En un hecho inédito en la historia judicial de Jujuy, el viernes último trece fiscales varones convocaron a una conferencia de prensa para repudiar expresiones de Agustina Aramayo, una abogada y funcionaria judicial que desde 2019 viene denunciando al fiscal general Sergio Lello Sánchez por violencia de género y acoso laboral.
La reacción de los fiscales fue en respuesta a declaraciones públicas y al descargo realizados por Aramayo en un sumario administrativo iniciado a instancias del fiscal Diego Cussel, quien requirió que se la investigue, y eventualmente se disponga su cesantía, por entender que había cometido una "falta grave" de respeto a Lello Sánchez y al mismo Ministerio Público de la Acusación (MPA) jujeño por publicaciones realizadas en su perfil de la red social Facebook.
A su vez, el comunicado leído por el fiscal Diego Funes, rodeado por los otros fiscales varones, recibió el repudio de abogados matriculados, funcionarios judiciales y organizaciones feministas, que llamaron la atención sobre la persistencia de un modelo de justicia patriarcal en la provincia de Jujuy.
El entredicho salpica, por extensión, al gobernador Gerardo Morales, porque el fiscal general, que afronta pedidos de juicio político, es reconocido como un hombre que responde incondicionalmente al mandatario jujeño y es, desde ese lugar, quien promueve la persecución judicial y la detención irregular a la dirigente social Milagro Sala y a dirigentes políticos opositores.
Rodeado por los otros varones del MPA, Funes leyó el comunicado dirigido a Aramayo sin nombrarla: "Ha afectado con su conducta a la institución de la cual formamos parte, motivo por el cual repudiamos todas las declaraciones públicas que efectuara y manifestamos nuestra solidaridad con los magistrados atacados de forma maliciosa y falaz", afirmaron.
A pesar de esta defensa corporativa negaron que "en el MPA existan prácticas institucionales de violencia de género y en particular por parte de los magistrados referidos". Señalaron en este aspecto que desde 2016 el MPA "ha producido un salto cualitativo en el rol que les cabe a los fiscales dentro de la administración de justicia; (...) especialmente en las prácticas vinculadas a cuestiones de género", e incluso aseguraron que hasta fueron capacitados de acuerdo a las prescripciones de la Ley Micaela.
El MPA de Jujuy sigue siendo un territorio de hombres, de 15 fiscales, solo dos son mujeres.
“Fue una muestra lamentable de la carencia de perspectiva de género porque ponerse a defender al fiscal general fue un mensaje patriarcal simbólico de los fiscales, aunque hayan rendido hace una semana la Ley Micaela. No entendieron nada”, expresó Aramayo.
La abogada contó que recibió muestras de solidaridad "de varios colegas, y sectores que salieron a apoyarme con comunicados por el accionar desproporcionado del MPA, algunos me decían cómo van a utilizar al Colegio de Abogados (para la conferencia), exigiendo respuesta a las autoridades de esa institución”.
Repudio generalizado
La conferencia de los fiscales contra la denunciante provocó una inmediata reacción de matriculados, otros funcionarios judiciales, colectivos feministas y disidencias como Abogadas Feministas de Jujuy, la Red de Mujeres Políticas, Periodistas Feministas de Jujuy, el grupo Andhes (Abogados y abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales), entre otras, que se expidieron apoyando a Aramayo y posteando en redes #Agustinanoestasola.
Los fiscales “se movieron en una acción corporativa y cómplice para intimidar, y en ese sentido revictimizar brutalmente a una víctima de violencia”, denunció Andhes.
La organización señaló en un comunicado que “esta expresión de violencia no solo afecta a la actora de la denuncia, sino a toda la comunidad de mujeres y disidencias -develando la existencia de estructuras patriarcales y machistas que continúan poniendo en duda la palabra de las víctimas de violencia– y por ende quita legitimidad y genera desconfianza en todo el sistema judicial puesto que manda un mensaje disciplinador a quienes se atrevan a denunciar, en una provincia donde se ha declarado recientemente la emergencia en violencia de género”. El mismo Superior Tribunal de Justicia declaró esta emergencia en 2020.
Andhes sostuvo que ya es momento de que exista “Una justicia con perspectiva de género, la aplicación efectiva de la Ley Micaela, el cumplimiento de concursos públicos de oposición y antecedentes y la paridad de género en los cargos públicos”.
Una larga espera
Aramayo, quien se desempeña hace más de 10 años en el Poder Judicial, denunció junto a Mateo Montiel, ante el Superior Tribunal de Justicia al fiscal general por persecución laboral el 4 de julio de 2019. Esa causa espera todavía resolución.
"En dicha denuncia y posterior ampliación,
relato todo lo que vengo padeciendo y sufriendo desde que el
titular del M.P.A. asumió hace cinco años la conducción de este
ministerio, desde insultos, amenazas, invento de causas
federales, el traslado constante de funciones y trabajo", reseñó la abogada en su descargo.
En la denuncia se da cuenta de que fue trasladada a diferentes lugares de trabajo en diez oportunidades sin justificación o por pedido de jefes directos, medidas que interpretó como tendientes a provocar su renuncia por agotamiento, como ya había pasado hasta entonces con otras catorce personas, entre funcionarios y empleados. Luego ese número llegó a 17.
En enero de 2020 Aramayo fue convocada a una reunión con el Observatorio de Género de la Legislatura y tras eso se solicitó al Tribunal de Justicia que les permitiera acceder al expediente de esta denuncia. Así se supo que no tiene ningún trámite legal.
En su momento el fiscal general del STJ Alejandro Ficoseco dictaminó a favor de la denuncia. Poco después fue sometido a un juicio político, un proceso que fue denunciado como un acto de persecución política, y finalmente fue desestimado. Por esta acusación a Ficoseco, entre otras razones, en octubre de 2019 el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina declaró a Lello Sánchez persona "inepta éticamente" para integrar ese organismo y el Consejo de Política Criminal.
La situación de Aramayo se agravó a finales de enero cuando el MPA le cortó la licencia por maternidad notificándole que "por razones de servicio" debía presentarse a trabajar desde el 1 de febrero, a pesar de que tenía licencia hasta el 28 de este mes. La abogada fue madre en noviembre de 2020. "Estoy en la etapa de puerperio, por lo que me violentaron y vulneraron mis derechos y los de mi hija inclusive al hacerme volver al trabajo y notificarme de esto”, afirmó.
El 9 de febrero la funcionaria presentó un recurso de revocatoria y ese mismo día fue notificada de que a instancias de Cussel se le había iniciado un sumario administrativo por publicaciones en sus redes sociales. El fiscal se basó para ello en incisos del reglamento interno del MPA que fue modificado en plena pandemia. La semana pasada Aramayo hizo su descargo rechazando las acusaciones y reclamando que cese la violencia en su contra y se le permita regresar a su lugar de origen en el Poder Judicial.
