El Tribunal Oral Federal N° 1 condenó a seis gendarmes con penas de entre 8 y 12 años de prisión tras declararlas responsables de haber integrado una asociación ilícita para cobrar coimas a transportistas que organizaban viajes de compras a la zona de frontera. También fueron condenadas otras cuatro personas cercanas a los gendarmes, acusadas por encubrimiento. 

La sentencia, dictada anteayer por los jueces Marcelo Juárez Almaraz y Federico Díaz y la jueza Marta Liliana Snopek, fue en el marco de un juicio a once personas, siete gendarmes y cuatro miembros de su entorno, todos acusados de formar parte de una organización que cobraba coimas a empresas que llevaban a comerciantes en tour de compras. Uno de los gendarmes fue absuelto por aplicación del beneficio de la duda.

La principal condena, con una pena de 12 años, recayó sobre el oficial Ricardo Antonio Gil, que se desempeñaba en el Escuadrón 45, Salta, de Gendarmería Nacional. La sentencia se impuso como autor del "delito de asociación ilícita, en calidad de jefe y organizador". Y fue condenado también por el delito de concusión (cuando la coima o exacción la exige un funcionario) y además se lo inhabilitó de manera perpetua y se le impuso una multa de $777.082. Tanto la calificación penal y como el monto de la pena concidieron con el pedido del fiscal general Carlos Amad, a cargo del Área de Transición de la Unidad Fiscal Salta.

Los gendarmes Federico Andrés Báez, Guillermo Damián Tillería y la gendarme María Cristina Luján fueron condenados a 10 años de prisión, en calidad de miembros de la asociación ilícita en concurso real con concusión. También la gendarme Sofía Yanina Suárez fue condenada por los mismos delitos, pero a 8 años de prisión.

Mientras que el subálferez Roque Gonzalo Luján fue condenado a 8 meses de prisión de ejecución condicional más la inhabilitación por dos años para desempeñarse como funcionario público por el "violación de secreto, en grado de tentativa".

Salvo Suárez, los otros gendarmes condenados fueron inhabilitados de manera perpetua para ejercer cargos públicos y recibieron el mismo monto de multa. Por otro lado, el gendarme Roberto Juan Bautista fue absuelto por el beneficio de la duda.

Encubrimiento

Los jueces también condenaron a dos años de prisión condicional por encubrimiento a Gisel Paola Gil, hermana del principal condenado. La misma pena fue impuesta a Leonardo Torres, pareja de Luján; Emanuel Fernando Cruz, un cabo del Servicio Penitenciario de la provincia que es pareja de Suárez, y Adela Fleita, madre de los hermanos Gil.

En su alegato, el fiscal indicó que tanto Gisel Gil como su madre conocían las maniobras que llevaba adelante el oficial Gil, e incluso Fleita administraba y coordinaba el dinero que le enviaba su hijo. Respecto a Cruz y Torres, Amad sostuvo que estaban al tanto de las acciones ilícitas que llevaban adelante sus parejas y que incentivaban la continuación de esta actividad delictiva.

El tribunal también ordenó el decomiso de diez teléfonos celulares, una computadora, una bicicleta, dos aires acondicionados portátiles, un secarropa, dos consolas de juego, un horno microondas, un televisor Led de 55 pulgadas, un monitor Led de 21,5 pulgadas, una impresora, una heladera, una motocicleta de 250 cc y un automóvil Renault Megane.

Esto se viene a sumar a $388.541, que como los otros bienes, fueron secuestrados en allanamientos realizados a lo largo de la investigación del caso, llevada adelante por el fiscal general Eduardo Villalba, de la Unidad Fiscal Salta.

Debate en pandemia 

Esta investigación se inició el 27 de enero de 2017 y llegó a juicio el 15 de julio del año pasado, tres meses después de iniciada la pandemia, lo cual generó diversos contratiempos que fueron subsanándose a partir de la aplicación de protocolos sanitarios.

Así se estableció la realización de una audiencia con periodicidad casi semanal. El Ministerio Público Fiscal federal aseguró que la fiscalía logró ratificar a lo largo del debate la acusación contra los gendarmes y sus cómplices. Entre los elementos para sostener la acusación destacó las irregularidades detectadas en los controles en vehículos que formaban parte de los viajes de compras y la facilitación del comercio de mercadería ingresada ilegalmente al país.

La investigación en terreno, a cargo de la División de Investigaciones y Procedimientos Judiciales Salta de Gendarmería Nacional, estableció el radio de acción de esta actividad delictiva mediante intervenciones telefónicas y datos obtenidos mediante un “agente revelador”.

El fiscal Amad sostuvo que el oficial Gil, sus cómplices y los encubridores, "montaron una organización delictiva que tuvo como fin el cobro de dádivas o coimas a distintas empresas que transportaban a comerciantes".

Esta actividad se realizaba en la ruta provincial 5 y otras vías de tránsito en las localidades de Las Lajitas, en el departamento de Anta, y El Naranjo, en Rosario de La Frontera, ya en el sur de la provincia, antes del ingreso a Tucumán.

Amad señaló que los integrantes de esta organización solían interceptar los vehículos o colectivos de los distintos tours y según la carga que llevaban fijaban el monto en dinero u otra dádiva que era requerida para dejarlos circular, aunque se pudo establecer que la tarifa promedio oscilaba en $15.000.