Los acreedores internacionales más duros volvieron a presionar a la argentina para intentar imponer un plan de ajuste fiscal y acelerar la negociación de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El grupo Ad Hoc liderado por Blackrock difundió este miércoles un comunicado criticando medidas del equipo económico y pidiendo que se cierre la negociación con el FMI.

“Sin apetito por el ajuste fiscal, la monetización de los déficits sigue alimentando el aumento de la inflación. La previsión de inflación del gobierno del 29 por ciento para 2021 no es creíble. Las estimaciones de los economistas privados de que la inflación supere el 45 por ciento son más realistas”, indicaron los acreedores.

Los bonistas muestran malestar principalmente porque los bonos del canje de deuda soberana se mantienen en precios por debajo del 40 por ciento de paridad y consideran que no se aprovecha las ventajas que otorga la coyuntura internacional. Paradójicamente la queja llega de los mismos fondos de inversión que no sólo entorpecieron la negociación de la deuda del Tesoro sino la de la petrolera YPF.

“Un acuerdo con el FMI, que se necesita desesperadamente, ha quedado subordinado a la política”, mencionaron.

Desde el grupo Ad Hoc agregaron que “un programa del FMI es la única fuente probable de anclajes políticos y un marco creíble a medio plazo que pueda aportar estabilidad. Sin embargo, el gobierno parece estar contemplando seriamente la posibilidad de retrasar un acuerdo con el FMI para tener la libertad de continuar con sus políticas insostenibles aún más tiempo”. “Con las reservas ya en niveles peligrosamente bajos, tal estrategia equivale a una apuesta temeraria”, subrayaron los bonistas en el comunicado.

“Argentina no puede entrar en default y reestructurar su camino hacia la prosperidad. La gran tragedia es que la incapacidad de articular una senda política creíble impide la estabilidad y el crecimiento de lo que podría ser una economía competitiva si tan sólo las autoridades decidieran anclar las políticas económicas en torno a un marco macroeconómico coherente con el apoyo del FMI”, apuntaron.

El comité de bonistas duros está representado legalmente por Dennis Hranitzky, ex abogado de Paul Singer, uno de los principales fondos buitres que demandó a la Argentina y que finalmente terminó cobrando el 100 por ciento del juicio en el Gobierno macrista.

Los acreedores mencionaron que en la negociación de la deuda pública hubo un alivio de 37.000 millones de dólares en pagos futuros. “Argentina aún no ha empezado a tomarse en serio los compromisos que adquirió con los acreedores durante las negociaciones de la deuda, y el coste de este fracaso no podría ser más claro (con el riesgo país que se ubica en torno de 1500 puntos)”, señalaron.

La promesa de la Argentina en la negociación con los bonistas – a pesar del reclamo del grupo Ad Hoc- no fue en ningún momento recuperar el acceso al mercado internacional de deuda para emitir nuevos bonos sino recuperar el mercado interno tras el impacto de la pandemia para tener un programa sostenible de largo plazo en términos productivos, financieros y principalmente sociales.

Parte de la crítica de los bonistas se vincula a que para ellos existe un contexto global favorable para los emergentes y las medidas de política económica locales lo desperdician.

“El contexto de Argentina debería ser positivo. Con una reestructuración de varias décadas de su carga de deuda externa a bajos tipos de interés, los precios de las materias primas agrícolas cerca de máximos históricos y un repunte natural de la actividad económica desde los mínimos pandémicos, Argentina debería beneficiarse de importantes vientos de cola”, dijeron.

“Sin embargo, desde que el gobierno concluyó su histórica reestructuración de los bonos internacionales y nacionales en moneda extranjera en septiembre, las condiciones macroeconómicas locales han seguido deteriorándose”, plantearon.

“En lugar de orientar la política en una dirección positiva, el gobierno ha aprovechado en gran medida el respiro como una oportunidad para retrasar decisiones difíciles y continuar con políticas insostenibles. Los controles de precios, la congelación de los aranceles y el racionamiento del acceso a las divisas son paliativos a corto plazo que están destinados a fracasar y a acumular mayores problemas en el futuro”, criticó el comunicado.

“La formulación de políticas erráticas en medio de una creciente lista de errores y giros en U, como las iniciativas para limitar las exportaciones de maíz e intervenir en los mercados de trigo, un esfuerzo innecesario de confrontación para reestructurar la deuda de YPF y la congelación de las tarifas de electricidad, gas y otros servicios, erosionan la confianza”, cerraron.