El Gobierno enviará esta semana al Congreso otro proyecto para reactivar la alicaída actividad industrial. Se trata de una ley de Compre Nacional, la cual establece la prioridad de adquisición de productos, piezas y partes nacionales por parte de organismos públicos. El sector fabril continúa con caídas en sus principales indicadores y para febrero la medición oficial dio cuenta de una contracción del 6 por ciento respecto de igual mes del año pasado. Según cifras del Ministerio de Producción, las compras públicas representan más del 5 por ciento del PIB y generan el 2,5 por ciento del empleo. Es por ello que el objetivo oficial es canalizar parte de los fondos públicos a bienes producidos localmente. De aprobarse esta normativa, que no se aleja demasiado de una declaración de buenas intenciones, las licitaciones del Estado deberán incluir un componente obligatorio de proveedores nacionales. El proyecto de ley se remitiría mañana al Congreso.

Junto con la construcción, la actividad industrial fue una de las más afectadas por las políticas oficiales y la consecuente caída del consumo interno. La menor producción fabril es además acompañada por una reducida utilización de la capacidad instalada, la cual promedia –teniendo en cuenta la dispersión por rama fabril– el 60 por ciento. Esto implica que poco menos de la mitad de las instalaciones de una fábrica está sin utilizarse. Para que estas empresas realicen una inversión que amplíe sus posibilidades de producción, el uso de las capacidades existentes debería acercarse primero a niveles cercanos al cien. 

El Gobierno ensayó algunas alternativas para estimular la demanda privada, aunque todavía no hubo resultados concretos. Ahora la idea es que esa demanda la pase a ocupar el sector público. Cuando se discutió la ley de asociación público-privada para obras de infraestructura se adicionó, por pedido de distintos gremios, un apartado que asegurase una cuota de proveedores locales en la compra de insumos para las obras. No obstante, el deterioro generalizado de la industria requiere de medidas que apunten a los distintos rubros, como el informático, fuertemente perjudicado por la eliminación de los aranceles de importación. En ese contexto tiene lugar la iniciativa del denominado Compre Nacional, con la cual el macrismo pretende mostrarse activo en caso de que no haya cifras concretas para anunciar en un año preelectoral. 

Desde el gobierno señalaron desde que asumieron su intención de modificar la Ley de Compre Nacional. Para ello estuvo trabajando el secretario de Industria, Martín Etchegoyen, como resultado de distintas reuniones que mantuvo con representantes sectoriales. Hace tiempo que varias cámaras empresarias reclaman que se respete la ley de Compre Nacional, sancionada en noviembre de 2001 como Compre Trabajo Argentino en un intento por evitar la crisis que terminó con el gobierno de la Alianza. 

El oficialismo promete un programa de inversiones de ocho años del sector públicos por 200.000 millones de dólares para obras de infraestructura, energía y minería, agroindustria, bienes industriales y servicios y tecnología. El proyecto de ley que presentará mañana apunta a que parte de los fondos sea captado por empresas locales en las licitaciones públicas. 

En concreto, la iniciativa prevé aumentar los cupos de preferencia para la industria argentina, para promover un mayor lugar para las pequeñas y medianas empresas en las compras públicas. Lo novedoso es que esos márgenes podrán ser modificados en función de la competitividad del sector, lo que introduce una variable que apunta a fomentar la aptitud de las pymes nacionales. El texto propone además que, cuando se liciten bienes que no son producidos localmente, se establezca un incentivo para que gane aquel proyecto que prevea una mayor integración de piezas producidas en el país.