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La economía argentina ha acentuado su rasgo bimonetario con elevada inflación. Es un régimen que exige un mayor esfuerzo de reflexión para abordar esta complejidad que no se encuentra en otra economía de ingreso medio.
La inflación no es sólo un fenómeno multicausal, sino que, luego de tantos años de niveles elevados y de estrategias diferentes, las medidas para encararla requieren de una mayor amplitud conceptual para no quedar atrapados de postulados teóricos estrictos, ya sean ortodoxos o heterodoxos.
Esta necesaria flexibilidad tiene su origen en que tasas de inflación persistentes muy por encima del promedio mundial, en un largo periodo de niveles bajísimos, exige un análisis bastante más amplio que culpar a formadores de precios, sentenciar que la culpa es de la emisión monetaria o que exclusivamente se debe a la suba de costos y puja distributiva.
Estabilidad
Una determinada explicación que podía ser relativamente apropiada en años anteriores hoy puede mostrar menor relevancia. Las modificaciones, para peor, en el funcionamiento de la economía, en especial por la profundización del régimen bimonetario, demanda una mayor exigencia para el diseño de una estrategia antiinflacionaria.
Con décadas de predominio de un discurso y práctica conservadora, con escasos años de desafío a esos postulados desde la gestión, el manejo de las expectativas de los agentes económicos acerca de la cuestión fiscal y monetaria pasó a ocupar un lugar privilegiado.
El kirchnerismo de la primera etapa consolidó su base económica con el discurso de los superávit gemelos (fiscal y comercial), que fueron resultado de la fase del ciclo económico de recuperación luego de la gran crisis 1998-2002 y no de una estrategia deliberada.
La holgura fiscal, en la economía argentina, mostró que brinda mayor autonomía política, lo que deriva en la necesidad de exhibir senderos de gastos-ingresos que sean aceptados por los agentes económicos aunque no sean los ideales para las posibilidades de expansión.
La política fiscal y monetaria expansiva, pese a que en los años kirchneristas ha resultado conveniente para la actividad y mejorado sustancialmente la tasa de ganancias, es rechazada por el poder económico.
La secuencia de la intervención pública, en el caso de que se pretenda consolidar un proyecto de crecimiento con inclusión social, pasaría por conseguir esa fortaleza fiscal para tener mayor capacidad de disciplinamiento sobre los agentes económicos. El camino inverso demostró sus limitaciones.
Considerar, por lo tanto, conservador u ortodoxo al ministro Martín Guzmán porque plantea un déficit fiscal de 4,5 por ciento del PIB en 2021 y moderación monetaria no toma en cuenta las relaciones de fuerza existentes.
En una economía que ha acentuado su rasgo bimonetario los márgenes fiscales y monetarios se han estrechado aún más. Es un dato de la realidad más allá del deseo.
La necesidad de una política económica ordenadora de la macroeconomía es una condición necesaria de la estabilidad, pero no suficiente para reafirmar una estrategia antiinflacionaria.
La estabilidad macroeconómica no es ortodoxa o heterodoxa; lo que es diferente es que la primera no tiene como objetivo el bienestar general ni la mejor distribución del ingreso, mientras que para la segunda van de la mano estabilidad con justicia social. Esta es la diferencia relevante.
Mercado cambiario
La estabilidad macroeconómica para el manejo de las expectativas de los agentes económicos es necesaria además para tener control sobre un frente clave en una economía bimonetaria con un régimen de inflación elevada: el cambiario.
Los shocks inflacionarios fueron consecuencia de crisis del sector externo que derivaron en fuertes devaluaciones. La traslación a precios del ajuste del tipo de cambio es cada vez más rápida a medida que se van reiterando las crisis, agudizando de ese modo el rasgo bimonetario de la economía.
El encadenamiento de este proceso muestra los muy estrechos márgenes de autonomía de la política económica, lo que vuelve imprescindible apropiarse de un sendero macroeconómico que permita tener bajo control las expectativas (en especial, la cambiaria) de los agentes económicos. La colonización de éstos con postulados ortodoxos, incluyendo pymes y dirigentes sindicales, hace más complejo el manejo de la política monetaria y fiscal.
Como se mencionó, la necesaria expansión, que beneficiaría a empresas y trabajadores, se topa inmediatamente con la advertencia del peligro del desborde de las cuentas públicas, como también del riesgo inflacionario por la emisión monetaria.
Pese a que existe evidencia empírica de que los shocks inflacionarios no tuvieron ese origen, se sigue repitiendo como mantra. Más bien fueron por crisis del sector externo con un stock de reservas frágil que derivó en fuertes devaluaciones. Este ajuste del tipo de cambio se trasladó rápidamente a precios.
Brecha
El mercado cambiario es clave entonces por tres vías: 1. Expectativas. 2. Fijación de precios de insumos clave de la cadena de producción. 3. Dolarización de las ganancias.
Frenar la corrida de septiembre y octubre pasados y luego dominar el mercado cambiario han sido una potente medida antiinflacionaria. Pese a ello hubo un salto en los precios y esto se debió a las expectativas de devaluación, que provocaron remarcaciones preventivas no anuladas luego de que el equipo económico ganara la pulseada cambiaria. Esos aumentos de precios sirvieron entonces para acelerar la recuperación de márgenes de ganancias de la mayoría de los sectores luego de superar los peores meses de la pandemia.
Conseguido el objetivo de controlar el mercado cambiario, como Guzmán puede mostrar en estos primeros meses del año, el paso siguiente es que el tipo de cambio oficial no sea una fuente de presión inflacionaria, como lo fue en 2020.
Bajar la nominalidad del tipo de cambio es una iniciativa básica para disminuir la tensión en los precios de una economía bimonetaria, y desalentar de ese modo las remarcaciones. Con una brecha cambiaria debajo del 60 por ciento, con dólares financieros cotizando menos que el denominado "dólar solidario, se abre la oportunidad de eliminar el 35 por ciento a cuenta de Ganancias y Bienes Personales. Es una posibilidad para bajar la nominalidad y empezar a converger hacia una brecha máxima del 20 por ciento.
Presión
Con una brecha cambiaria reducida resulta más cómodo instrumentar una estrategia antiinflacionaria. En una economía bimonetaria lo que pase con el dólar define mucho el recorrido de los precios.
El año pasado, el Gobierno subió el tipo de cambio casi 5 puntos porcentuales por encima del índice de precios al consumidor. La inflación general fue de 36 y el dólar oficial subió 41. O sea, la política cambiaria fue una fuente sustancial de inflación.
El equipo económico afirma que tiene espacio para desacelerar el aumento de la paridad cambiaria para no alimentar alzas de precios a nivel general.
Guzmán adelantó que el objetivo oficial para este año es subir el dólar 25 por ciento, con una previsión de inflación de 29 por ciento. Más allá de esas cifras, el equipo económico frenó primero la corriente que apostaba a una fuerte devaluación, luego logró estabilizar el mercado cambiario y ahora disminuiría el ajuste del dólar oficial. Este combo en el frente cambiario forma parte de la política antiinflacionaria.
Guzmán sostiene que el tipo de cambio oficial a fin de año será de 102,40 pesos. ¿Ese precio significa atrasar o no el tipo de cambio? El ministro asegura que la paridad se va a mantener sin atraso en relación a la vigente a fin de 2019. O sea, los cinco puntos porcentuales ganados en 2020 en el tipo de cambio real serán compensados con cinco puntos en este año.
De ese modo no habrá atraso cambiario ni se está acumulando una olla a presión que explotará después de las elecciones, como atemorizan economistas mediáticos expertos en equivocarse.
La actual política cambiaria más que atrasar la paridad lo que hace es morigerar que el dólar sea una fuente de presión inflacionaria.
Materias primas
En esta instancia irrumpe otro factor perturbador de los precios en una economía bimonetaria: el alza de las materias primas de exportación. Como si el panorama arriba descripto no fuese bastante complejo, la principal canasta de productos de exportación del país es la misma del consumo de las familias.
Desde el último trimestre de 2020, los precios internacionales de los cuatro cultivos claves (soja, maíz, trigo y girasol) aumentaron de 50 a 60 por ciento. Esas subas se trasladan a los precios de los alimentos si no se aplican medidas que permitan separar la evolución de esos precios internacionales de los domésticos.
Las retenciones son efectivas en esa misión pero después del triunfo político, económico y cultural de 2008 y con el gobierno conservador de Macri que las eliminó menos la de la soja –aunque al final de su mandato, desesperado, las reestableció-, la posibilidad de utilizar esa herramienta quedó muy limitada.
El alza de los precios internacionales de las materias primas de exportación, al igual que el petróleo pese a que existen otros factores en la definición del precio de los combustibles en el mercado local, es otra fuente de presión inflacionaria.
Sin embargo queda claro que en este contexto internacional favorable continuar con devaluaciones diarias, o sea elevando la paridad cambiaria, es un doble beneficio para el complejo agroexportador.
Son dos factores que impulsan al alza la tasa de inflación, además de consolidar una renta adicional a favor de una minoría que se reconoce poderosa porque es dueña de la mayoría de los dólares comerciales. Y que la consigue a costa de un aumento sostenido de los precios que afecta a la mayoría de la población.
Puja distributiva
En este recorrido para describir la complejidad de la dinámica de precios aparece una cuestión estructural, que se encuentra en cada uno de los factores antes mencionados: la puja distributiva.
La orientación de las políticas fiscal, monetaria y cambiaria resume la relación de fuerzas entre agentes económicos (fundamentalmente, empresas y trabajadores).
La presión por el lado de los costos (dólar, tarifas y salarios) es eminentemente una expresión de un conflicto distributivo y, por lo tanto, es política.
Cómo se defina cada uno de esos precios determinará cuál es la elección política acerca de a quién beneficiar. Esa decisión tiene su reflejo en la tasa de inflación a nivel general puesto que esos precios básicos definen la evolución del resto.
A esta altura vale una mención al comportamiento de los formadores de precios y a las estructuras oligopólicas en áreas sensibles. El control de esos mercados y la sanción de abusos son herramientas indispensables pero no marcan el ritmo de aumentos generales de precios.
Sí influyen sobre los niveles de precios y en la generación de expectativas al alza, pero no son un factor estructural de la inflación, lo que no implica que no sean necesarias las políticas de administración de precios.
La puja distributiva en la economía argentina resulta más intensa por una cuestión estructural, que fue la constitución de una base industrial sindicalizada y con gremios poderosos que, pese a la sucesión de crisis que fragmentó y debilitó un mercado laboral que además se hizo heterogéneo, sigue manteniendo una capacidad de negociación superior a la de otros países con cierta tradición de organización sindical.
La mayoría de los economistas dice que la inflación es multicausal, lo que es cierto pero también debería empezar a estudiar cómo abordarla teniendo en cuenta que se despliega desde hace varios años en la excepcionalidad de un régimen bimonetario de una economía de ingreso medio.
