El Gobierno aspira a que el blanqueo de capitales destinado a la construcción implique la repatriación de casi 5 mil millones de dólares, que deberán volcarse en inversiones productivas. El proyecto de ley con incentivos impositivos para la construcción, modificado a pedido de los empresarios, será transformado en ley la semana que viene, en la última sesión extraordinaria. Tras la media sanción en Diputados, este miércoles se firmó dictamen en el Senado, con cruces entre el oficialismo y la oposición.

El dato sobre el objetivo de repatriación de fondos fue revelado por Roberto Arias, secretario de Políticas Tributarias del Ministerio de Economía, quien fue invitado a la comisión virtual de Presupuesto y Hacienda para explicar el proyecto. Consultado sobre la estimación del impacto del blanqueo, afirmó: “Si se alcanza el objetivo del 1 o 2 por ciento, que es algo muy modesto de los fondos de los argentinos en el exterior, sería un éxito muy importante para la ley, porque implicaría un aumento relevante en la inversión de la construcción y la generación de empleo”.

Arias explicó que las estimaciones son “difíciles”, dado que tampoco hay datos certeros de los fondos fuera del sistema. Citó estimaciones oficiales que refieren a que hay 220 mil millones de dólares no declarados, ya sea en el colchón, en cajas de seguridad, o en el exterior. “Que se incluya un porcentaje bastante pequeño de los fondos fuera del sistema, del 1 o 2 por ciento, significaría un impacto, porque esos fondos empezarían a producir empleo en lugar de estar en el colchón”, agregó el economista.

El dato de dólares fuera del sistema al que se refiere Arias es del segundo trimestre del 2020, según el informe de balanza de pagos del Indec. Sin embargo, a fin del año pasado, se conoció el dato del tercer trimestre, que implicó un aumento en la cantidad de fondos no blanqueados: 247.313 millones de dólares fuera del sistema. La repatriación de un 2 por ciento de ese monto implicaría que vuelvan al sistema 4.946 millones de dólares. Sería una cifra similar al primer blanqueo del kirchnerismo, en 2009, aunque muy lejana a los 120 mil millones de dólares que se repatriaron en 2016, en el gobierno de Cambiemos.

“El blanqueo del 2016 fue muy exitoso en términos de lo que se logró incluir. Pero no fue bueno, implicaba declarar fondos, pero no había un compromiso de traerlos al país, menos en hacer inversión productiva”, opinó Arias. “Hoy tenemos un esquema bien distinto, tienen que aplicar los fondos a una inversión real, específicamente en la construcción, que estuvo castigada por las crisis macroeconómicas, y que tiene efectos multiplicadores en la generación de empleo”, justificó el secretario de Políticas Económicas.

Los fondos blanqueados deberán ser destinados a cualquier tipo de obra privada nueva o avanzada hasta un 50 por ciento. El proyecto establece que se les concederá un “bloqueo fiscal” pese a haber evadido impuestos previamente. Además, el Gobierno cedió ante el pedido empresario: bajó el impuesto para los evasores, y extendió el plazo para que exterioricen el capital.

El impuesto especial será del 5 por ciento para los fondos blanquedos durante los primeros 60 días de aprobada la ley, de un 10 por ciento el siguiente mes y luego un 20 por ciento el último mes. Inicialmente, la alícuota del 5 por ciento sólo era por un mes, y ahora se extendió por dos, mientras que la máxima alícuota antes alcanzaba el 25 por ciento, y fue recortada. Los fondos tendrán que ser depositados en una cuenta especial de depósito, con una declaración jurada que diga en qué obra se van a invertir.

Durante el tratamiento, Arias se cruzó con el senador de Cambiemos Martín Lousteau. “Estoy en contra del blanqueo, son una mala experiencia que sienta un precedente que afecta los comportamientos tributarios”, afirmó, pese a que durante el gobierno del partido al que representa se hizo un histórico blanqueo como una de las primeras medidas. De todos modos, Lousteau cuestionó por qué los fondos blanqueados no puedan aplicarse en otros sectores y solo pueden desviarse hacia la industria de la construcción, que viene con un “repunte” y que “tiene un nivel de informalidad alto”.

Arias rechazó el reclamo. “Difiero bastante. Un incentivo tributario promueve una actividad en blanco. Nadie va a acceder a un incentivo para después no declarar la inversión, que tiene que ser formal”, afirmó el funcionario del Ministerio de Economía. En la misma línea, Carlos Caserio, senador del Frente de Todos, coincidió en que un blanqueo “siempre es injusto, pero más injusto es que el evasor se quede sin ingresar nada”.