Símbolo de una década nefasta, Carlos Menem no defraudó a quienes buscaban imponer en Argentina un Estado eficiente. El anterior, que todavía administraba de forma unitaria empresas, bienes y recursos nacionales en función de su población, fue definitivamente desmembrado durante la década del noventa. La pintada de la foto no es casual. Hace unos años se la podía encontrar solitaria, como un penitente, en la inmensidad de planos y montañas al norte de los Valles Calchaquíes. Más precisamente, en el pueblo de Palermo, por un camino alternativo que lleva a Cachi. Tampoco el lugar donde se encuentra es azaroso. Los pobladores de Palermo son los únicos de los Valles a quienes el Estado salteño de los años 80 tramitó títulos registrales y permisos de agua por igual. En la década siguiente, el enroque menemista público-privado entregó a las ONGs la gestión del espacio. En la zona, la agencia de extensión del INTA desapareció, al agua la administran consorcios, y nuevos administradores asumen roles abandonados.
La última gran novedad en el alto vallisto es un proyecto financiado por la Unión Europea. Se trata de una subvención de poco más de 730 mil euros para el denominado “Proyecto Alto Valle Calchaquí - Gobernanza ambiental para colaborar con la mitigación del cambio climático”. Fue concedida a finales de 2017 a la Fundación Runas y la Fundación Grupo El Abra. Explican en su sitio web que están acompañadas por un grupo de asociados: los cinco municipios del Alto Valle Calchaquí (La Poma, Payogasta, Cachi, Seclantas, Molinos), y “otras entidades provinciales de relevancia con competencia en la materia como la Universidad Católica de Salta, el Colegio de Arquitectos, la Fundación Pro Mujer, Aguas del Norte y el Gobierno de la Provincia de Salta a través del Ministerio de Gobierno”.
En la alianza estratégica, la Fundación Runas es la más antigua. Obtuvo la personería jurídica en 2010. Su cara visible es Liliana Guitián, que desde la vicepresidencia complementa roles con su cargo de consejera en el Partido Justicialista salteño. Entre 2015 y 2017 la Unión Europea subvencionó “Nueva cultura del agua”. Ese proyecto financió en Cachi y Guachipas la construcción de pozos de agua. La propia Unión definió aquella experiencia como “un primer ejercicio en el camino de la gobernabilidad del territorio”. El Proyecto Alto Valle es el segundo, aunque ahora bajo la consigna “procesos inclusivos de política pública” para la “conservación de ecosistemas saludables y funcionales, (...) una promoción de sistemas de producción ambientalmente sostenibles (...), y mecanismos de gobernanza ambiental efectivos que incluyan la temática mujer rural”. Gobernanza -nueva jerga- tres décadas después, aunque con la cancha abierta tras el tendal que alcanzó a los Valles.
Una de las novedades es que buena parte de los actores (provinciales, municipales, socios) acordaron trabajar en la creación de una micro región. Un deja vú que recuerda a uno de los polémicos proyectos de Menem presidente: la regionalización del país. Por lo tanto ¿qué hacen tantas fundaciones? ¿qué ofrecen además de ciertas líneas de financiamiento? ¿se delega en ellas la gestión territorial? ¿hasta dónde llega el Estado?
Un proyecto y un plan
A finales de julio de ese año la Provincia firmó con las fundaciones “un convenio de cooperación recíproca para promover y concretar el desarrollo territorial del Alto Valle Calchaquí”. Esta vez la cara visible en la ceremonia fue Guadalupe Noble, por la Fundación Grupo El Abra. Probablemente, porque Liliana Guitián se desempeñaba como subsecretaria de Seguridad Social en la Secretaría de Modernización del Estado salteño. El parte de gobierno de Juan Manuel Urtubey explica que los nuevos lazos se creaban para “el asesoramiento mutuo en la elaboración de documentos, proyectos de leyes, normas, protocolos y la realización de acciones conjuntas tendientes a proteger, conservar y desarrollar la puesta en valor de su patrimonio natural y cultural”. Para la Unión Europea la parte normativa es clave, por eso insiste en consensuar normas muncipales y un anteproyecto de ley provincial que sirva de marco para la aplicación de programas y proyectos. Los dos últimos ya fueron definidos.
A nivel macro, el proyecto tiene tres ejes. Uno es el patrimonio cultural y natural, la estrella del proceso en marcha. Maneja conceptos desde la mirada sistémica - holística. Los otros dos son ambiente –la razón de la subvención- y género orientado al empoderamiento de la mujer rural. Del primero y en retrospectiva, Guadalupe Noble es quien promovió encuentros claves. Destacan dos: “Patrimonio Cachi”, en octubre de 2012, y el taller “El paisaje cultural en el Alto Valle Calchaquí y sus componentes vitivinícolas”, en octubre de 2018. El último fue parte de una serie de cursos que ofrece la Cátedra Unesco en la Universidad Nacional de Tres de Febrero. En los dos aparece un nombre en particular: Silvia Fajre. La arquitecta salteña ocupó la Secretaría de Cultura entre 2006 y 2007, durante la jefatura de gobierno de Jorge Telerman en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 2019 ganó la consultoría con su firma Fajre&Asociados, para un Plan de Desarrollo Territorial. Es la parte más ambiciosa del Proyecto del Alto Valle. Con el jugoso contrato se completan los 800 mil euros que invierte la Unión Europea en el Norte Argentino.
Durante la primera semana de febrero las fundaciones presentaron en Cachi los resultados del trabajo que desarrolla la consultora desde 2019 en territorio. Esa tarea consistió en diagnosticar y categorizar usos del suelo para mapear áreas protegidas y a proteger. A partir de los tres ejes transversales del Proyecto Alto Valle, la consultora organizó resultados en 13 programas y 49 proyectos. Sobre los últimos, “no tenemos dinero para llevarlos adelante, esa es la verdad”, aclaró Fajre a Salta/12. “El dinero que nos dió la Unión Europea es sólo para financiar el plan territorial”, completó en otro momento Guadalupe Noble. Liliana Guitián dijo que maneja líneas de financiamiento a terceros y relató brevemente cómo vincula distintos niveles del Estado. Sus sitios web y redes sociales reflejan iniciativas que se seleccionan según líneas definidas (cursos de marketing digital, un documental, moneda verde).
¿Dejar hacer, dejar pasar?
En la lectura de resultados resalta lo invisible que es para las fundaciones y para la Unión Europea la cuestión comunitaria indígena diaguita calchaquí. “La ley es perfectible y a este proyecto hace falta que se lo apropie la gente. Las comunidades tienen siempre la puerta abierta”, dijo Liliana Guitián desde Cachi. “Lo que pasa es que todavía no hay una ley de propiedad comunitaria indígena. Cuando se modificó el Código Civil sin una ley que la reglamente, se generaron grises que solo crean más división”. En su opinión, “tenemos muy poca tierra productiva y creo que la prioridad de uso debe ser para los agricultores. Esa es mi postura. Pero uno respeta las leyes del país del que somos parte”.
“Nosotros hacemos un trabajo técnico que significa identificar las mejores características para el uso del terreno, independientemente de quién tenga la titularidad”, explicó Fajre. A su entender, “el Alto Valle es una de las joyas de la Corona de Salta”, con un “patrimonio legendario”. Además, explicó que en el documento diagnóstico definen “que el Alto Valle tiene una diferencia con del resto, porque es bastante más prístino”. Sobre la cuestión, Noble también dejó en claro que la propiedad no es un tema que incumba o resuelva el proyecto ni el plan territorial. “Ellos siempre han sido invitados y tienen su opinión. Será cuestión del Estado Argentino y de los municipios, pero nosotros proponemos un orden para mejorar la calidad de vida de la gente”.
Justamente, a nivel municipal surge un dato interesante. Hay dirigentes que se dan cuenta de que no pueden continuar omitiendo que las comunidades son actoras en la sociedad civil. El secretario de Gobierno de la municipalidad de Molinos, Mario González, adelantó a Salta/12 que realizarán una ronda de consultas con los referentes comunitarios de su comuna antes de tratar las normas que propone el proyecto en el Concejo Deliberante. “Es muy interesante. Dimos nuestro consentimiento de palabra sobre las futuras ordenanzas, pero somos muy respetuosos de las comunidades”, planteó.
El secretario de Turismo de La Poma, Juan Ochoa, contó que un representante de la Comunidad Diaguita Calchaquí de El Rodeo asistió a la reunión del proyecto que tuvo lugar en Cachi a principios de febrero. “Ellos están muy involucrados en lo patrimonial”, reveló. “Incluso ganaron una licitación para ofrecer servicios a todos los que restauran distintos sitios del Qhapac Ñan (camino principal andino)”. El secretario de Gobierno de Payogasta, Adolfo Orlando Moya, admitió que “aún no pensaron” en proponer una ronda de diálogo para compartir con las comunidades los dos proyectos de ordenanza que propone el proyecto. Desde el municipio Cachi, su intendente, Américo Liendro, evitó las consultas de Salta/12.
Un marco normativo para la micro región
En la carrera por ordenanzas que coordinen acciones entre los cinco municipios en temas relativos a la conservación del patrimonio y la expansión urbana en los pueblos, la opinión del jefe comunal de Seclantás, Mauricio Abán, fue más que explicativa. “Estamos analizando los anteproyectos de ordenanzas, porque nosotros ya contamos con regulaciones para la protección del patrimonio y el ordenamiento del crecimiento urbano”, dijo a Salta/12. Paso siguiente, marcó la cancha: “Somos nosotros quienes tomamos las decisiones”. Una opinión conocida por las fundaciones y la consultora, que abrió un paraguas durante la charla en Salta: “Nosotros no somos decisores políticos. Es una construcción colectiva, es lo que aspiramos”, respondió Fajre.
Las rondas de febrero incluyeron Salta capital para consensuar el ante-proyecto de ley provincial. Un encuentro tuvo lugar en la Fundación del Colegio de Arquitectos con, entre otros, miembros de la COPAUPS, de la consultora Fajre, y la secretaria de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Salta, María Eugenia Angulo. Otros se desarrollaron en la Casa de Gobierno del Grand Bourg con el ministro de Educación de la provincia, Matías Cánepa, y con representantes del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable. Los últimos aún esperan recibir la copia del ante-proyecto de ley. “La idea de un master plan hecho es interesante”, opinó su coordinador de Asuntos Jurídicos, Juan Medrano. “Lo usual es que la provincia contrate una consultora externa y pague cifras exorbitantes. Aunque por ahora, solo contamos con un borrador limitado y una presentación general. No está aún para elevarse al gobernador. Todavía está bastante verde”, explicó a Salta/12.
Ante tal lobby para lograr el marco normativo deseado, es importante mencionar que la Unión Europea no ratificó el Convenio 169 de la OIT sobre la consulta libre, previa e informada a los pueblos originarios. Solo cuatro países europeos lo hicieron: Dinamarca, Noruega, España y Holanda. Como la inversión en políticas públicas o gobernanza territorial la realiza sobre un territorio argentino, ¿pueden omitir a las comunidades aborígenes? Salta/12 consultó al jefe de Cooperación de la UE en Argentina, Luca Pierantoni, sin respuesta. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) creó en diciembre pasado una comisión para tratar cuestiones relativas a ambiente y comunidades. Pero aún no cuenta con funcionarios designados a quienes consultar. En uno de los borradores del ante-proyecto de ley provincial que proponen las fundaciones –y al que tuvo acceso Salta/12-, no se mencionan ni la Ley 26.160 ni otras que vinculan el derecho indígena al código civil argentino. “La gente” fue tan genérico en el relato de las entrevistadas como el persistente “ellos”. En redes sociales aparecen fotos y videos que resaltan la figura de campesinos y campesinas vallistas, incluyen también a muchos jóvenes de la zona. Todo en un bucólico nuevo relato que desecha las conflictos a la vista de todos.
Finalmente, el agua
El jefe comunal de La Poma, Juan Mamaní, contó a Salta/12 que con la Fundación Runas colocaron tanques de agua en distintas casas de los parajes El Rodeo y Sausalito. “Es muy útil”, dijo “porque muchas veces no cuento con dinero para pagar ingenieros. Ellos me lo proveen”. Al ser consultado por financiamientos provinciales explicó que, “por supuesto, existen”, aunque a veces llegan con retraso.
Guitián adelantó que Runas realizará obras en Fuerte Alto para mejorar la provisión de agua. “Esa zona siempre tuvo problemas y creció mucho”. Se suman el pozo en el paraje El Colte (Seclantás) y obras en El Churcal (entre Seclantás y Molinos) para mejorar la distribución del recurso a las familias.
“Hay una gran oportunidad”, dijo Fajre. “En los análisis biológicos y ambientales aparece un aumento de temperatura, entre dos y tres grados, que pondrá en crisis el recurso agua”. “¿Pero ya estaba en crisis, antes del cambio climático?”, repreguntó Salta/12. “Si el recurso es escaso lo tenés que cuidar. Me tenés que mejorar las condiciones de los parajes para que la gente se quede en su lugar”, respondió. Mirando un power point del diagnóstico con las ponderaciones en la pantalla de su computadora, dijo: “Yo comenzaría por el agua, porque es parte de la base de un montón de conflictos”. El Estado salteño repetirá la fórmula ¿dejar hacer, dejar pasar?
