Cinco días después de la razia policial en un predio de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Jujuy, un nuevo video muestra que durante ese operativo –sin que mediara una orden judicial ni la autorización de los responsables de esa casa de estudios, tal como lo establece la Ley de Educación Superior- los policías ingresaron al predio universitario. Las imágenes dejan al descubierto la mentira del gobierno de Gerardo Morales de que los efectivos policías no entraron a la universidad.
En el video se que en el operativo participaron ana veintena de agentes policiales y que los dos estudiantes detenidos ilegalmente fueron llevados por la fuerza y a la rastra. también, cómo varios de los agentes provinciales llegan al lugar, increpan a estudiantes y luego se adentran hacia un sector donde se había organizado una cena, con el consentimiento del decano de esa casa de estudios, Mario Bonillo.
Las imágenes evidencian la magnitud del operativo que ignoró el artículo 31 de la ley 24.521, que prohíbe el ingreso de la fuerza pública a esas instituciones sin autorización judicial. Desde el gobierno de Morales argumentaron que la policía concurrió al lugar llamada por vecinos que se quejaban de "ruidos molestos".
En el video quedó registrado cómo uno de los estudiantes es arrestado y llevado por tres policías colgado de las manos y los pies, mientras algunos de sus compañeros filmaban la escena con sus teléfonos celulares. Luego de esto, hubo algunas corridas y, minutos después, otro de los chicos fue arrastrado y llevado raudamente y de los hombros por dos agentes que lo condujeron a uno de los varios móviles apostados en el acceso.
El hecho tuvo lugar durante la madrugada del jueves 13 de abril y uno de los detenidos fue Joaquin Emanuel Sebastian Quispe, presidente del Centro de Estudiantes y Consejero académico Estudiantil. El joven denunció haber sido tratado "con total prepotencia" por parte de los policías jujeños, que se negaron al diálogo y lo acusaron de ebriedad. "El examen toxicológico posterior realizado por el medico policial me dio negativo", relató el joven.
El otro detenido durante el atropello de la policía que depende del gobierno del radical Gerardo Morales fue Ignacio García, quien también sufrió maltratos físicos. Ambos fueron puestos en libertad horas después y uno de los que encabezó la demanda para que los liberasen fue Bonillo, quien confirmó que el maltrato fue "constatado y denunciado formalmente”.
Esa noche “no se llevaron más detenidos porque los chicos se refugiaron dentro de autos”, detalló el decano, que fue quien se presentó en la comisaría para exigir la libertad de los muchachos. Esas detenciones no habían sido ingresadas en el sistema, por lo que es denunciada como "ilegal". Además, los jóvenes tampoco pudieron ver al abogado que se presentó en el lugar para representarlos.
El hecho recibió un amplio rechazo de varios sectores de la vida académica, social y política del país por su reminiscencia a “La Noche de los Bastones Largos”, ocurrida durante la dictadura de Juan Carlos Onganía.
La versión de la policía fue que llegó hasta el lugar tras recibir supuestas denuncias por ruidos molestos, hechas por vecinos del predio universitario. El gobierno de Morales los justificó. Al día siguiente, y cuando el escándalo había estallado, emitió un comunicado en el que justificó la razia invocando la ley provincial 5.955 que “prohíbe la organización de bailes sin organización” y la cataloga como una contravención. Luego, esta afirmación también sería desmentida.
Casi dos días después, Morales salió a repudiar los hechos por las redes sociales e intentó desligarse de su responsabilidad, al alegar que cuando ocurrió la razia él estaba en Tarija, Bolivia.
