En la tarde de ayer, tras una breve reunión para limar asperezas con algunos integrantes de la Cámara alta y de esa manera firmar un único dictamen que incluía el de mayoría enviado por el Ejecutivo y el de minoría, de autoría del representante por el Frente de Todos, Manuel Pailler, se dio media sanción al proyecto para reformar parcialmente la Constitución Provincial.

Con el voto positivo de todos los legisladores, el gobernador dió un paso más hacia su tan ansiada reforma a pesar de las críticas que recibió de distintos sectores de la sociedad, como fundaciones; ONGs; el procurador de la Provincia, Abel Cornejo; el vicepresidente de la UIA, José Urtubey, y un vasto espectro de la política salteña.

Los integrantes de la Comisión de Legislación General del Senado mantuvieron cinco reuniones en doble turno en tan solo una semana, tres de ellas con algunos diputados invitados, y una en la que recibieron al propio Gustavo Sáenz acompañado del ministro de Gobierno, Ricardo Villada. En ese lapso analizaron el proyecto y realizaron algunas modificaciones para elevar un dictamen unificado.

Uno de los que más objeciones puso fue Manuel Pailler, que había presentado un dictamen en minoría reflotando un proyecto de su autoría en 2020. El legislador del Partido de la Victoria expresó su disconformidad con algunos puntos de la propuesta del Ejecutivo, entre ellos, la definición de las elecciones provinciales a dedo por parte del gobernador. Sin embargo, en la mañana de ayer, minutos antes de su tratamiento, todos firmaron la pipa de la paz, se adjuntaron los pedidos del senador por San Martín, y se elevó un único proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad.

Quizá por el apuro del Ejecutivo, y porque no eran temas de mucha trascendencia, el oficialismo accedió a modificar aquellos puntos referidos a los municipios y que habían hecho enojar a más de un jefe comunal, como la creación de la figura del vice intendente, o que ante la posibilidad de duplicar la duración del mandato de los concejales (hoy solo de dos años), esos cuerpos deliberativos se renueven por mitades. Algo que generaba mucho ruido en los 25 municipios que cuentan con solo tres integrantes.

Una de las propuestas es la de llevar todos esos concejos a un mínimo de 5 integrantes, pero todos esos detalles quedarán en manos de los convencionales constituyentes que serán elegidos el 4 de julio junto a las elecciones provinciales de medio término.

Entre los principales cuestionamientos a la reforma de la Carta Magna, se destaca la nula participación que tuvieron los diferentes sectores sociales para aportar sus opiniones y sugerir otras modificaciones, así como el poco tiempo estipulado para el debate. Desde las organizaciones de la sociedad civil como la fundación Volviendo a Casa, que dirige Isabel Soria, denunciaron la ausencia de voces “de las universidades, los partidos políticos, las organizaciones intermedias, las de mujeres y disidencias, de pueblos originarios, de los jóvenes, ambientalistas y personas con discapacidad”, y repudiaron la propuesta de la inamovilidad de los jueces de la Corte de Justicia provincial.

También se reclamó la falta de oportunidad para plantear un debate, por realizarse en medio de una pandemia, y en una elección también cuestionada por la fecha elegida, en pleno invierno y ante el riesgo de una segunda ola de coronavirus.

Las voces de los legisladores

En el recinto, Daniel Nolasco, como presidente de la comisión de Legislación General, fue el miembro informante para presentar el proyecto y argumentó a favor indicando que la reforma, sobre todo en los artículos que permiten las reelecciones ilimitadas en algunos cargos y de hasta tres veces para el gobernador, era una demanda de la sociedad que pedía restringir los mandatos.

En cuanto a quienes criticaron el tratamiento del proyecto, sostuvo que como representantes elegidos por el pueblo tienen la posibilidad de hacerlo, aseguró “que el momento perfecto nunca llega”, y acusó a quienes “quieren que no cambie nada” simplemente por el lugar de oposición que ocupan. A su vez, aclaró que los convencionales trabajarán ad honorem, en el espacio físico de la Legislatura y con su personal, “por lo que no representará gastos para el erario público”.

A continuación, Pailler explicó que tras el debate en comisión se llegó a un dictamen favorable y la consideró una posibilidad para que la Convención Constituyente trate una serie de temas que, “creo, son de la agenda de la gente”. “Estamos abriendo la puerta al debate y será la Convención Constituyente la que decida sobre los cambios y las modificaciones”, añadió, y llamó a los partidos políticos a presentar sus candidatos para ese fin y de esa manera tener mayor representatividad.

Guillermo Durand Cornejo defendió la decisión de que el cargo de juez de Corte sea inamovible aduciendo que de esa manera no dependerán del poder político que hasta aquí “los elegía a dedo cada seis años”. Y agregó que de esa manera, “el mismísimo gobernador” se autolimita a tener ese poder de elegir a los jueces que tiene hasta ahora.

Para Javier Mónico, se debería haber incluido en la reforma el proyecto de Ficha Limpia, “que es una gran demanda de la sociedad también para elevar los estándares de los candidatos a ocupar cargos políticos”. Con respecto a la Justicia, asumió que es muy difícil determinar cuál es el método para garantizar la independencia de los jueces, pero consideró que se debería pensar en modificar los procesos de selección y de poder también pensar en incluir minorías o grupos excluidos para esos momentos de elección.

Carlos Ampuero también señaló que la Ficha Limpia debería haber sido incluida entre las modificaciones y, al igual que Mónico, planteó que se debería cambiar el proceso de selección de los jueces y no su período en funciones.

Ampuero fue el único que puso en duda la relevancia de limitar las reelecciones, ya que para él, los períodos de mandato de los políticos, los decide la gente, “son elegidos, y nadie que hizo las cosas mal vuelve a ser electo”. De todas maneras apoyó la moción bajo el argumento de que serán los constituyentes los que realicen las modificaciones definitivas.

Tanto el senador por Iruya, Walter Cruz, como el que representante de Los Andes, Martín Arjona, hicieron mención a que les hubiese gustado que se incluyeran algunas modificaciones a favor de los pueblos originarios y su derecho a la tierra.

En tanto, que Silvina Abilés reconoció que se podrían haber incluido muchos temas vinculados con el género, los pueblos originarios y el ambiente, pero defendió esta reforma parcial planteando que “estos eran los temas que pedía el momento y la sociedad”. Y negó que la reforma se esté tratando a libro cerrado “porque aceptamos modificaciones como la de vice intendente o la de ampliar la cantidad de concejales”.

El turno de Diputados llegará el próximo 24 de febrero, y aunque para aprobar el proyecto se necesita de la mayoría agravada, es decir, los dos tercios de los votos, el Ejecutivo confía en su poder de lobby para que la reforma sea un hecho.

Lo que se reforma

El artículo 2 del proyecto plantea modificar los artículos relacionados a los mandatos de los tres poderes, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, así como el régimen municipal en cuanto al mandato de los concejales y darle más espacio a la oposición en la Auditoría General.

Si se sanciona, la ley habilita a los convencionales constituyentes a modificar en parte los artículos 95 y 103, que hablan de la cantidad de reelecciones de los legisladores provinciales; el 111, sobre la fecha de inicio de sesiones ordinarias en ambas cámaras (que se adelantaría un mes, del 1 de abril al 1 de marzo). También ordena modificar el artículo 140, sobre la cantidad de reelecciones de gobernador y vice; el 144, que adecua el informe a la Asamblea legislativa del mandatario provincial a la nueva fecha de inicio de sesiones ordinarias.

En materia judicial, se habilitará la reforma del artículo 156, párrafos 1 y 3, sobre inamovilidad de jueces de Corte y jueces inferiores. El artículo 169, que indica cuántos integrantes tendrá la Auditoría General de la Provincia, promoviendo su integración con 3 miembros de la oposición y 2 del oficialismo.

En cuanto al Régimen Municipal, el acuerdo establece reformar los artículos 170, sobre condiciones para la creación de nuevos municipios, pero no así el de elección de delegados municipales que estaba previsto en el proyecto inicial; el 171, para modificar el número de concejales por población representada, pero no avanzó el párrafo que hablaba de la creación de la figura del vice intendente, y el 172, sobre la duración del mandato de los ediles y cantidad de reelecciones a las que se pueden presentar (la idea es que sea de cuatro años y como en los demás casos, con una sola reelección).

Finalmente, se establece el mecanismo de elección de los convencionales constituyentes, y se faculta al Poder Ejecutivo a realizar la convocatoria a elegirlos fijando un plazo de 60 días después de su proclamación para completar la reforma de la Carta Magna.

Apoyo de partidos políticos oficialistas

En paralelo a la sesión, ayer partidos políticos que integrarán el frente saencista se reunieron para comenzar a delinear la alianza electoral, pero también dejaron asentado su apoyo a la reforma constitucional.

Según informaron desde el oficialismo, de la reunión formaron parte dirigentes en representación de unos doce partidos, entre los que se encontraban los que ya acompañaron a Sáenz en elecciones anteriores, más un par nuevas incorporaciones como el Partido Justicialista y PARES.