En la jornada de ayer se llevó a cabo la audiencia pública obligatoria, no vinculante, por la suba en el boleto urbano de pasajeros para la ciudad de Salta y el Área Metropolitana, convocada por la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT). Si bien durante las escasas exposiciones que hubo se rechazó de manera unánime el aumento del 40%, autoridades de la Sociedad Anónima del Estado de Transporte Automotor (SAETA) informaron a Salta/12 que negociaron con el gobierno provincial reducir la suba a un 30%.
"Se decidió en un primer momento que sea el 40% (de incremento), pero se habló con Provincia y ajustando el lápiz, concluimos en pedir un incremento del 30%", informó la vicepresidenta de SAETA, Laura Montarcé. De ser así, el boleto pasaría de $25 a $32,50. La ejecutiva también informó que la suba sería en un solo tramo.
Sin embargo, todas las exposiciones fueron sobre la base de la solicitud que presentó la empresa, que pedía aplicar un aumento del 40% del boleto, aplicado en dos tramos. Este medio consultó a varios de los exponentes y ninguno estaba enterado del recambio al 30%. La audiencia se desarrolló en el camping municipal “Juanillo López”, ubicado en el municipio de Campo Quijano, unos 36 kilómetros al oeste de la ciudad de Salta.
"Nunca se citó en el momento de la audiencia ese pedido, e incluso en la alocución que hizo la vocera de prensa de la empresa, también reiteró los montos que estaban en el expediente", contó el concejal capitalino del bloque Yo Participo, José García. Además, cuestionó que no hayan estado presentes las principales autoridades de SAETA.
Por su parte, el presidente de la AMT, Marcelo Ferraris, dijo que ahora les resta analizar todos los factores para definir si hacen efectivo el aumento. Entre las variables más importantes se tendrán en cuenta: el incremento en los insumos, los nuevos salarios pautados por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que remiten a un 30% con retroactivo a septiembre de 2020, y los subsidios que recibe la empresa prestadora del transporte en la ciudad.
Montarcé contó que actualmente la empresa se mantiene, en su gran mayoría, por los subsidios que recibe y que representan un 70% de sus ingresos, de los cuales, el 55% corresponde a aportes del gobierno provincial. "Nuestra recaudación fue muy inferior a otros años", agregó la representante empresaria, esperando que la resolución de la AMT pueda darse en los próximos 15 días.
Además, sostuvo que de esas entradas mensuales, el 67% se dirige al pago de los salarios, mientras que un 27% va a la compra de combustible. "La idea es cortar la brecha de este déficit operativo y hoy son los subsidios los que nos terminan salvando, más desde la Provincia", afirmó, en reclamo al retraso en los pagos o la quita de determinados montos que realizó el Ministerio de Transporte de la Nación.
En una postura contraria, el ex diputado provincial del Partido Obrero, Pablo Lopez, afirmó en sus 10 minutos de exposición que si bien la empresa aseguró que cayó su recaudación, "y lógicamente es así, pero no dice que los subsidios que recibe de Nación se incrementaron en un 286% en comparación a lo recibido en 2019". "De alguna manera se compensó esa caída", añadió.
Además, dijo que SAETA no informó si a las 8 empresas que prestan el servicio también se les redujeron los costos al bajar su flota a casi la mitad. "Les dije que estimaba que cobraron todo y por eso estamos ante un sistema parasitario porque la empresa no cumple" con el deber de prestar un buen servicio de transporte, subrayó.
Ferraris aseguró por su parte que aprobar cualquier tipo de aumento "siempre es una medida que se trata de evitar, pero llega un momento en que la empresa se ve en la necesidad de solicitarlo y debemos proceder a un estudio conforme a la normativa".
Un no rotundo
En referencia a la audiencia, el titular de la AMT dijo que en las exposiciones no se tocaron "fundamentos técnicos específicos para ir en contra de aumento", sino que los 6 expositores hicieron hincapié en la situación económica que atraviesan los usuarios a causa de las pandemia.
Por su parte, la subsecretaria de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Salta, Emilia Calmejane, planteó que no estaban de acuerdo con el aumento del boleto de colectivo. "Como municipio dijimos que no era el momento oportuno para esa adecuación tarifaria", debido a la situación que se arrastra por la crisis social, sanitaria y económica a causa de la pandemia.
"La empresa junto a la Provincia deberían realizar los esfuerzos necesarios para poder acompañar a los usuarios para que puedan volver a reacomodarse económicamente", sostuvo ante Salta/12. Además, expuso las quejas por la prestación del servicio que SAETA tiene en diferentes barrios de Salta, y que en su mayoría hacen cambios de recorrido sin avisar a los usuarios.
Antes de asumir el cargo de subsecretaria, Calmejane fue la apoderada de la asociación civil Usuarios y Consumidores Unidos de Salta (UCU), que a fines de 2019 ganó una acción colectiva contra SAETA. Allí, la jueza de Minas, María Victoria Mosmann, prohibió aplicar el último tramo de aumentos en el precio del boleto previstos para ese año.
Mosmann declaró la inconstitucionalidad de las resoluciones 411/18 y 412/18 de la AMT y dejó sin efecto el último aumento, que rondaría los $27. De esta manera, el boleto quedó fijado en $25 a fines de 2019 y ese monto se mantuvo durante todo 2020. En la audiencia pública estuvo la abogada Karina Ortiz en representación de la UCU. Dijo que la semana que viene se conocerá la decisión de la Corte de Justicia de Salta en la apelación que hizo la empresa contra el fallo de la jueza de Minas.
En la audiencia la UCU se opuso al aumento porque "el servicio sigue siendo ineficiente". "Los consumidores no se ven satisfechos porque (la empresa) cambia de recorrido constantemente", denunció Ortiz. Sin embargo, puntualizó que los poblados que se encuentran entre la ciudad y el Área Metropolitana siguen siendo los más afectados por la falta de paradas y horarios en los recorridos,
El concejal García también se sumó al rechazo del incremento por entender que "no es el momento", cuando la prioridad es brindar soluciones que permitan sobrellevar la pandemia, lo que no se hará "con el golpe al bolsillo del usuario". Además, instó a que se propicien espacios donde se pueda hablar de "posturas superadoras para mejorar el servicio", como la garantía de accesibilidad para los salteños y no únicamente hablar sobre la suba de las tarifas.
Uno de los primeros expositores fue Pablo López, quien cuestionó que la audiencia se realizara en Campo Quijano, una localidad distante de la Capital, entendiendo que la decisión fue "para evitar una movilización masiva" (y de hecho hubo manifestaciones, pero la ciudad de Salta). También denunció el despliegue de policías en el lugar, López dijo que eran más que los asistentes a la audiencia, que no superaban las 15 personas.
"Me enteré también que no dejaron entrar a periodistas del diario El Tribuno y a compañeros de la MST", dijo López. La referenta del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) en Salta, Andrea Villegas, contó a Salta/12, que al impedirles el paso, los efectivos policiales les dijeron que "tenían orden de la AMT".
"No se dejó ingresar incluso a les niñes que viajaron al camping para la colonia de vacaciones", agregó Villegas, quien dijo que en ningún momento hubo un clima violento. En este caso, Ferraris negó que la AMT haya dado la orden de no permitir el ingreso a algunas personas.
