta que entra a la comisaría con el batón, angustiadísima porque le detuvieron al pibe, la van a menospreciar muchísimo. En las fiscalías de los juzgados, sobre todo en los barrios populares, hay dos ventanillas, una para profesionales y otra para el resto del mundo. Es así de clasista el asunto. Y como la gente con menos recursos le tiene miedo a esos empleados porque son del juzgado, no se animan a repreguntar y se van como llegaron, pero con bastante más angustia. Y si además de negro y pobre sos puto, travesti, transexual, trava, torta o lo que fuere, es muchísimo peor. En el caso de Marian, probablemente las cosas hubieran sido distintas si se hubiese tratado de una pareja heterosexual. La policía se hubiera acercado para pedirles que por favor apaguen el cigarrillo y ahí mismo se terminaba el problema.