Vecinos y vecinas del departamento de Orán, al norte de la provincia de Salta, presentaron un recurso de apelación y pedido de nulidad de la resolución 83/21, por la que el Ente Regulador de Servicios Públicos de la Provincia (Enresp) aprobó el incremento del 21,78% en las tarifas de luz. Aseguraron que Edesa, la empresa prestataria en todo el territorio salteño, otorga un servicio deficiente. 

Además, pidieron que se revea la tarifa que corresponde al municipio oranense, dado que se trata de una zona desfavorable. El recurso ya está en tratamiento en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo a cargo de Graciela Moreno. 

Domingo Sabag, uno de los abogados que presentó la acción judicial, recordó que participó en la audiencia pública obligatoria, no vinculante, que convocó el Enresp el 8 de enero, y en ella observó que todas las exposiciones rechazaban el aumento. Las razones expuestan indicaban que el servicio ofrecido por Edesa "no ameritaba bajo ningún punto de vista el aumento de las tarifas", dijo a Salta/12. 

La empresa pedía un aumento del 37%, pero el Ente terminó otorgando el 21,78%, "pese al servicio deficitario del norte", agregó el letrado. Aseguró que en el departamento de Orán, mensualmente sufren al menos 18 cortes de luz y padecen la baja de tensión 3 o 4 veces en el día. 

Orán es el segundo departamento más grande de Salta y suele tener temperaturas que oscilan los 40 grados en el verano. Además, presenta una desigualdad en el acceso a los servicios públicos, pues hay habitantes indígenas y criollos de barrios vulnerables que aún no cuentan con el suministro de energía eléctrica y agua, por lo que hay familias que se "cuelgan" del alumbrado público, en el mejor de los casos. 

Por esas razones, se presentó el recurso, ya que consideran que se trata de un "incremento abusivo" que no responde en "cantidad y calidad, a la eficiencia de los servicios públicos", dijo el abogado. A la presentación judicial se sumaron representantes de las Cámaras de Comercio y de Industriales Panaderos, más el Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio. También, autoridades de comunidades guaraníes de la zona y representantes barriales de Orán. 

Sabag reiteró que si bien las ponencias vertidas en la audiencia pública no eran vinculantes, el Ente no tendría que haber autorizado el aumento por las normas que rigen el marco regulatorio de los servicios públicos. Consideró que la entidad reguladora soslayó lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 6819 (Marco Regulatorio Eléctrico), ya que no resguardó que "las tarifas que apliquen los distribuidores deberán posibilitar una razonable tasa de rentabilidad si opera eficientemente".

En el escrito también se asegura que la suba se acordó "simplemente porque contractualmente correspondía hacerlo con total abstracción de evaluar la calidad del servicio", que, como reiteró el abogado, se trata de un servicio "deplorable, deficiente y hasta un insulto a la inteligencia de los usuarios". Además, se afirmó que el Ente, "por un prurito formal, se abstuvo de cumplir con su real y verdadera función", que es la de evaluar los servicios y proteger a los usuarios. 

Es por eso que se señala que con el nuevo aumento, los usuarios, que ya pagaban una tarifa por un mal servicio, ahora continuarán abonando "una tarifa más elevada por el mismo servicio deficiente". En ese sentido, se pidió la nulidad de la resolución porque el Ente cayó en "un vicio grave o grosero al encontrarse en discordancia" con las normas por las cuales fue creado. 

Sabag dijo que espera que ahora la jueza Moreno avale el procedimiento y no sólo analice que "no es claro el aumento", sino que vea en profundidad el reclamo por la prestación en sí. "El Ente debió advertir que no había un servicio favorable, y por lo tanto, ese acto (por la resolución) carece de entidad suficiente y esperamos que la jueza lo revoque", expresó el abogado. 

También incluyó en el reclamo la necesidad de que en Orán pueda aplicarse una tarifa diferencial por considerarla zona desfavorable. "Ya tenemos un clima adverso, a eso le sumamos el mal servicio y que además Edesa no da respuesta a los reclamos que hacemos como usuarios", indicó Sabag. De darse la nulidad de la resolución, la empresa debería volver a las tarifas de mayo de 2020, cuando se autorizó el último aumento registrado.