“La política comunicacional del gobierno actual tiende a ver todo como un negocio”. La afirmación es Damián Loreti, el abogado y profesor, especializado en política y derecho de la comunicación. Loreti sabe de lo que habla, ya que formó parte del equipo de especialistas que redactó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), la norma aún vigente que posibilita buena parte del financiamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), el Instituto Nacional de la Música (Inamu) y el Instituto Nacional de Teatro (INT). En el artículo 94 de la ley que el actual gobierno desguazó en tiempo récord (apenas 19 días después de haber asumido, a través del decreto 267/15) estipula que los “los titulares de los servicios de comunicación audiovisual, tributarán un gravamen proporcional al monto de la facturación bruta correspondiente a la comercialización de publicidad tradicional y no tradicional, programas, señales, contenidos, abonos y todo otro concepto derivado de la explotación de estos servicios”. Los fondos recaudados por ese artículo se destinan en diferentes porcentajes al Incaa, INT y el Inamu, entre otras entidades. Esa millonaria “caja” es la que hoy aparece amenazada con la redacción de la llamada “Ley de la Convergencia”, a la que nadie tuvo acceso. 

“El fondo de la cuestión es que el tratamiento de los servicios de comunicación audiovisual debería ser simétrico en relación a la protección y similitud del tipo de prestación, independientemente del soporte”, afirma Loreti a PáginaI12, sobre la regulación que se viene y que puso en alerta a la comunidad artística. “Cuando se pone en debate la discusión sobre la convergencia como si todo fuera lo mismo, el desfinanciamiento del sector audiovisual es uno de los riesgos. El otro es la desprotección de la industria audiovisual como industria cultural”, subraya. 

–¿Qué pasaría en el caso de que los cableoperadores pasaran a regularse como “servicios de telecomunicaciones”? ¿Continuarían obligados a tributar el gravamen que representa el 60 por ciento del Fondo de Fomento Cinematográfico del Incaa?

–Está anunciado que la voluntad del Poder Ejecutivo es esa. Los cableoperadores ya están contenidos de hecho las reglas de las empresas de telecomunicaciones, aunque atemperadamente, porque tuvieron que sacar resoluciones de reinstalación de reglas que estaban en la LSCA, por ejemplo la grilla, a la que acaba de ser agregada, por ejemplo, la señal de LN+. Como se dieron cuenta que el 267/15 tenía problemas serios, tuvieron que sacar la resolución 1394 del Enacom, que repone parte de las obligaciones. Lo que ocurre aquí es que no se puede regular sobre impuestos por Decreto de Necesidad de Urgencia. Entonces, el decreto 267, señala que “hasta tanto se sancione una ley que unifique el régimen de gravámenes establecido por las Leyes 26.522 y 27.078”, a los titulares de registros de servicios de Radiodifusión “continuará siéndoles aplicable exclusivamente el régimen de gravámenes previsto por la Ley 26.522”. Por eso los titulares de licencias continúan tributando. 

–Cosa que no ocurriría en el caso de que la demorada “Ley de la Convergencia” no contemple el gravamen presente en la LSCA.  

–Si uno se guía por los 17 principios que publicó el Enacom para la redacción de la nueva regulación, no queda claro. Allí se habla de comunicaciones “convergentes”. Pero los “convergentes” son los cableoperadores, a los que se los liberaría de las obligaciones que impone la LSCA. Sin embargo, en los 17 principios de la comisión redactora aparece la cuota nacional que las autoridades dijeron que no iría. Hasta no ver el proyecto, no sé que decir.

–Tras un año y medio del gobierno de Cambiemos, ¿cómo describiría a la política comunicacional?

–“Los medios van a competir libremente en el mercado y trataremos de ayudar a los más pequeños”, le dijo el Ministro de Telecomunicaciones Oscar Aguad a La Nación, el sábado 12 de diciembre de 2015. La política ha sido consistente con esa afirmación. Ahora, las condiciones fueron siempre más favorables para que se solidifique el mercado y se les complique a los más chicos. La re-regulación de los derechos del fútbol irán seguramente en ese sentido. Los primeros en sufrirlos serán los cableros del interior, aún cuando no ha habido ni audiencias publicas ni nada parecido a lo que obliga la ley. Claro, es que no hay Defensor del Público ni Consejo Federal de la Comunicación Audiovisual. Ya en Rosario, Teledifusora impugnó el decreto 1340/16 sobre “comunicaciones convergentes”. La media sanción del reparto de publicidad oficial permite que reciban publicidad quienes no producen contenidos. Todo tiende a verse como un negocio, contradiciendo claros estándares del sistema interamericano. A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los representantes del gobierno le dijeron que habría proyecto en breve, y acaban de anunciar un nuevo proceso de consulta por 180 días. Hay modos más rápidos de hacer “elaboración participada de normas”. De hecho, la propia Enacom usó ese proceso más de una vez.