El femicidio de Úrsula Bahillo movilizó a un gran porcentaje de la población. Este miércoles, una marea de mujeres marchó hasta el Palacio de Tribunales para pedir justicia por la joven asesinada a puñaladas por su expareja Matías Ezequiel Martínez. El gobierno nacional, por su parte, dispuso la creación de un organismo para el abordaje de femicidios, travesticidios y transfemicidios con el objetivo de dar respuesta a la violencia extrema en los casos de género. La oposición  también actuó, aunque en un sentido contrario: diputados de Juntos por el Cambio difundieron un presunto proyecto para modificar la ley Micaela, con el objetivo de sancionar las "falsas denuncias de género". Antes de ser asesinada, Úrsula había denunciado al menos cinco veces a Martínez.

El argumento de los legisladores del bloque de Juntos por el Cambio es extraño: pretenden incluir normas que ya fueron reguladas, a la vez que tiene como objetivo tipificar como "violencia psicológica" presuntas falsas denuncias de género, algo que la Corte Suprema - a través de la Oficina de Violencia Doméstica- no registró desde que empezó a recoletar datos en 2008.

El promotor de este proyecto es, ni más ni menos que Eduardo Cáceres, diputado nacional sanjuanino del PRO que fue procesado meses atrás por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo en una causa en la que su expareja, la dirigente del mismo partido, Gimena Martinazzo, lo denunció por violencia de género. También es el mismo legislador que, al momento de debatir el Aporte Extraordinario a las Grandes Fortunas en la Cámara baja citó a Los Pumas y los puso como ejemplo de “la Argentina de bien”. 

De qué se trata la iniciativa

En primer lugar, cabe destacar que la iniciativa aún no figura en la página de Diputados. Lo único que se conoció fue a partir de una nota del diario Clarín que luego se reprodujo en varios medios. En teoría, el borrador fue denominado "Ley Alejo", en relación por Alejo Oroño, el joven de 22 años que murió una semana atrás tras ser apuñalado en el pecho por su pareja Nadia Navarro. Según dejaron trascender los legisladores de Juntos por el Cambio, la intención es modificar la Ley Micaela, al considerar que esa capacitación obligatoria sobre desigualdades de género a todas las personas que se desempeñan en la función, está dada desde "la perspectiva de las mujeres".

De acuerdo a la información que trascendió, además de Cáceres, el proyecto contaría con las firmas de al menos 13 legisladores del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara baja. Este diario intentó conseguir el borrador del proyecto, pero no tuvo respuesta. De esos legisladores, la gran mayoría había votado, en 2019, a favor de la ley Micaela que ahora pretenden modificar.

En otro de los principales puntos figura como objetivo "tipificar las falsas denuncias de violencia de género" y el "impedimiento de contacto con los hijos" bajo la categoría de "violencia psicológica". Las presuntas acusaciones falsas de violencia de género es un discurso machista que pierde sostén cuando se observan las estadísticas: en 2019, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema monitoreó 12.457 denuncias de violencia, en ningún caso de ese año se registró una sola sentencia por falsa denuncia. 

Lo que sí se comprobó que al menos dos de cada diez femicidas ya contaba con una denuncia por violencia de género por parte de la víctima. Los cifras surjen el Observatorio Mumala que destacó que de los 284 femicidios que hubo durante el 2019, el 18 por ciento tenía denuncias previas por parte de la víctima. Además, un 10 por ciento tenía restricción de contacto o perimetral y el 9 por ciento, antecedentes penales de violencia de género sobre otras víctimas. 

Este año, por su parte, el observatorio Ahora Que Sí Nos Ven registró hasta el 9 de febrero 38 femicidios. En otras palabras, una mujer muerta cada cada 24 horas.

"Hoy dije basta"

"Vengo teniendo agresiones personales desde hace mucho tiempo. Tengo testigos que ven mensajes, que han sentido gritos, que han sentido un montón de violencia por la que yo no lo exponía, justamente para mantener una relación muy amena porque había mucho que cuidar: el partido, el candidato". Con ese descargo, Gimena Martinazzo había denunció a Eduardo Cáceres, el diputado que ahora aboga por la "ley Alejo". La también dirigente de San Juan hizo pública su denuncia el 30 de noviembre del 2020, en un texto publicado en redes sociales. "Hoy dije BASTA! , por mis hijos, por mí, por las miles de mujeres que sufrimos violencia", escribió en su Facebook, junto a una foto del expediente judicial.

Según Martinazzo, el legislador "le había quitado el teléfono para revisarlo" cuando ambos estaban "en su casa" y cuando ella quiso "recuperarlo", él la "agredió físicamente, lo que está comprobado por el médico legista". En sede judicial, el legislador negó los hechos, incluso desmintió haberla lesionado y en las redes sociales habló de "una intencionalidad política" por parte de su expareja, con el objetivo de ocupar su banca en la Cámara baja, ya que ella es quien lo "sigue en la lista de diputados nacionales del partido".

El titular del Cuarto Juzgado Correccional, Federico Ródríguez, procesó al legislador "sin prisión preventiva" y le trabó un embargo por 250 mil pesos. 

Tras su procesamiento, Cáceres decidió pedir licencia en Diputados, aunque regresó el 11 de febrero, dos días después del femicidio de Úrsula. "Ver a mi agresor legislando me causa la misma sensación de desamparo que sienten muchas mujeres cuando sus agresores violan perimetrales y son protegidos por sus compañeros de trabajo", comentó Martinazzo, que sigue adelante con la denuncia.