Un informe de The Bureau of Investigative Journalism (TBIJ), una organización de noticias sin fines de lucro con sede en Londres, en colaboración con Ojo Público, un medio de comunicación con sede en Lima, expuso las fuertes exigencias que el gigante farmacéutico estadounidense Pfizer le impuso a países de América Latina.

Según se desprende de la investigación, la empresa le ha pedido a algunos países que pongan sus activos soberanos, como edificios de embajadas, bases militares y reservas del Banco Central, como garantía contra el costo de futuros casos legales.

El trabajo da cuenta de un retraso de tres meses en el acuerdo de la compra de esta vacuna en algunos países de la región, mientras que en el caso de Argentina y Brasil no se llegó a ningún acuerdo. En el caso de Perú, Pfizer solicitó incluir cláusulas que reducían la responsabilidad de la empresa ante posibles efectos adversos durante el proceso de negociación.

El ahora ex ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, ya había advertido esta situación en reiteradas oportunidades. A fines de diciembre llegó a declarar:  “No entendemos por qué Pfizer tiene tantas exigencias de inmunidad y prevención, es como si no le tuvieran fe a la vacuna”. A pesar de los constantes intentos del gobierno de Alberto Fernández, la empresa no quiso aceptar los planteos de la administración argentina y no se logró llegar a un acuerdo.

"Nos ofrecimos a pagar millones de dosis por adelantado, aceptamos este seguro internacional, pero la última petición fue extraordinaria: Pfizer exigió que los activos soberanos de Argentina también formaran parte del respaldo legal", confesó un funcionario argentino a The Bureau.

El informe publicado revela que funcionarios de Argentina y otro país latinoamericano, que pidieron no especificar porque seguían negociando con la compañía, detallaron que los representantes de la empresa exigieron una indemnidad adicional contra cualquier reclamo civil que los ciudadanos pudieran presentar si experimentaban efectos adversos después de ser vacunados. En el caso de Argentina y Brasil, se pidió que los activos soberanos se pusieran como garantía para cubrir posibles costos legales futuros.

En Perú no solo se reclamó incluir cláusulas que eximen de responsabilidad a la farmacéutica por los eventuales efectos adversos de la vacuna, sino también por la demora en la entrega de los lotes, así como implementar todas las normas legales necesarias para cumplir con las obligaciones al proveedor frente a demandas futuras e indemnizaciones. 

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país consideraron estos pedidos como "extremos" y muy diferentes a los de otros desarrolladores de vacunas contra el coronavirus. En la misma línea, otros testimonios hablan de los pedidos de Pfizer como "intimidación de alto nivel" y una especie de "chantaje" para tener acceso a las vacunas.

En relación a las exigencias de otras vacunas, los funcionarios del Gobierno de Argentina y del país que solicitó no ser mencionado en la investigación indicaron que sintieron que las demandas de Pfizer iban más allá que las otros fabricantes, y más allá de las condiciones de Covax, una organización multilateral internacional creada para garantizar que los países de bajos ingresos puedan acceder a las vacunas.

Lawrence Gostin, director del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud en Derecho de Salud Nacional y Global, afirmó que "las compañías farmacéuticas no deberían usar su poder para limitar las vacunas salvadoras en países de ingresos bajos y medios",  al tiempo que declaró que "parece ser exactamente lo que están haciendo" en alusión a Pfizer.

La farmacéutica ha estado en conversaciones con más de 100 países y organizaciones supranacionales, y tiene acuerdos de suministro con nueve países de América Latina y el Caribe: Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay. Los términos de esos acuerdos se desconocen. 

La palabra de Pfizer

El informe sostiene que Pfizer impulsó "una indemnidad adicional de los procesos civiles, lo que significa que la empresa no sería responsable de los efectos adversos raros que ocasione su vacuna, o de sus propios actos de negligencia, fraude o malicia". Esto incluye aquellos relacionados con las prácticas de la empresa como, por ejemplo, si Pfizer envió la vacuna incorrecta o cometió errores durante la fabricación.

El Dr. Mark Eccleston-Turner, profesor de derecho sanitario mundial en la Universidad de Keele, expresó que Pfizer y otros fabricantes han recibido financiación gubernamental para investigar y desarrollar las vacunas, y advirtió que "está tratando de obtener el máximo beneficio y minimizar su riesgo en cada situación crítica con el desarrollo de esta vacuna, y luego con su lanzamiento".

Ante las denuncias, The Bureau se puso en contacto con la farmacéutica, que se negó a hablar sobre las negociaciones privadas en curso, pero sí comentó que "a nivel mundial, han asignado dosis a países de ingresos bajos y medianos bajos a un precio sin fines de lucro, lo que incluye un acuerdo de compra anticipada con Covax para suministrar hasta 40 millones de dosis en 2021". 

"Estamos comprometidos a apoyar los esfuerzos destinados a brindar a los países en desarrollo el mismo acceso a las vacunas que el resto del mundo", agregaron.