En un debate vía Zoom de aproximadamente una hora y media, el titular del Ministerio Público Fiscal, Abel Cornejo, junto al vicepresidente de la Unión Industrial, José Urtubey, la representante en Salta de la Federación Argentina de Colegios de Abogados de la Argentina (FACA), Marisa Falconier, la consejera de la Magistratura, Graciela Abut Carol, y el diputado nacional Lucas Godoy, reprocharon al Ejecutivo la falta de oportunidad y de debate para encarar una reforma en medio de la pandemia. Todos coincidieron en que se está derrochando una gran oportunidad para lograr mejoras sustanciales en la Constitución provincial.

Los desafíos de la reforma constitucional era el título de la charla que convocó a dos referentas mujeres de la abogacía, al procurador general de la provincia, a un político y un dirigente industrial. El primero en tomar la palabra fue José Urtubey, quien además, fue uno de los primeros en criticar públicamente a través de sus redes sociales la decisión del gobernador Gustavo Sáenz de convocar a extraordinarias para avanzar en los cambios que él propuso y que manejó en su discurso de campaña.

Para el referente de la UIA, una reforma de la Carta Magna requiere un amplio debate, “estos espacios como este Zoom tendrían que replicarse por lo menos por seis meses en distintos ámbitos y no en dos semanas en el ámbito legislativo nada más”, manifestó. Agregó: “Mucho menos en un año pandémico y de elecciones”.

También expresó que la temática propuesta por el Ejecutivo le pareció “muy pobre”, y añadió que “ya era delgada” a la hora de llegar a la Legislatura, y con la media sanción terminó aún más flaca, ya que en el Senado le quitaron algunos puntos como el de la creación de la figura del viceintendente.

A la vez, consideró que en la Cámara Alta quedó de manifiesto la falta de diálogo y consensos sobre cómo avanzar con el proyecto y todo giró “solo sobre el ámbito de los períodos de mandato político y de los plazos de la justicia”.

Por último, subrayó que le parece peligroso avanzar sobre la inamovilidad de los jueces de Corte: “No podemos terminar en el gobierno de los jueces, para eso deberíamos manejar y modificar el requisito de ingreso, para saber por qué darle semejante poder a la justicia”. Y volvió a insistir en que para avanzar en tal sentido se debería pensar en un debate más amplio y no en estos términos y con estos plazos.

La falta de perspectiva de género

La titular de la FACA en Salta, Marisa Falconier, quien aclaró que hablaba a título personal y no de las instituciones que representa, “el gobierno demostró una vez más, falta de oportunidad para convocar a extraordinarias”, ya que en un contexto de pandemia que desató una crisis sanitaria y que expuso al país a una crítica situación económica, no era momento para pensar en reformas políticas puntuales. De todas maneras, aseveró que la decisión no la sorprendía porque “hace un año llamó a la ampliación de la Corte de la misma manera, en plena crisis socio sanitaria, los jueces asumieron en pleno junio del 2020”.

“Un gobierno que convoca a una Convención Constituyente lo tiene que hacer para recoger la demanda de la sociedad”, agregó la abogada, y puso en duda la idoneidad que tendrán los convencionales, que solo podrán ser propuestos desde el ámbito de la política partidaria. Sostuvo que entre los legisladores, “muchos carecen de idoneidad, y si van a ser por partidos políticos y frentes, es un riesgo que los que lleguen no sean idóneos”.

Luego enumeró algunas temáticas que quedaron fuera del análisis, como, por ejemplo, la mirada de género y la verdadera paridad, “la Cámara de Senadores tiene una sola mujer (Silvina Abilés) y que reconoció que no se abordó la temática para reformar la Constitución, algo que debería haber sucedido, para que sea efectiva, y no solo en las listas”, acotó, y señaló que en Córdoba y en Buenos aires, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), ya hay leyes que obligan a todos los organismos a respetar esa paridad. Surbayó que al no tener en cuenta en la reforma la perspectiva de género “se desconocen compromisos internacionales y se discrimina a la participación de la mujer”.

En cuanto al plazo de duración en el cargo de los jueces de la Corte de Justicia de Salta, que actualmente es de 6 años, destacó que puede ser renovado. Recordó que en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los jueces pueden permanecer allí hasta los 75 años, y que en los tribunales internacionales todos tienen lapsos, así como muchos países de la región, que van de 4 a 9 años.

La representante de les abogades en el Consejo de la Magistratura, Graciela Abut Carol, coincidió con la mirada de Falconier y lamentó la ausencia de los temas de género, “era una oportunidad para consolidar una de las demandas más fuertes en este momento histórico”, afirmó. Aseguró que se requiere otro trato hacia las mujeres, ya que en la Constitución provincial solo el artículo 13 habla de la obligación de garantizar la igualdad, “pero no se ha avanzado al respecto y las altas cifras de violencia nos constituyen en deudores de esa promesa constitucional”.

“¿Qué participación tiene hoy los movimientos de mujeres en esta reforma? ¿se los convocó?”, se preguntó la abogada, quien concluyó que “sin estos debates va a ser una reforma insuficiente”.

Con respecto a la oportunidad, reconoció que no existe un momento óptimo, “pero sí hay momentos peores que otros, no se me ocurre peor momento que en el que nos encontramos”, indicó. “Honrar las promesas de campaña está bien, pero podrían honrar también que no falte agua en el norte o eliminar la pobreza”, continuó Abut Carol, quien insistió con la necesidad de dar un debate más amplio y democrático y que para ello, “se podría postergar” la discusión hasta que la pandemia mengüe.

Para el debate, recomendó alejarse “de un modelo decisionista”, para no ver la discusión como un obstáculo, y optar por un modelo “deliberacionista”, “hay que institucionalizar la discusión pública para ganar legitimidad”, manifestó.

Es tiempo de incluir otros colectivos

A su turno, el procurador Abel Cornejo aclaró que siempre fue refractario de las reformas. “Alberdi decía que la mejor forma de honrar la Constitución no es reformarla, sino cumplirla”, citó, y explicó que las constituciones “sirven para conducirnos aún en tiempos de borrajas”.

Luego manifestó que primero se debería haber habilitado una consulta, que debería tendría estar programada para cuando la pandemia deje de azotar al mundo. Y utilizó el ejemplo de Chile, “en donde después de una crisis, la gente salió en forma masiva a pedir la reforma, y para eso se formó una concertación de partidos”.

Dijo que no es solo en la Legislatura o a través de convencionales elegidos a través de partidos políticos que se puede debatir, sino que este debe ser el momento de involucrar otros colectivos que han sido invisibilizados históricamente. Así como consideró fundamental la participación de la universidad pública.

Al igual que Urtubey, sostuvo que debates como el que se estaba desarrollando son de suma riqueza, “me sorprende que no se aprovechen este tipo de foros que es lo que se hace cuando se avanza en una reforma de la Constitución”.

Para el jefe de fiscales de la provincia, “la forma de superar la grieta es con diálogo y respeto y sobre todo aceptando la opinión diferente, mucho más si lo que se quiere es reformar la Constitución, que para el ciudadano de a pie es la última tabla de salvación en donde están todos sus derechos”. “Queremos una salta mejor, más inclusiva y equitativa, y tiene que ser del diálogo, de los acuerdos y disensos y convocante”, concluyó Cornejo.

Por último, el diputado nacional por el Frente de Todos, Lucas Godoy, consideró que los jueces o juezas puedan estar 40 años “sería un retroceso”, por lo que se deben modificar los mecanismos de elección, “que garantizaría autonomía, pero con un plazo estipulado y no inamovibles”.

Aseguró que la reforma no tiene en cuenta las verdaderas necesidades de la gente ya que no fue propuesta por parte del Ejecutivo en un marco de discusión y consenso y se presentó “a libro cerrado”. “Se está utilizando una mayoría circunstancial legislativa para aprobar la reforma”.

Por último, entendió que Salta es una provincia que atraviesa distintas emergencias como la de violencia de género o la socio sanitaria “y nada de eso se ve incluído en esta reforma”. 

"Por ahora, no es una reforma que le vaya a traer soluciones o más derechos a los salteños", concluyó.