En la intrincada trama societaria de dueños y gerentes de dos emblemáticas empresas sin patrones hay tres personas que pasaron a ocupar despachos oficiales del gobierno de Cambiemos. La abogada de los propietarios que reclaman el edificio del autogestionado hotel Bauen, Susana Espósito, es comunera del PRO en Caballito. Los 20 pisos ubicados en Callao al 300 están valuados en unos 30 millones de dólares y pertenecen a Bauen Sacic y Mercoteles SA. En 2001 la primera se lo “vendió” a la segunda, que ahora reclama el edificio, pero casualmente el presidente de Mercoteles es el hijo de quien fuera titular del Bauen, Marcelo Iurcovich. Todo queda en familia, y en el apuro de desalojarlos habría poderosos intereses inmobiliarios de quienes pretenden recuperar un edificio construido con créditos otorgados por el ex Banade, que a junio del 2000 figuraban con una deuda de 85 millones de pesos en la nómina de esa entidad. En tanto, dos ex gerentes de la gráfica Donnelley, hoy cooperativa Madygraf, son funcionarios con altos cargos en la Casa de la Moneda. 

Espósito es abogada, escribana y licenciada en Seguridad, además de comunera de la Comuna 6, y junto a su esposo Ricardo Raúl Pedace, ex subjefe de la Policía Metropolitana, conduce un programa en la FM de radio Ciudad, la 2x4. En enero, Pedace pasó de la Metropolitana a encabezar la Agencia de Control Gubernamental de la CABA. En junio de 2006, Espósito firmó como apoderada de Mercoteles una solicitada, junto al apoderado Gerardo Palomero en nombre de Bauen Sacic, que denunciaba a los “ocupantes” y calificaba al proyecto de expropiación, que en aquel momento peleaban en la Legislatura, como carente de sustento “político, filosófico, práctico y jurídico”. Un año después, PáginaI12 reveló que es el mismo grupo Iurcovich que construyó el Bauen con un crédito del programa de infraestructura para el Mundial de Fútbol de 1978, abandonó el edificio, lo vendió dos veces. Ahora estaría a punto de recuperarlo si se ejecuta el desalojo que la jueza comercial Paula Hualde dispuso para el jueves.

En 2007, la justicia determinó que el hotel pertenece a Mercoteles y no al empresario Félix Solari, que lo compró en 1997 y quebró de 2001. Pero tampoco otorgó razón a la cooperativa de trabajadores que lo ocupa y explota desde 2003. El fallecido Iurcovich y sus herederos hicieron una fortuna durante la dictadura, y la consolidaron durante las intendencias de Carlos Grosso, Aníbal Ibarra y Jorge Telerman. Para lograrlo, se valieron de una telaraña de empresas a nombre de familiares y personeros de variadas razones sociales, dos offshores uruguayas y negocios en Brasil.

Cuando se constituyó Mercoteles figuraban a nombre de testaferros, hasta que la familia Iurcovich blanqueó ser dueña de esa empresa en el acta de cambio de autoridades de junio de 2009. Sin demasiado esfuerzo, la justicia habría podido comprobar que entre Bauen S.A. y Mercoteles S.A. hay un íntimo hilo conductor: los mismos personajes son familiares de Marcelo Iurcovich o aparecen alternativamente como directivos o apoderados en las dos empresas. Es decir, las dos firmas tienen los mismos dueños. 

“No son casos aislados, entre los deudores del Banade también estaba Luigi Zanon, son empresarios parásitos del Estado, capitalistas sin capital”, dijo Federico Tonarelli (Bauen-Acta). “Repudiamos cualquier acto de violencia que pudiera suceder a partir del 19, somos un grupo de trabajadores no un ejército y sólo defendemos lo que construimos en 14 años, un hotel al servicio de la comunidad. Sabemos que vendrán dirigentes y militantes de un muy amplio espectro político, es el apoyo que tiene la cooperativa, el que hizo posible la ley de expropiación vetada por Macri”.

Por otro lado, PáginaI12 verificó que Guillermo Lerario, gerente de Administración y Finanzas de la Casa de Moneda, y José Luis Lacoste, vicepresidente de esa Sociedad de Estado, fueron parte del directorio de la ex Donnelley. Además, el histórico abogado de esa multinacional, Diego García Vila, es legislador porteño por el partido de Graciela Ocaña en el frente con Cambiemos. “Todos amigos de Macri, quiebran empresas y los premian con cargos en el Estado o en las listas de sus partidos”, dijo Agustín Comas, uno de los abogados de la cooperativa Madygraf, ex Donnelley.