La defensa de Amado Boudou amplió ayer sus argumentos para que el exvicepresidente continúe bajo el régimen de prisión domiciliaria en el que se encuentra desde principios de 2020, por la causa Ciccone Calcográfica. En una presentación ante el juez de ejecución Ricardo Basílico, quien reemplazó a su par Daniel Obligado al concluir la feria judicial de enero, los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort cuestionaron la “desconsideración total y arbitraria” por parte del último, al omitir analizar lo dictaminado por el defensor público que interviene en el proceso en representación de los hijos del exmandatario.
Obligado cedió a la presión de la prensa hegemónica y revocó la prisión domiciliaria de Boudou el 30 de diciembre, horas antes del inicio de la feria. El 18 de enero, al apelar esa decisión ante la Cámara Federal de Casación Penal, los abogados cuestionaron su “errada aplicación de la normativa local e internacional de protección sustantiva de derechos” y la necesidad de garantizar los derechos de cuidado de los hijos mellizos del dirigente, de apenas tres años.
Ayer, cuando se vencía el plazo para ampliar argumentos, Rúa y Peñafort hicieron una nueva presentación en la que destacaron que en aquella resolución “directamente se desatendieron, sin considerarlas de ningún modo y con arbitrariedad, las extensas referencias de la especialidad aportadas por el Defensor Público que coordina la Unidad Funcional para la Asistencia de Menores y que interviene en el trámite en representación de los menores León y Simón Boudou García”. Esa intervención “resultó sólo formal e incluso fallida al tiempo de resolver, pues no se la tuvo en cuenta de modo alguno”, advirtieron, por lo que “constituye una causal de arbitrariedad” por parte de Obligado al no considerar “elementos esenciales” a la hora de resolver. En la misma línea, citaron una resolución de Mariano Borisnky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, quien apuntó que “el tribunal de la instancia anterior omitió dar tratamiento a cuestiones sustanciales”, en referencia al defensor público de menores.
