La Justicia porteña condenó por primera vez a un chofer de Uber a dos días de arresto e inhabilitación por dos meses de su registro de conductor, por conducir para una empresa no habilitada y usar un carnet no profesional para transportar pasajeros. El fiscal de Cámara Martín Lapadú, dispuso la condena en un juicio abreviado contra el chofer, y la sentencia que quedó en suspenso, fue homologada por la titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 16, Claudia Alvaro. El fiscal adelantó que están investigando “3800 registros de choferes a quienes estamos llamando a declaración indagatoria”.

El 22 de diciembre pasado, en un control de tránsito, al chofer G.E.D.M que conducía un vehículo particular marca Renault, modelo Sandero, le labraron un acta por transportar ilegalmente a un pasajero, a través del servicio de Uber.

Lapadú, el titular de la Unidad de Investigaciones Complejas Oeste, explicó a PáginaI12 que “a partir del acta se procedió a la investigación y el conductor se acogió al juicio abreviado. Son dos contravenciones las que se le imputan. La primera, al artículo 83, por actividad lucrativa en espacio público sin autorización, y la segunda, por exceso en el uso de la licencia de conducir, ya que no tenía registro profesional que habilita a transportar personas”. 

El informe de la Dirección Nacional de Licencias del Gobierno de la Ciudad señaló que a G.E.D.M se le otorgó, el 15 julio de 2015, una licencia para categoría B1, que autoriza a conducir automóviles, camiones y utilitarios hasta 3.500 kilos, pero no habilita al transporte de pasajeros, para lo cual, se requiere contar con la licencia categoría D.

Durante el juicio se comprobó además que el chofer recibió pagos por 4.361 pesos de la empresa Uber a través de la firma Payment SRL por prestar servicios de socio conductor a la empresa.

En este caso, Lapadú informó que la condena de dos días de arresto y la inhabilitación para conducir por el término de dos meses quedó en suspenso porque el conductor no tenía antecedentes.

Lapadú aseguró que “este primer fallo contra un chofer de Uber ratifica la ilegalidad de las actividades que realiza la empresa en la Ciudad de Buenos Aires, donde no tiene habilitación”, y adelantó que “hay 20 conductores que están requeridos de juicio, y no hicieron uso del juicio abreviado. Por lo que podrían tener penas de 10 días de arresto y dos años de inhabilitación. Además, tenemos 3800 registros de choferes a los que estamos llamando a indagatoria”.

El fiscal recordó que hace una semana la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas hizo lugar al pedido que realizó para que sean bloqueadas a nivel nacional las plataformas digitales a través de las cuales se accede a los servicios de Uber.

“Todavía estamos dentro de los diez días que tiene la empresa para apelar, pero si le rechazan el recurso de inconstitucionalidad se hace ejecutoria la orden para el bloqueo nacional”, explicó Lapadú. 

El fiscal resaltó que “cuando salió el primero bloqueo en la Ciudad de Buenos Aires, todas las prestatarias de esas plataformas dijeron que no tenían la posibilidad técnica de circunscribirlo a la Ciudad, pero sí podían realizarlo a nivel nacional.”, señaló.

No obstante, para el fiscal “no deja de ser llamativo que la empresa, más allá de la apelación que va a presentar, continúa con la actividad a pesar de que ésta es una orden de un tribunal. Pero es característico de esta empresa desafiar a la justicia. A los manteros se les aplica el mismo artículo, pero no tienen la misma suerte para evadir a la justicia, a ellos se les secuestra la mercadería y se los desaloja. Y, como en materia contravencional no hay prisión preventiva, lo que queda de forma inmediata  es el bloqueo. Pero además, en los próximos días estamos terminando las indagatorias en la causa contra los directivos de Uber que están acusados por infracción al artículo 83, y al 73 que es la violación de clausura que llevan adelante desde abril del año pasado, y que tiene penas de hasta 10 días de arresto”.

Finalmente, Lapadú señaló que está abierta la causa contra los directivos de Uber por evasión tributaria, que tiene pena de 2 a 6 años de prisión, y por lavado de dinero, que es reprimido con una pena de 3 a 10 años de prisión.