El proyecto de Ley de Etiquetado Frontal de alimentos y bebidas volvió a debatirse este martes en reunión informativa de las comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación encargadas de tratar la norma que ya obtuvo media sanción del Senado en octubre de 2020. El plenario de comisiones había interrumpido su trabajo en noviembre --las organizaciones que impulsan la ley denunciaron presiones de la industria alimenticia para demorar el tratamiento--, y ahora once oradores expusieron sus posturas sobre el proyecto que busca que los envases de los productos incluyan etiquetas para advertir los excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías. Derrotados por amplia mayoría en la Cámara Alta, los representantes industriales intentan ahora introducir modificaciones en el articulado, cambios que según las organizaciones reducirían el impacto de la norma: "El proyecto es perfecto como está y tiene que salir así", advirtieron a Página/12. 

"La norma garantizará el derecho a elegir cómo nos alimentamos, hoy en día la gente está siendo engañada: hay productos que se venden como saludables y no lo son", dijo a este diario Sebastián Laspiur, consultor nacional de enfermedades crónicas no transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que este martes expuso en el reinicio del plenario de las comisiones de Legislación General, Acción Social y Salud Pública, Industria y Defensa del Consumidor.

Luego de ser aprobado con 64 votos a favor y tres en contra por el Senado, el proyecto había sido girado rápidamente a Diputados, donde el plenario de comisiones llegó a debatirlo en reuniones informativas. Sin embargo, en noviembre el trabajo se interrumpió y más de cien organizaciones que impulsan el proyecto llegaron a emitir un comunicado para reclamar a los legisladores que aprobaran la ley "sin demoras y sin cambios". En el documento, las organizaciones denunciaban que "las empresas alimenticias y de bebidas azucaradas obstaculizan los procesos de diseño de políticas efectivas a través de argumentos falsos y amenazas, gastando millones de dólares en lobby".

Finalmente, el proyecto fue incluido en el temario de sesiones extraordinarias y este martes el plenario -- que volverá a reunirse una vez más, aún sin fecha definida -- retomó su trabajo con la presencia de especialistas en nutrición y de representantes industriales. De este último lado se pudo escuchar, por ejemplo, a Jose Luis Londoño, Jefe para América Latina y el Caribe de la Asociación Internacional de Marcas, quien dijo que la ley es restrictiva y está marcada por una "tendencia a politizar e ir en contra de las marcas". Además, el representante empresarial aseguró que "regular promoviendo el derecho a la salud no puede ir en detrimento de libertades individuales".

"Hoy en día, el 75 por ciento de los productos que se encuentran en las cadenas de  supermercados son alimentos o bebidas ultraprocesadas de mala calidad, con exceso de nutrientes críticos", señaló a este diario Ignacio Porras, licenciado en Nutrición y Director de la Agrupación Sanar, que periódicamente realiza monitoreos en supermercados. El especialista, que también participó del plenario de comisiones, detalló que, además, "los productos saludables están exhibidos de manera desigual y eso condiciona los consumos".

En lo concreto, el principal objetivo del proyecto es dejar a la vista de todos los consumidores la presencia en alimentos y bebidas ultraprocesadas de altos niveles de los denominados "nutrientes críticos", según criterios basados en el "Perfil de Nutrientes de la OPS". Los productos que sobrepasen los límites fijados por el organismo deberán tener en el frente de sus envases una etiqueta octogonal negra, con borde y letras de color blanco, que advierta sobre el exceso del nutriente crítico que corresponda en cada caso. 

"La experiencia indica que el acceso a esta información se traduce en un descenso del consumo de esos productos. Por ejemplo, Chile tiene etiquetado desde 2016 y redujo el 25 por ciento del consumo de bebidas azucaradas, 19 por ciento de cereales azucarados y 17 por ciento de postres azucarados", explicó el representante de la OPS. 

Modificar el "perfil de nutrientes" por uno más "flexible" y cambiar el tipo de etiquetado y su lugar en el envase, fueron las dos propuestas que picaron en punta por parte de los representantes empresariales. Es que, ante la dura derrota en el Senado, la estrategia del sector parece haberse corrido a intentar cambios en el articulado definitivo: "Buscan modificar un punto o una coma en favor de sus intereses o simplemente porque eso es suficiente para que vuelva al Senado y dilatar todo, pero el proyecto es perfecto como está y tiene que salir así", sostuvo Porras. 

Otro punto que genera rechazo en las empresas es la prohibición de realizar publicidad dirigida a público infantil en los productos que contengan al menos una etiqueta de exceso. Tampoco podrán incluir imágenes de personajes de dibujos animados, deportistas, ni prometer premios llamen la atención de los niños. "La población infantil está bombardeada de publicidades engañosas, muchos de los alimentos aparecen como saludables y en realidad tienen exceso de nutrientes críticos", indicó Laspiur. 

Para el organismo, lo principal es apuntar a una mejora nutricional en la alimentación de un país con altos niveles de sobrepeso, niveles que preocupan especialmente por las estadísticas de la primera infancia. La Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, realizada en 2018, determinó que el porcentaje de niños de 0 a 5 años con exceso de peso es del 13,6 por ciento, cifra que, según Laspiur, se duplicó en los últimos diez años.  

Informe: Santiago Brunetto