Productores agroecológicos, asambleas socioambientales, académicos y pueblos indígenas realizaron una presentación judicial colectiva de amparo ambiental para frenar el cultivo de trigo transgénico en Buenos Aires y que el gobierno bonaerense evalúe los riesgos y daños de los transgénicos. El trigo modificado genéticamente (de la empresa Bioceres-Indear) fue aprobado en octubre pasado y recibió el rechazo de más de mil científicos del Conicet y de universidades públicas, que alertaron sobre los riesgos para la salud y el ambiente. La causa tramita en el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil 2 de Mar del Plata, a cargo de Néstor Adrián Salas.

“Un trigo de libertad” es el nombre de la demanda que presentaron más de cuarenta productores agroecológicos, comunidades indígenas y organizaciones socioambientales para detener el cultivo del trigo transgénico “HB4” en el territorio bonaerense.

La acción judicial fue presentada en diciembre pasado, quedó caratulada como "Arisnabarreta, Gabriel y otros c/Provincia de Buenos Aires s/amparo colectivo" y solicita que el transgénico no sea cultivado en Buenos Aires por no poseer la declaración de impacto ambiental (prevista en la Ley provincial 11.723) ni “licencia social”. La presentación también reclama que el Poder Ejecutivo provincial reglamente el funcionamiento de la Comisión de Biotecnología y Bioseguridad Agropecuaria de Buenos Aires (creada por la Ley 12.822,), espacio que debiera evaluar los riesgos y daños de los transgénicos y elaborar un informe final para que el Poder Legislativo elabore normas sobre el tema.

La semana pasada, el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil 2 de Mar del Plata, a cargo del juez Néstor Adrián Salas, declaró la admisibilidad (implica que el Poder Judicial debe tratar la problemática de los transgénicos, en particular la liberación del trigo transgénico) de la acción colectiva de amparo ambiental.

Gabriel Arisnabarreta, productor agroecológico e integrante de la organización Ecos de Saladillo, explicó que recurrieron a la acción judicial porque, entre otros motivos, la aprobación del primer trigo transgénico “significa una profundización del modelo del agronegocio con consecuencias ya conocidas, más deforestación, mayor pérdida de biodiversidad, contaminación con agrotóxicos, pérdida de semillas nativas y criollas, enfermedades crecientes en los pueblos fumigados, residuos de agrotóxicos en los alimentos y en el agua, expulsión de campesinos, producción y tierra cada vez más concentrada”.

“Es incomprensible que en medio de una pandemia íntimamente relacionada con la destrucción del ambiente se profundicen aún más acciones que atentan contra la salud del ambiente y de los territorios, y que además ignoren por completo a los pueblos que sufren las consecuencias”, destacó Arisnabarreta.

El juez Salas también dio intervención al Defensor del Pueblo y convocó al Consejo Provincial de Asuntos Indígenas (de la Secretaría de Derechos Humanos). La medida cautelar, de freno al cultivo en la provincia, fue rechazada y deberá ser decidida por la Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata.

Ningún país del mundo autorizó el cultivo y consumo de trigo transgénico. En 2016, el Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria (Senasa) le dio luz verde. En 2018 fue el turno de la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia). Ambos organismos son denunciados por organizaciones socioambientales y científicos independientes por su alianza con las empresas transgénicas. Ni Senasa ni Conabia realizan estudios propios sobre transgénicos y agrotóxicos, solo validan los presentados por las compañías que los comercializan. Otro elemento cuestionado: los informes de aprobación de transgénicos son confidenciales.

En octubre fue autorizado por la Dirección de Mercados del Ministerio de Agricultura y publicado en el Boletín Oficial. En un hecho inédito, se condicionó su liberación total a la aprobación de Brasil (principal comprador del cereal argentino).

El trigo transgénico fue desarrollado por la científica del Conicet y de la Universidad del Litoral Raquel Chan, al servicio de la empresas Bioceres-Indear (Instituto de Agrobiotecnología de Rosario), compañía donde confluyen multimillonarios como Gustavo Grobocopatel y Hugo Sigman, y empresarios de Aapresid (Asociación de Productores de Siembre Directa). La promesa principal es que la modificación genética le otorga resistencia a la sequía. También implica que puede usarse, además de glifosato, el cuestionado herbicida glufosinato de amonio.

La presentación judicial cuenta con fundamentos científicos-técnicos de media docena de investigadores, desde agronónomos hasta toxicólogos, médicos y genetistas.

En diciembre pasado se hizo pública una carta abierta al gobierno nacional de más de mil científicos del Conicet y de una veintena de universidades públicas. Académicos de las más diversas disciplinas y de todo el país cuestionaron duramente la nueva semilla transgénica, que impactará directamente en la mesa de los argentinos: el trigo es la base del pan. “Esta autorización remite a un modelo de agronegocio que se ha demostrado nocivo en términos ambientales y sociales, causante principal de las pérdidas de biodiversidad, que no resuelve los problemas de la alimentación y que amenaza además la salud de nuestro pueblo confrontando la seguridad y la soberanía alimentaria”, afirmó el escrito.