Primero. Que no hay nada de cierto en lo que nos enseñan en la escuela y en las universidades acerca del derecho como normas absolutas y los jueces como dioses imparciales. El lawfare muestra que el derecho no es impoluto, no es matemática. El derecho es político. Esto significa que si la Corte Suprema confirma una sentencia o dice que tal o cual es culpable, ello no necesariamente es una verdad absoluta.
Segundo. Que la corrupción sí es un problema sistémico de nuestra región, y probablemente del planeta, pero que ése no es el fin del debate. Cuando vemos que se persigue siempre a los de un mismo signo político y sin respetar las mínimas garantías constitucionales, cabe preguntarse si realmente se está luchando contra la corrupción o si hay otros intereses en juego. En fin, no se trata de ignorar la tan necesaria pelea contra la corrupción sino de evitar que ésta se convierta en una excusa para atacar a ciertos dirigentes y no a otros.
Tercero. Que no se trata de Kirchnerismo vs. Anti-Kirchnerismo, sino de un fenómeno regional. Cristina Fernández de Kirchner acusada en diez causas penales en Argentina en momentos electorales clave; destitución parlamentaria de Dilma Rousseff en Brasil y detención preventiva de Lula justo antes de las elecciones nacionales; persecución penal a Rafael Correa apenas dejó la casa de gobierno; denuncias contra el hijo de la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet por tráfico de influencias; golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia al momento de ganar la reelección e inicio de causas penales contra él y sus funcionarios; destitución y acusaciones de nepotismo y sobreprecios contra Fernando Lugo en Paraguay; ataques por el caso Odebrecht que terminaron en la renuncia del presidente del Perú́ Pedro Pablo Kuczynski; embates incesantes y acusaciones de corrupción contra el presidente de Venezuela Nicolás Maduro. El panorama es más extenso que nuestras fronteras y como todo fenómeno regional, requiere soluciones regionales.
Cuarto. Que lo que nos espanta del lawfare (el manoseo de jueces, los testigos comprados, el abuso de la prisión preventiva) es lo que pasa día a día en la inmensa mayoría de las causas penales. Estos son problemas sistemáticos del sistema penal a los que no les prestamos atención porque afectan a los pobres, a los jóvenes, a lxs morochxs. Las causas armadas, los medios de comunicación metiéndose en la justicia y el nulo respeto por las garantías constitucionales es lo que sufren en el día a día lxs acusadxs comunes.
Quinto y quizás lo mas importante. ¡Que el derecho penal nunca solucionó nada! Pensemos en un hurto: me sacan el celular, el pibe va preso y se le arruina la vida, yo me quedo sin celular, todos pagamos impuestos para sostener su vida en la cárcel. Si no puede solucionar un hurto, ¡menos va a solucionar el fraude o la corrupción! Imaginemos incluso que es cierto que tal o cual cometieron un hecho de corrupción y entonces los encerramos. ¿Y entonces? Destruimos sus vidas, no se recuperan los fondos supuestamente robados y toda la estructura que hace posible la corrupción sigue intacta. En fin, el lawfare no vino a solucionar la corrupción, pero, incluso si así fuera el caso, el derecho penal no es una alternativa para acabar con este problema (ni con ninguno).
