Desde Quito.Yaku Pérez llegó a Quito el martes con una movilización que recorrió parte de la sierra. Su reclamo fue el mismo que el que inició el día después de las elecciones del siete de febrero: la existencia de un fraude y, en consecuencia, el no reconocimiento de los resultados que lo posicionaron tercero, con 19.39 por ciento, detrás de Andrés Arauz, 32.72, y Guillermo Lasso, 19.74.

Esta vez afirmó que las inconsistencias existieron en 16 mil actas, es decir casi la mitad del total. “La duda se vuelve certeza, y el fraude es una verdad que nadie puede ocultar”, afirmó desde el parque El Arbolito, en el centro de la capital de Ecuador, lugar que había sido epicentro del levantamiento contra los ajustes neoliberales del gobierno de Lenin Moreno en octubre del 2019.

La marcha se dirigió al Consejo Nacional Electoral (CNE), donde presentaron las denuncias de las 16 mil actas. “Vamos a darle una última oportunidad al CNE, están facultados para aperturar las urnas”, afirmó el candidato del partido Pachakutik, brazo electoral de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAI), principal movimiento indígena del Ecuador que, sin embargo, no asistió masiva ni unitariamente a la movilización, como pudo verse en la ausencia de dirigentes nacionales como Jaime Vargas o Leónidas Iza.

“En garantía del debido proceso la organización política ha presentado al CNE un derecho de objeción, recordemos que los recursos que se pueden proponer son el de objeción, el de impugnación en sede administrativa y también se pueden interponer recursos contenciosos electorales ante el Tribunal Contencioso Electoral. El área técnica correspondiente, el área jurídica deberá realizar el análisis de cada uno de los documentos, de las actas, así también del contenido legal del recurso que se ha interpuesto para pronunciarse el pleno del CNE en su debido momento”, explicó un vocero del movimiento Pachakutik.

El pedido de Pérez de recuento se dirigió no solamente al CNE, sino también a la Contraloría y la Fiscalía que, el día sábado, anunciaron un pedido de acceso a la base de datos del poder electoral para auditar el sistema electoral. Ese pedido había sido denunciado por parte del candidato Arauz, señalando su rechazo a la “interferencia y grosera intromisión de otras instituciones del Estado en la función electoral contraloría”.

El CNE anunció el martes que había negado el pedido del contralor, Pablo Celi, ya que “el artículo 16 del Código de la Democracia señala que ninguna autoridad ajena a la Electoral puede intervenir en las elecciones”. En consecuencia, la principal institución que podría aun intervenir, según explicaron desde Pachakutik en las afueras del CNE, sería la Fiscalía, para probar la existencia del fraude y, en consecuencia, tener que llamar a nuevas elecciones presidenciales y legislativas, algo que abriría un escenario de incertidumbre de tiempos e institucionalidad en el país.

La Fiscalía, encabezada por Diana Salazar, posee también lo que, según la Fiscalía de Colombia, serían pruebas que inculpan a Arauz por haber recibido un financiamiento del Ejército de Liberación Nacional colombiano, una acusación, nacida como noticia falsa vía la Revista Semana, que ha sido denunciado como una operación internacional para perjudicar la candidatura del candidato de la revolución ciudadana. Salazar obtuvo, el martes, un reconocimiento especial por parte del Departamento de Estado estadounidense por su “lucha contra la corrupción”.

Pérez, así como quienes encabezan la movilización, aún no han dejado claro cuál será la hoja de la ruta de la protesta, aunque, se estima, que comenzará una vigilia en las puertas del poder electoral, encabezada centralmente por la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), organización que Pérez presidió en años anteriores, y forma parte de la CONAIE. La apuesta es también la de lograr una solidaridad de otros sectores sociales alrededor del reclamo de Pachakutik.

La demanda ante el CNE se encuentra en soledad política. Ninguna delegación de observación internacional denunció irregularidades en los comicios, así como tampoco lo hicieron los demás candidatos,  aunque Xavier Hervas, cuarto en las elecciones, se mostró favorable a una auditoría ya que, según él, no postergaría el calendario electoral, como había denunciado Arauz.

Lasso, por su parte, afirmó que ya se encuentra en campaña para la segunda vuelta, que tendrá lugar el 11 de abril. Así, quien en un primer momento había aceptado el pedido de recuento interpuesto por Pérez, ya asegurado su segundo lugar en las elecciones cuyo resultado fue emitido el pasado domingo en la madrugada por el CNE, abandonó la posibilidad de un acompañamiento a un proceso de auditoría de votos. La disputa entre ambos candidatos se tradujo en días recientes en acusaciones cruzadas, y en la afirmación de Pérez de que no llamaría a votar a Lasso -tampoco a Arauz- para una segunda vuelta, a diferencia de lo sucedido en el 2017 cuando apoyó al banquero de Guayaquil.

El debate acerca de las elecciones se vio violentamente interrumpido el martes con la existencia de tres masacres en tres centros carcelarios que generaron 67 fallecidos, según informó el director del servicio de Penitenciaría, Edmundo Moncayo. Los hechos ocurrieron las cárceles de Guayaquil, El Turi, Cotopaxi, sumándose a hechos como el motín ocurrido en diciembre pasado en Esmeralda, con seis fallecidos, o en agosto en la Penitenciaria del Litoral, con once fallecidos.

“Nunca antes el país había conocido un descalabro tan grande del sistema penitenciario, vivimos lamentables episodios de amotinamientos, violencia y muerte. El cogobierno ha permitido que la delincuencia se apodere de nuestras ciudades y se robe la tranquilidad de los ecuatorianos”, afirmó Arauz ante el conocimiento de los hechos.