"Estamos entregando el Caribe a Funes", se ufanó un ejecutivo al presentar el mayor barrio privado de la provincia que ya se proyecta en la Ciudad Jardín y que ha levantado el alerta de vecinos y de parte de la oposición parlamentaria al intendente Roly Santacroce. Es que implica la urbanización de 156 hectáreas en el noroeste del ejido, y deja adentro el cauce del canal Salvat, vía de escurrimiento pluvial de los alrededores que han demostrado ser zona inundable. Las vecinales temen que el Caribe prometido a los inversores, signifique mayor impacto ambiental negativo.
El proyecto ya se promociona bajo el nombre de barrio Vida III, o Vida Lagoon, encarado por las firmas Rosental Inversiones y Rosetti Desarrollos Inmobiliarios, RR SA. Son 156 hectáreas del predio conocido como Estancia La Polola, entre la vía del ferrocarril y el barrio Funes Town, en el noroeste del ejido municipal. Noventa hectáreas destinadas a lotes de 600 y 1200 metros cuadrados, a razón de 125 dólares el metro, y el resto para áreas comunes y verdes, donde destaca el proyecto de una "laguna crystal" o espejo de agua de 23.000 m2, playa y apta para deportes náuticos. Pero algunas vecinales pusieron el grito en el cielo cuando advirtieron que el proyecto deja dentro del barrio a la traza del canal Salvat, y que la sociedad RR ya comercializa los lotes pese a que no hay estudios hídrico ni de impacto ambiental aprobado por el Ministerio de Ambiente provincial.
En estas circunstancias, el concejal de Unidad Popular, Mauro Miguez, presentó la semana pasada con vecinos de la zona un pedido a la cartera de la ministra Erika Gonnet para que intervenga y fiscalice, haga cesar el avance del proyecto y haga cumplir la ley provincial N°11.717. Esto es, que no haya movimiento de suelos ni venta de terrenos hasta que no se realicen los estudios ambientales que exige la legislación vigente.
Desde el Ministerio de Ambiente se informó que se recibió el pedido de los vecinos y que ayer estaba en instancias de evaluación.
"Objetamos la cuestión hídrica y la afectación del entorno natural. Porque sobre la zona norte de Funes nunca se hicieron barrios privados de esta escala, todos se hicieron en el sur. Y este será el más grande de toda la provincia: 156 hectáreas y se comen la traza de un canal de escurrimiento tan importante como lo es el Salvat", se alarmó Miguez en diálogo con Rosario/12. El temor es que la zona es inundable, como los cada vez más habitantes de las inmediaciones lo comprobaron en 2007, 2012 y 2013.
"Con un grupo de vecinos organizamos una presentación al Ministerio de Ambiente para que no se avance hasta que no esté hecho los estudios de impacto hídrico y ambiental. La ley dice que cuando hay canales cerca o están en juego recursos ambientales debe haber, antes de los movimientos de suelo y venta de lotes, un estudio ambiental que hoy no existe", remarcó el edil. Uno de los dos que votaron en contra del proyecto. El otro fue el del Frente Progresista. A favor votaron los dos concejales del justicialismo, alineados con el intendente Santacroce, y los dos de Juntos por el Cambio.
La aprobación en el Concejo ocurrió en la última sesión de diciembre, y el trámite fue tan expreso como el de otra urbanización que levantó polémica: el del barrio Las Fincas, que se come parte del futuro Parque Regional Ludueña, junto al arroyo homónimo y cerca del estadio mundialista de hóckey. Este desarrollo, también promovido por el Ejecutivo funense, es impulsado por la bodega Casa Araujo, las firmas Rosental, Rosetti y el multimedios La Capital.
"Exigimos al Ministerio que haga cumplir la ley, y no le permita al desarrollador movimientos de suelo ni modificaciones en la traza del canal, porque proyectan una laguna cristal, con lo que eso implica. Y no le permitan realizar operaciones de venta hasta que los estudios definitivos estén concluidos", recalcó Miguez.
Hasta donde averiguó el concejal, no hay antecedentes en el país de urbanizaciones privadas que contengan en sus dominios la traza de un canal público que sirve de drenaje pluvial. Eso es lo que despierta la inquietud de las asociaciones vecinales de la zona, porque no está claro cómo hará el Estado provincial para garantizar el correcto saneamiento y dragado de ese curso de agua. Temen que esta urbanización altere el equilibrio hídrico de la zona, ya de por sí en crisis paulatina por el famoso proceso de impermeabilización de la superficie, que ocurre en la región desde hace algunos lustros, con la multiplicación de nuevos barrios en tierras que antes eran rurales.