Si bien a nivel nacional aún no se sancionó el nuevo Consenso Fiscal, que el 4 de diciembre de 2020 firmaron todos los gobernadores excepto el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, en Salta ya está vigente desde diciembre, cuando la Legislatura lo aprobó mientras también trataba el presupuesto provincial de este año, y pocos días después se convirtió en la Ley 8.228.

Ese proyecto primero debía pasar por las cámaras legislativas nacionales y luego ser ratificado por cada una de las provincias. Sin embargo, el Ejecutivo salteño se adelantó a los hechos bajo el argumento de incorporar los cambios impositivos en el presupuesto anual y de esa manera comenzar a recaudar.

En 2017 el primer Consenso imponía topes a las alícuotas de los impuestos provinciales e incluso los iba bajando a casi cero para algunos rubros, lo que un año más tarde, y en el marco de la crisis económica, comenzó a revisarse para no desfinanciar las arcas provinciales.

“Fue el único año que se implementó”, dijo a Salta/12 el secretario de Ingresos Públicos, Diego Dorigato. El funcionario provincial explicó que todos los pactos posteriores al de 2017 intentaron remediar los daños que ocasionó aquel, que preveía una escala de reducción en la alícuota de Ingresos Brutos “que tendía a ir a cero en la mayoría de las actividades productivas y establecía una alícuota general del 5% para el comercio minorista”. 

En ese momento la provincia subió de 3,6 a ese 5 por ciento, con la promesa de bajar paulatinamente, lo que finalmente nunca sucedió por la suspensión del consenso.

Con la lógica neoliberal, el gobierno cambiemita esperaba que la disminución de la recaudación, producto de la baja de impuestos a ciertos sectores de la economía, se viera compensada con un crecimiento de la economía y que el impuesto solo recayera en los consumidores finales. Pero, como de costumbre, sucedió todo lo contrario y la economía se redujo, por lo que en los años posteriores se avanzó en nuevos consensos que permitían a las provincias retomar la actividad impositiva.

En ese sentido, Dorigato aclaró: “no es que el nuevo pacto permita aumentar impuestos, sino más bien impedir que se sigan reduciendo”. También afirmó que a pesar de no haber sido tratado aún por el Congreso Nacional, la Provincia se adelantó en darle sanción local a través de su Legislatura para incluir en el presupuesto 2021 el cálculo de la recaudación “sin reducción”.

El acuerdo, que ya tiene dictamen favorable de la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado y en su próxima sesión conseguiría la media sanción, permite a las provincias gravar con Ingresos Brutos las exportaciones y los servicios prestados en el exterior, además de posibilitar la eliminación de los topes establecidos en el acuerdo de 2017.

También elimina topes al impuesto inmobiliario y permite incrementar las alícuotas del impuesto a los sellos. Y fundamentalmente impide a las provincias durante 2021 tomar nuevas deudas con fondos extranjeros. Con las excepciones de financiamiento de organismos bilaterales o multilaterales de crédito, desembolsos pendientes de acuerdos firmados antes del 31 de diciembre de 2020, o los incrementos por canjes o reestructuraciones de deuda.

Estiman que con el nuevo Pacto las provincias podrán recaudar más $70.000 millones en el año. Y con la rúbrica de los gobernadores, las provincias se comprometieron a no iniciar juicios y suspender los procesos en curso respecto a la distribución de la coparticipación federal.

El secretario de Ingresos Públicos de Salta detalló que la decisión provincial fue no seguir reduciendo las alícuotas pero retocar el porcentaje de impuestos a la actividad financiera que este Consenso la saca del cuadro de reducción, “ese es el único aumento real que hay”, indicó Dorigato. El impuesto pasó de un 5,5% a un 8% para la Intermediación Financiera, y para los Servicios Financieros del 7% al 8%, “la unificamos por una cuestión de simplificación de fiscalización”.

Dorigato insistió en que Salta “no tocó ninguna otra alícuota desde que se firmó el convenio original” en 2017, que permitía subir las Actividades Económicas del 3,5% al 5%. Tampoco se gravó a los productos de exportación que salgan del territorio provincial.

El funcionario añadió que “aprovechando el Consenso”, se modificó el impuesto automotor para “estandarizarlo y que sea lo mismo el auto inscripto en Salta Capital que en Orán, Tartagal o cualquier pueblo”. La provincia ya se encuentra negociando con los intendentes para ajustar sus tarifas y unificarlos.

Sobre esa tasa, el diputado provincial por Ahora Patria, Julio Moreno, recordó que él fue uno de los que se opuso al Presupuesto 2021 y a la Ley 8.228 de Consenso Fiscal, por considerar que no es justo que un propietario que vive en Joaquín V. González o Tolar Grande pague lo mismo que uno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “con la diferencia de ingresos que existe”.

Para el legislador, el Pacto otorga facultades a las provincias para “seguir gravando actividades como la de las exportaciones o el tope inmobiliario”, lo que no favorecería la inversión. En el mismo sentido, resaltó que el costo más grave es resignar el pedido del 15% de coparticipación que se perdió con la privatización de las AFJP en los 90, pero que no se restituyó desde que se recuperó el cobro por parte de ANSeS.

Por último, consideró que si bien no se incluyeron nuevos gravámenes como el impuesto a las exportaciones, y no se aumentaron otros rubros salvo el de entidades financieras, existe el riesgo de que “cualquier funcionario trasnochado pueda aumentar las tasas”.