El femicidio de Úrsula Bahillo hizo estallar la impunidad. Los pedidos de ayuda por violencias de género ya no pueden encontrar puertas cerradas y oídos sordos. La adolescente había recurrido 18 veces a oficinas públicas, pero ningún mecanismo estatal funcionó y Matías Martínez la asesinó. Que el Estado tiene la obligación de responder es algo que dicen las leyes, que reclaman las organizaciones y desvela –o debería desvelar-- a funcionarias de los distintos poderes. Todo se revela insuficiente tras un femicidio tan evitable. 

Aunque se sienta insoportable uno solo más, después de Úrsula hubo otros: Florencia Figueroa (murió el 8 de febrero, tras una agonía de diez días), Vanesa Carreño, Rosita Patagua, Mirna Palma, Silvia Rojas y Silvina Rojas, hasta el martes 16, según el conteo del Observatorio Lucía Pérez. La urgencia de medidas concretas y el reclamo de un cambio estructural no pueden oponerse: “Es impensable cualquier posibilidad de transformar las condiciones estructurales con los niveles de impunidad que hay hoy. No se puede eludir la respuesta judicial eficaz con el argumento de que el cambio debe ser estructural. Las dos cosas deben ocurrir”, dice claramente Ileana Arduino, abogada especializada en violencia de género, directora del área de Feminismos y Justicia Penal del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Desde la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta considera: “En el sistema de justicia tenemos algo que hacer, sobre todo terminar con la impunidad, quitar ese mensaje que se está dando de que no pasa nada, que cuando la violencia se despliega, cuando los femicidios ocurren, no hay ninguna respuesta. Primero hacer más eficiente el sistema de justicia para investigar y sancionar más eficientemente”. Lo dice después de ponderar la existencia de un Ministerio de Mujeres, Igualdad y Género para trazar políticas integrales.

“Si no vuelvo, rompan todo”, el mensaje de Úrsula fue claro. Ese legado se vio el miércoles en cientos de plazas del país, en miles de pancartas hechas a mano por quienes vienen reclamando, en la calle, que el estado cumpla con su deber. Un punto de inflexión, un Basta Ya. ¿Basta de qué? De femicidios por supuesto y antes, de denunciantes revictimizadas, que deben recorrer juzgados de familia y penales, pagar el colectivo, ir con sus hijes o encontrar quien les cuide. Que deben relatar una y otra vez las violencias sufridas, muchas veces bajo la sospecha de la exageración, de la venganza, del “no será para tanto”. Que llevan ellas mismas las prohibiciones de acercamiento, que a veces no tienen carga del celular --si es que les dieron un botón antipánico-- para activarlo, que viven el miedo todos los días.

Si no hay cambios rotundos y profundos, los femicidios, transfemicidios y otros crímenes aun invisibles seguirán ocurriendo. “Hay un enfoque sobre las políticas de abordaje de la violencia de género que tiene que ver con buscar soluciones mágicas o con voluntarismo, que es la misma lógica de la demagogia punitiva, esto es, limitar la responsabilidad al autor individual, y proponer aumento de penas para ese autor”, plantea Luciana Sánchez, abogada penalista, lesbiana, de larga trayectoria, querellante en la causa por el travesticidio de Diana Sacayán y litigante siempre en defensa de personas LGTBI, una estudiosa de la selectividad del sistema penal. El mismo miércoles twiteó lo siguiente: “Tengo una clienta trans a la que intentaron matar tantas veces de tantas formas, que le es difícil distinguir cuándo fue una y otra. Ahora la UFI le notifica el archivo de otra de esas veces, cuando le pasaron por arriba con un auto en camino de cintura. Nadie la recibe, está presa”.

De la experiencia de acompañar a todas esas personas que no son escuchadas nunca, Sánchez plantea: “No se tiene en cuenta que el acceso a la justicia y a los recursos estatales también está fuertemente condicionado por el racismo, y la violencia institucional, que operan en conjunto con las violencias de género y por prejuicio. Esto transforma el acceso al acompañamiento estatal y a poder contar con una intervención judicial, en un privilegio para muy pocas”.

Malas prácticas, pocos recursos

Una muerte como la de Úrsula acelera el reclamo punitivo, y entonces aparecen las propuestas de mayores penas, de mayor celeridad en la detención. Y claro que se debe detener cuando, como en el caso de Martínez, había denuncias previas. No haber acumulado las causas es, para Labozzetta, una “mala práctica”. “Es algo que suele pasar y que sí es una mala práctica de atomizar los casos, que cuando una persona va a hacer una denuncia, no se chequee previamente. Debería ser la medida inicial, una vez más, conociendo que la violencia doméstica opera de esta manera, o que los casos de abuso sexual, que puede haber casos anteriores con otras víctimas o con la misma víctima que no se certifica, que no se chequea, y esto es una práctica ineficiente en la tramitación de los casos, ni siquiera tiene que ver con tener una perspectiva de género”, dice la funcionaria judicial.

Desde adentro de un sistema judicial provincial, el de Santa Fe, la fiscal de la Unidad especializada en violencia de género Luciana Vallarella reclama voluntad política. “Es importante que el poder judicial actúe desde los primeros momentos en que nos llega la información de los hechos violentos (que ya sabemos que nunca es el primer hecho). En esos momentos, incluso, las herramientas que se pueden utilizar son mucho más flexibles y variadas y en esto hay que ser creativos y trabajar mucho con las denunciantes para pensar alternativas que se ajusten a ese caso concreto y puedan, tal vez, ordenar, poner límite; y esto no sólo desde el sistema penal, aquí los tribunales de familia tienen mucho por hacer. Pero para esto se necesitan muchos más recursos que aquellos con los que se cuenta actualmente. Quienes deciden la asignación de recursos deben tomarse esto en serio, conocer por qué esta atención temprana es fundamental”, plantea la funcionaria, quien recuerda que “los casos de violencia de género son sumamente complejos, se intersectan diversas formas de vulnerabilidades y de opresión. Se necesita trabajar multidisciplinariamente, articuladamente con otras dependencias y atender cuestiones que no siempre son penales y muchas veces serán económicas, de vivienda, de violencia ya no sólo de género (balaceras, usurpaciones). Cada caso presenta una alta complejidad y para atenderlos hacen falta más recursos”.

Crear y mantener

Los recursos disponibles son el meollo de todo el asunto. En distintas dimensiones. Justamente, ante una pregunta sobre la posibilidad de crear un fuero específico para la violencia machista, Arduino fue muy concreta al plantear que se trata de dotar de recursos a los mecanismos hoy existentes, antes de crear otros. “Es como poner la carreta delante de los caballos. No es por ahí la discusión”, sostiene y apunta: “Un sistema de justicia que no es capaz de atender a las víctimas de estos hechos tan primarios, tan elementales, tan vinculados a las condiciones básicas de convivencia social y tan urgentes en términos de su capacidad de interpelar los niveles de desigualdad con los que nuestras comunidades viven, cómo atienden al resto de las víctimas. En principio, una atención eficaz en estos casos debiera ser un mínimo exigible al conjunto del sistema de justicia”.

Antes que crear nuevas estructuras, apunta a dotar de recursos a las que hoy existen. “Son caminos costosos presupuestariamente, que arrancan con ímpetu de inversión y de puesta en escena en momentos álgidos, pero luego no son sostenidos. Por ejemplo, si uno ve la comisaría de la mujer, ¿Cuáles son los problemas que plantean? Son problemas de recursos humanos, de disponibilidad de espacio, de capacidades técnicas. Entonces, ¿es la forma responder con la creación de nuevas oficinas especializadas? Habría que preguntarse eso alguna vez en serio, en términos de su viabilidad y sustentabilidad".

Medir los riesgos

No se trata sólo de recibir una denuncia, la justicia debe acompañar un camino de reparación. Al menos, eso dicen leyes, tratados, convenciones. “El primer punto es discutir los dispositivos para que sean orientados a una escucha que ponga en primer plano gestionar el conflicto. No a un trámite burocrático, a un expediente, los procesos escritos, altamente ritualizados, con demoras excesivas en la atención, que conspiran contra la posibilidad de comprender el sentido de la intervención y sobre todo identificar cuáles son las mejores medidas para tomar en esos casos”, considera Arduino, quien apunta que para evitar las escaladas de violencia hacia la denunciante es preciso trabajar con “sistemas que registren riesgos, sobre todo distingan riesgo letal, que son circunstancias específicas que no están necesariamente presentes en todos los casos de violencia. Eso no significa desatender otras formas de violencia, sino precisamente considerar la especificidad del riesgo letal, que por supuesto no es algo que se prediga de maneras automáticas pero sí hay informaciones o indicadores que en experiencias comparadas muestran, o al menos señalan, caminos de intervención específica para maximizar las posibilidades de evitación”. La especialista es categórica: “En Argentina no se trabaja con identificación de riesgo letal y eso es algo que las veces que hemos sido consultadas hemos considerado prioritario para la intervención”.

Lo que dejó al descubierto el femicidio de Úrsula es que pasan cosas que “no deberían pasar más”. “Cuando hay una intervención concreta en un caso de violencia de género y están los dispositivos disponibles para intervenir en un caso, no puede pasar que se descrea de las palabras de las víctimas. Ya conocemos que el fenómeno de violencia hacia las mujeres opera de determinada manera. Sabemos que tiene algunas particularidades que no tienen otros delitos, de la posibilidad de que el riesgo se incremente, cuando una mujer denunció una vez, dos veces, tres veces, puede ser que la tercera denuncia tenga que ver con hechos más graves, o que termine en un caso de femicidio. Esto ya lo estamos conociendo. Ya deberíamos conocerlo no solamente las unidades especiales, sino todos los fiscales, todos los jueces, todos los operadores deberían conocer que esto funciona así y que hay un riesgo latente”, subraya Labozzetta.

Violencias y más violencias

La cárcel al agresor parece la única respuesta posible. Ahí enfoca sus críticas Sánchez. “La falta de un abordaje que no sea de impunidad selectiva sobre las violencias de género y por prejuicio, implican la perdida de oportunidades para quienes denuncian, empobrece a la propia comunidad, lo termina manteniendo en la cárcel ella o su familia, no hay ningún mecanismo estatal en este sentido, todo lo contrario. Esto aumenta con el deficiente abordaje de la prisión domiciliaria, y con un enfoque romantizador de la prisión como única respuesta efectiva, que además debe ser permanente, cuando este no es el objetivo de la prisión. Las licencias por violencia, el empoderamiento económico, son mecanismos imprescindibles pero no suficientes, para compensar el daño social de la violencia y de la prisión sobre la comunidad”, plantea la abogada en busca de respuestas y soluciones más integrales.

Es que Sánchez cuestiona la reducción de la violencia de géneros a una cuestión de mera diferencia sexual y subraya que deben anclarse en un entramado. “El abordaje permanece disociado al abordaje de otras violencias, y eso lleva a considerar que puede hacerse una reforma judicial, o penal, feminista, abordando exclusivamente cuestiones relativas a la violencia de género, o a la equidad de género dentro de la justicia, principalmente entendida como el acceso a los cargos jerárquicos”, enuncia su posición crítica, y subraya que se “subestima el impacto del terrorismo de estado en las formas concretas de ejercicio de las violencias de género y prejuicio en nuestro país, así como el impacto de la falta de una respuesta temprana sobre estas violencias en los procesos de verdad y justicia”. Para eso, cita a la abogada penalista Ana Oberlin, querellante en delitos de lesa humanidad. Las violencias también vienen del Estado, y ese punto es crucial en la revictimización. “También se subestima el impacto de la violencia institucional sobre quienes denuncian. hay una constante de armado de causas contra quienes denuncian y que son a su vez utilizarlas como aprietes contra los denunciados. El control territorial de las fuerzas de seguridad se reafirma”, enuncia Sánchez algunas de las aristas que complejizan el problema, no para paralizar sus soluciones, sino para evitar las soluciones simplistas.

Responsabilidades en juego

Cada femicidio desata una ola de repudios al “animal” que cometió el crimen y es más difícil –aunque se hagan esfuerzos—señalar que se trata de una estructura social que lo permite. Si sólo se ven los femicidios como violencia de género, y la diferencia sexual como su sustrato, quedan invisibles múltiples formas, modos y funcionamientos de las violencias que no tienen respuesta judicial ni estatal. La estructura tiene sus soportes en la justicia, la policía y también una forma social de entender las violencias. Sánchez aclara: “¿Quiere decir que el autor individual no tiene ninguna responsabilidad? No, quiere decir que con la respuesta punitiva sobre el autor individual, no alcanza, y que muchas veces no es el autor quien está en mejores condiciones de reparar”.

También Arduino hace la distinción. “De lo que se trata cuando una dice gestionar el conflicto, se plantea pensar formas en que las respuestas tengan que ver con, por supuesto, establecer responsabilidades de quien agredió. Cuando se plantea la insuficiencia punitiva, no se trata de liberar de responsabilidad a quien agrede. Lo que decimos es que eso no está resultando eficaz y se trata de buscar mecanismos en los que la intervención frente al conflicto, que se produce generalmente porque la noticia es a través de la policía o del sistema de justicia, sirva para transformar las condiciones también o tengan conexión o sean capaces de ser articuladas con otras intervenciones de políticas públicas que conduzcan a modificar las condiciones estructurales en que la violencia ocurre, y no sólo a la dinámica entre agresor y víctima.

Respuestas complejas

Respuestas situadas y articuladas. Las palabras, a veces, se vacían de contenido cuando se usan como discursos vacíos y repetidos, cuyo funcionamiento es opaco para quienes desconocen –y muchas veces se pierden en- las estructuras estatales. Y a la vez, son conceptos claves de intervención. El tema es hacerlo, no pregonarlo. Ningún área del estado sola puede responder ante un problema de tamaña complejidad como la violencia de género. Tienen que actuar en conjunto.

“Se replican modelos como mesas locales de atención, pero están pensadas muchas veces con esquemas estandarizados para realidades muy distintas. Por ejemplo, la mayoría de los municipios en la Argentina tienen un número de habitantes por debajo de los 100.000, esto es, habría que pensar y poner esas dimensiones de escalas pequeñas al servicio de orientar mejores posibilidades de articulación. Y en segundo lugar, muchas veces, desde una cierta corrección política que se vuelve impracticable al momento de ejecutar políticas públicas, se plantean incorporaciones masivas de una multiagencialidad que no está en condiciones de ser asumida y ejecutada. Entonces, hay una primera articulación entre los sistemas policiales y judiciales que ni siquiera funciona y es poco probable que ese funcionamiento se produzca en automático con una multiplicidad de actores y actrices llamadas sobre todo al momento de la emergencia o el estallido”, sostiene Arduino sobre la necesidad de dotar de contenido cualquier política pública. “Hay que pensar una economía de estas mesas de articulación que considere que hay articulaciones prioritarias y urgentes como son la policía, lo judicial, pero de ninguna manera puede agotarse en esas agencias. Los dispositivos y modelos de intervención tienen que tener matices según el tipo de comunidades. Hay comunidades en la que hay sociedad civil mucho más organizada, que debe ser convocadas, pero a la que no se le deben transferir responsabilidades de gestión que son obligación ineludible estatal, hay comunidades que son muy grandes, que son enormes, como ocurre con los grandes centros o aglomeraciones urbanas donde los dispositivos de trabajo tienen que considerar las distancias, las escalas, las posibilidades de descentralización”, sigue un razonamiento sobre la necesidad de ir punto por punto. “Hay una ingeniería estatal que no ha pensado en serio hasta ahora la cuestión de la accesibilidad a la justicia y la gestión eficiente de los conflictos en cada una de las comunidades. Hay mucho enlatado y mucho enlatado discursivo que se siente cómodo o se apoltrona en el lenguaje políticamente correcto, pero luego no se traduce en matices o sutilezas ni en el diseño de la política pública ni en la ejecución”, cuestiona lo que hasta ahora se hace desde el Estado.

El tema no es tanto convocar a reuniones, que son importantes y necesarias, sino sobre todo saber para qué hay que hacerlas. Es decir, con conducción, con direcciones claras y sobre todo, con recursos humanos y económicos disponibles porque, en violencia machista, lo que hacen falta son personas capacitadas y sostén concreto, muchas veces económico, aunque no solo.

Promotoras sin salario

El anuncio, en julio de 2020, de un Plan Nacional contra las Violencias del Ministerio de Mujeres, Igualdad y Género, dotado de 18 mil millones de pesos de presupuesto, y la puesta en marcha del plan Acompañar, fueron un hito que encuentra todavía sus límites en la incipiente creación en muchos municipios –tal como ocurrió en Rojas, y contó Mariana Carbajal en este mismo diario-- de programas locales, esos que la ley 26.485 llama el “primer nivel de atención”. Mientras tanto, las organizaciones sociales ya están haciendo ese trabajo y existen iniciativas legislativas, como la de la diputada provincial de Santa Fe Lucila de Ponti (del Movimiento Evita) para crear un programa de promotoras territoriales de prevención de las violencias.

Sánchez aboga por el reconocimiento salarial de esa tarea. “Es significativo que el empleo estatal es uno de los pocos predicadores macro en relación con homicidios y femicidios, donde cuanto mayor es el nivel de empleo estatal más bajo es el nivel de violencia letal observado”, sostiene la especialista y lanza una propuesta: “Así, se abre aquí otra pregunta: ¿cuál sería la situación, si se atendiera el reclamo histórico de todes les operadoras territoriales que acompañan, informan, litigan, los casos de violencia de género, y se reconociera su trabajo, como un empleo estatal?”.

Proteger de verdad

La prohibición de acercamiento gestionada por la propia víctima es una trampa y puede ser mortal. “La protección para que sea eficaz tiene que ser pensada saliendo del binomio víctima-victimario. Es decir, esta idea de conceder una perimetral es básicamente casi un acto de fe, de confiar en que el otro no va a vulnerarla. A veces está fortalecida por dispositivos electrónicos, pero no es el mecanismo predominante, hay escasez. Y los niveles de intervención de las medidas de protección eficaz tiene que ver por un lado con proteger a la víctima, con medidas de restricción sobre los victimarios, por supuesto, pero también trabajar con el entorno. Esta dimensión de trabajo con el entorno y de las condiciones de posibilidad de la violencia es una dimensión ausente” en las intervenciones estatales, plantea Arduino. “Considerar en qué espacio la violencia se ha producido, qué otras personas pueden ser convocadas para limitar los contactos entre víctimas y victimarios cuando hay personas bajo cuidado común y en el caso de las víctimas, la protección no puede estar ligada solamente a una concepción policial de la protección porque, además, eso solo, desprovisto de otros soportes ha demostrado su ineficacia, sino que también tiene que ser pensada en términos de fortalecimiento de la autonomía de las personas que denuncian este tipo de hechos”, concluye.

Llegar a tiempo

La única verdad es que si se escucha a las mujeres que sí recurren –y cada vez más—a la policía y la justicia para denunciar violencia de género, muchos femicidios se pueden evitar. Sólo en 2021 hubo más de uno por día. Según el Observatorio Lucía Pérez, fueron 50 hasta el 16 de febrero.

“Me parece que estamos en un momento en que la llegada del Ministerio de Mujeres cambia un poco el escenario porque se puede empezar a trabajar en estos temas en otros niveles”, plantea Labozzetta, aunque subraya que “primero hay que hacer más eficiente el sistema de justicia para investigar y sancionar más eficientemente. En un segundo nivel o un nivel anterior, lograr que el sistema de justicia pueda ser un resorte de protección a las víctimas. Eso es algo diferencial con relación a otros delitos, porque en muchos otros delitos, el camino es investigar y sancionar. En los casos de violencia de género, por la reiterancia, o el riesgo que prevalece más allá del delito que ya se cometió, sigue habiendo riesgos latentes que pueden incrementarse, ahí hay un segundo rol que hay que asumir como propio, que tiene que ver con acompañar y fortalecer a las víctimas, esto hay que fortalecerlo”. Para la funcionaria judicial. “en un nivel anterior e incluso previo, que haya instituciones estatales pensando también en los canales de prevención y erradicación de la violencia es importante porque se agrega el camino que es más lento, que es el de intervenir antes de que los hechos no ocurran, antes de entrar al sistema de justicia, antes de cometerse los delitos, poder intervenir la raíz de la violencia, y ahí es donde están las políticas estatales”.

La justicia también puede transformar. Sánchez señala: “se ha dicho que reparar es volver al estado anterior, y en la violencia estructural eso es lo que no hay que hacer, por lo que hablamos de justicia transformadora”. Ante los discursos que circulan socialmente como hegemónicos, recuerda que “no podemos seguir ignorando la violencia contra personas LGTB, asimilando a la violencia contra las mujeres o bien limitando exclusivamente a episodios de violencia contra las mujeres”.

El espectro de los problemas es tan amplio que parece imposible asirlo. No se trata sólo de impedir las muertes, que es imprescindible, sino de reparar las violencias sufridas y brindar posibilidades de otros proyectos de vida. ¿Cómo acompañar a las denunciantes en un camino diferente?

“El tema de la reparación integral de las víctimas, es un gran tema, hay muy poca cultura jurídica en la región sobre qué significa la reparación. Ahí hay un punto muy importante que tiene que ver con atravesar un proceso distinto al que estamos ofreciendo ahora. El propio transcurso por el proceso, siendo escuchada, dándole el espacio, con una participación activa”, dice Labozzetta y centra sus expectativas en la reforma de la justicia federal hacia un sistema acusatorio, porque significará “que pueda haber una participación en audiencias orales y una credibilidad”. Justamente, la falta de escucha o mejor dicho, la puesta en duda de la palabra de las víctimas es “una suerte de violencia institucional, una revictimización”. Esa palabra describe unas acciones concretas: “Un proceso penal en el cual las mujeres son descreídas, son expulsadas, que no se les toma la denuncia, que se las somete a test psiquiátricos, que se las hace ir a veinte agencias distintas, se les da medidas de protección y no se notifican, todo esto puesto en espejo con un modelo ideal, de una justicia que contenga, que acompañe, que proteja, tiene un componente reparatorio”, considera Labozzetta.

Exigirle a la justicia lo que debe hacer, sí, sin perder de vista que una sociedad neoliberal y patriarcal es el caldo de cultivo de las violencias. Es decir: las acciones transformadoras sólo pueden ser colectivas. “Hay una manera muy neoliberal de entender la política, desde el veganismo hasta el antipunitivismo, como si todes tuviéramos las mismas capacidades y posibilidades. No comer carne, no denunciar al violador, decirle al amigo que no le pegue a la novia. Son sentidos comunes, porque ponen el techo de la acción colectiva en la agregación de micro conductas individuales, e invisibilizan la operación de las estructuras, y de la organización social y política que genera otras dinámicas de acción colectiva, una acción política agonista”, lanza la abogada penalista lesbiana Luciana Sánchez como un recordatorio urgente. Las marchas que cruzaron toda la geografía del país el miércoles, con sus heterogeneidades, ponen en jaque esa idea para resaltar la construcción colectiva.