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Acusado por dos camaristas de conducir sin norte la causa derivada de los Panama Papers y las compañías offshore contra Mauricio Macri, el juez Sebastián Casanello abandonó toda pretensión de hallar una brújula: se declaró incompetente. Su decisión coronó un año de dilaciones durante el que ni la Justicia ni la Cancillería acompañaron la pesquisa iniciada por el fiscal Federico Delgado tras una denuncia del diputado neuquino Norman Darío Martínez. Difícil hallar el norte sin buscarlo.
La incompetencia de Casanello es doble. Por un lado en relación con el presunto delito de omisión maliciosa de Macri al completar su declaración jurada patrimonial. Por otro lado en las cuestiones vinculadas, según palabras de Delgado, “a determinar si la ‘vida social’ de las empresas infringió algún tipo penal y, en ese caso, si Mauricio Macri tuvo que ver con la puesta en movimiento de ese comportamiento societal”.
De acuerdo con el juez, ahora las actuaciones deberían seguir en la Cámara en lo Penal Económico. Es una forma de decir que el centro de la sospecha dejó de ser el lavado de activos y pasó al ámbito de las posibles infracciones fiscales. El fiscal Delgado tiene la chance de apelar el fallo. En ese caso les corresponderá revisar el trámite otra vez a los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun, los mismos que a comienzos de marzo le achacaron falta de rumbo a Casanello.
Las empresas en cuestión son las offshore Kagemusha, creada en Panamá, y Fleg Trading, con sede en Bahamas. Las dos fueron inscriptas por Franco y Mauricio Macri.
Casanello citó a la Unidad de Información Financiera, la UIF. “No vemos en autos, ni teniendo en cuenta la información que obra en esta unidad, actos concretas que puedan tener virtualidad para configurar la hipótesis prevista en el artículo 303 del Código Penal de la Nación”, dijo la UIF.
La primera parte del artículo 303 del Código Penal establece que será “reprimido con prisión de tres a diez años y multa de dos a diez veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito”.
Para la UIF, y para Casanello, es un hecho importante que Fleg Trading haya sido dada de baja del registro de Bahamas por falta de mantenimiento en 2008. Para ambas instancias también fue clave que no hubiera sido posible “acreditar documentalmente la existencia de un pago de 9 millones de dólares de Fleg Trading a Socma SA”. Al no tener por probado ese pago tampoco “era posible tener por acreditada una hipotética inversión posterior, en cualquier empresa, particularmente en Martex do Sul, Mega Consultoría e Itron Brasil”. Para la UIF y el juez “de las participaciones accionarias den las empresas mencionadas no surgía elemento alguno que permitiera vislumbrar una hipótesis delictiva de lavado de activos”. Y para colmo no había un nexo causal entre la inscripción de Fleg en 1998 y la aparición en el firmamento de Owners do Brasil en 2007. Más aún: según Casanello “los exhortos diligenciados por la Justicia de Bahamas, Panamá, Brasil y Uruguay no habían aportado ningún dato relevante sobre la hipótesis sospechada, en tanto no se hallaron pruebas vinculadas con transacciones sospechosas, ni cuentas o movimientos bancarios de dudosa procedencia”.
El fiscal Delgado cuestionó en varios escritos la eficacia de la Cancillería argentina y de la brasileña para pedir y entregar información. También pidió la colaboración del Cuerpo de Peritos Contadores de la Justicia Nacional para que examinaran la documentación afectada al proceso y señalaran si el ‘grupo Macri’ asentó la salida de 9.300.000 dólares con el objetivo de constituir Fleg y si de alguna manera se registró la relación entre Fleg, Owners y Socma Americana en la AFIP.
PáginaI12 pudo saber a través de funcionarios judiciales que no hubo peritaje a fondo y tampoco una investigación profunda a cargo de la Justicia brasileña. Una hipótesis que circula en Tribunales apunta a una profecía autocumplida. Dice que como no hubo una búsqueda real de datos era seguro que los datos no aparecerían. Que como faltó asistencia para llenar los vacíos informativos, éstos quedaron vacíos por negligencia o por obturación. Añade esta línea de razonamiento que quizás incluso con todos los elementos a mano no hubiera habido elementos para procesar a Mauricio Macri. Y agrega que ahora quedará flotando la duda, justamente por la falta de colaboración sistemática dentro y fuera de la Argentina.
La causa comenzó a inclinarse cuando se presentó Franco Macri y se hizo responsable de cualquier irregularidad que pudiera haber. Fue la defensa de Macri la que impugnó en marzo el acercamiento amistoso de Solanas y Olmos.
“Tanto el representante del Ministerio Público Fiscal como el Sr. Juez han diversificado la pesquisa y a casi un año de su inicio sin avances cualitativos en lo que hace a la hipótesis inicial, han irrumpido sus límites desdibujándolos”, dijeron los camaristas de la Sala II.
La preocupación de Delgado fue quitar lo que definió como “velo societario” para descubrir el entramado de Fleg, la offshore que había funcionado como una fábrica de empresas.
El diputado del Frente para la Victoria Darío Martínez no solo hizo la denuncia inicial sino que durante un año siguió aportando elementos con documentación escrita y sugerencias de investigación. Su tono evitó prejuzgar. Eligió más bien sugerir vías concretas como la pesquisa sobre la fuga de divisas y la averiguación de la relación de las empresas del grupo Sociedades Macri y sus firmas satélites como un sistema completo de negocios.
