El Brasil gobernado por Jair Bolsonaro tiene una capacidad notable para producir malas noticias. A la pandemia que provocó más de 10 millones de contagiados y casi 250 mil muertos, ahora se suma un conflicto político impredecible. Un diputado nacional por Río de Janeiro, Daniel Silveira, aliado incondicional del presidente ultraderechista, fue detenido por el Supremo Tribunal Federal (STF). Los jueces lo acusan de reivindicar el Acta Institucional n° 5 de la dictadura con la que se inició la represión institucionalizada y de agraviar a varios de los integrantes de esa Corte. El legislador es un hombre con prontuario. Como policía militar lo sancionaron con prisión varias veces. Como cobrador de autobuses lo acusaron de falsificar certificados médicos. Pero se hizo famoso cuando destruyó un cartel con el nombre de Marielle Franco – la concejala y socióloga asesinada por un grupo paramilitar en 2018 - que había sido dado a una calle. Su porte de patovica y mirada desafiante intimidó hasta los efectivos que lo aprehendieron en Petrópolis. El caso quedó en manos de la Cámara Baja del Congreso, que debe tratar si apoya su pedido de libertad o avala la decisión del STF.  Este viernes votó por convalidar su prisión por 364 votos a favor, 130 en contra y tres abstenciones. Bolsonaro no se pronunció sobre el tema, pero sí sus hijos, aliados de este fascista con fueros que ahora está en serios problemas.

Silveira fue detenido el martes a la noche por una orden que firmó el ministro del STF, Alexandre de Moraes. Al diputado del PSL (Partido Social Liberal) que llevó a Bolsonaro a la presidencia lo arrestaron en su casa. Se mostró desafiante y discutió para colocarse un barbijo antes de ser conducido a la Superintendencia de Policía Federal. La prueba de la acusación que pesa sobre él está contenida en un video donde elogia el Acta Institucional n° 5 de la dictadura que profundizó la represión política en 1968 – cuatro años después del golpe de Estado – y ataca a varios miembros del Tribunal. Sobre todo a Edson Fachin, Gilmar Mendes y al propio Moraes.

Sobre el diputado federal además pesan causas por el financiamiento y organización de actos antidemocráticos en Brasilia y la propagación de fake news. Su dialéctica incendiaria se parece bastante a la de Bolsonaro, quien juró en el Congreso a la memoria de Carlos Brilhante Ustra, el torturador de la expresidenta Dilma Rousseff en pleno impeachment. Silveira se hizo conocido en las elecciones de 2018 cuando rompió el cartel que se le había impuesto simbólicamente a una calle con el nombre de Marielle Franco. Sacó apenas 31 mil votos pero el aluvión electoral que provocó la llegada de su líder al Planalto lo depositó en una banca del Congreso. Es abogado y profesor de Muay Thay o boxeo tailandés. A los 38 años se asemeja por su volumen físico a Dwayne Johnson, el actor estadounidense más conocido como La Roca. Las ideas que profesa hacen juego con ese apodo. Son de la Edad de Piedra.

Jair Krischke, presidente del Movimiento de Justicia y DD.HH de Brasil, le explica a Página/12 que Silveira “eligió un discurso de odio y violencia, claramente en contra de los derechos humanos. Es un clásico ‘miliciano’, de los más cercanos a la familia Bolsonaro”. La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos Paulo Evaristo Arns – que lleva el nombre del célebre obispo brasileño – se pronunció en un documento: “La libertad de expresión es un pilar del estado de derecho, pero no encaja con la propagación del odio y el claro incentivo a la violencia. La inmunidad parlamentaria protege la democracia y no puede ni debe utilizarse para atacar el estado de derecho”.

En el video que fue tomado como prueba para detener a Silveira, según la prensa brasileña el imputado dice, entre otras frases, que los once integrantes del STF “no sirven para este país”, que “no tienen carácter, ni escrúpulos ni moral” y deberían ser reemplazados por “once nuevos ministros”. También increpa en primera persona al juez Fachin, quien parece ser su principal blanco: “Quiero verte, Fachin. Tú, Alexandre de Moraes, Marco Aurelio Mello, Gilmar Mendes, el que suelta a los bandidos todo el tiempo. Cada vez que da un habeas corpus, vende un habeas corpus, vende sentencias”, lo acusó imputándole un delito.

La conducta de Silveira generó repudios en casi todo el arco político y tan solo algunas expresiones de apoyo del clan Bolsonaro. La jefa del bloque del PcdoB en la Cámara Baja, aliado del PT en las presidenciales del 2018, Maria Perpetua de Almeida, comentó: “Este diputado es un irresponsable. Todavía no ha entendido cuál es su papel en el parlamento. Si depende de mí, lo llevamos al Consejo de Ética. Por eso es posible tener un presidente que diga que ‘el pueblo necesita armarse para enfrentar las órdenes de los gobernadores’, que alienta a sus seguidores, incluidos los diputados federales, a quebrantar la Constitución… Es la certeza de la impunidad, pero hay que castigarla”.

Las críticas también llegaron desde el DEM (Demócratas) que fue aliado de Bolsonaro para los comicios. “Es un caso muy delicado, movilizó mucho al Congreso, al Tribunal Supremo, a la sociedad en su conjunto. Todos tenemos que ser responsables de lo que decimos y hacemos. Más aún los parlamentarios. No podemos confundir inmunidad con impunidad. Tenemos para delimitar hasta dónde llega la inmunidad parlamentaria”, afirmó Juscelino Filho, presidente del Comité de Ética de la Cámara de Diputados que en sesenta días podría definir si destituye a Silveira.

El jefe de la bancada del PT en la Cámara Baja, el diputado por el estado de Paraná, Enio Verri, adelantó que su partido pedirá la salida del Congreso del ahora detenido. El PSOL, un frente de izquierda con representación parlamentaria, hará otro tanto. El único espacio que respaldó a Silveira es el del presidente Bolsonaro. Su hijo Eduardo, legislador por San Pablo, anticipó que votaría “por la liberación del diputado federal Daniel Silveira en nombre de las garantías de inmunidad parlamentaria, libertad de expresión y el debido proceso legal…” Es el mismo que en enero pasado fue condenado a indemnizar por injurias a la periodista Patricia Campos Mello. Un juez de primera instancia falló que debería pagarle unos 30 mil reales (5.600 dólares de entonces). Eduardo la acusó de propagar noticias falsas a cambio de un ascenso en el diario Folha de San Pablo.

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