El presidente de la Comunidad Indígena Lules de Finca Las Costas, David Torres, sostuvo que tienen la posesión ancestral del territorio que ocupan y aseguró que hay un intento de criminalizar a su pueblo con el objetivo de que no reclamen esas tierras ubicadas en el departamento Capital, a más de 20 kilómetros al oeste de la ciudad de Salta.
El referente respondió de esta manera a la información difundida por el Ministerio Público Fiscal respecto de que el fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio interviene en una causa iniciada en 2016 para investigar una supuesta usurpación en la Reserva Natural de Uso Múltiple de Finca Las Costas, por parte de particulares e integrantes de la comunidad originaria del Pueblo Lule. El Ministerio Público Fiscal informó que se presentaron más de 200 denuncias en torno al conflicto.
"A la Comunidad la acusan de usurpar sus propias tierras. Cada uno tiene que ocupar donde vivían sus abuelos o parientes. Los campos abiertos son de pastoreos, no los tocamos. Se tiene la idea de que repartimos lotes y no", sostuvo Torres. Según detalló, en su Comunidad hay 300 familias y luego en la Finca Las Costas habría 10 arrenderos. "El administrador (de Finca Las Costas) con los arrenderos tiene autoridad, con nosotros no", aseguró.
"Están diciendo incluso que nuestra presencia es negativa para el medio ambiente", se quejó Torres. Aseguró que el administrador estatal de la Finca, Enrique Clement Fernández, los presiona para que firmen un contrato de arriendo con la Provincia en el que se le otorgan facultades de clausurarlo, "es enajenar la tierra", señaló el referente lule. Además, dijo que esos ofrecimientos son a cambio de que les coloquen la luz o el agua para las familias. "Tiene que haber un ordenamiento territorial, una autoridad visible, no se la quieren dar a la Comunidad. La finalidad es quitarnos el manejo de la tierra", opinó.
En el trámite de las denuncias que el MPF informó haber recibido, el fiscal Ramos Ossorio ordenó la realización de un censo que permita contar con un mapa de situación actualizado de la ocupación y solicitó al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que informe sobre la situación de la Comunidad Lules, en el marco de la ley 26.160, de emergencia de la propiedad comunitaria indígena, suspende los desalojos y ordena que se releve la ocupación tradicional y pública del territorio por parte de los pueblos originarios.
Según el mapa aportado por referentes comunitarios, se trata de 11.500 hectáreas, que se extienden desde Finca Las Costas hacia el oeste, por los cerros. Hay 30 causas abiertas, todas vinculadas con Finca Las Costas. Los referentes también informaron que cuentan con personería jurídica 0539, del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Renaci).
El fiscal mantuvo una reunión con el administrador de Finca Las Costas, el jefe de la Subcomisaría local y con particulares, con el objeto de identificar los focos de conflicto actuales, por supuestos hechos de usurpación e impacto ambiental. Ramos Ossorio también pidió que se realice un estudio de impacto ambiental sobre la reserva natural. Hay una medida de no innovar, dictada por la jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial María Guadalupe Villagrán, quien hizo lugar al amparo interpuesto por la Administración Pública Provincial, por el impacto ambiental.
También hay denuncias del administrador de Finca Las Costas referidas a supuestos contratos de arriendo a terceras personas, quienes pagarían un canon mensual o anual, según informó el Ministerio Público Fiscal en un parte de prensa. Sostienen que ese pago sería a la Comunidad Lule, lo cual es desmentido por su presidente. "Al tratarse de una Reserva Natural de Uso Múltiple, tanto los arrendamientos como la posible venta de la tierra están prohibidos", recordó el Ministerio Público Fiscal.
El organismo recordó que de acuerdo al decreto ley 3741, de 2007, el inmueble de Finca Las Costas fue declarado Reserva Natural de Uso Múltiple y se enmarca en la Ley 7107, que en 2000 creó el Sistema Provincial de Áreas Protegidas, entendido como el conjunto de espacios naturales y seminaturales que se encuentran regulados mediante la gestión institucional participativa, con el objeto de planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sustentabilidad en el manejo de los recursos naturales de la Provincia.
La Fiscalía informó que mantiene diálogos con autoridades del municipio de San Lorenzo y el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, del que depende la Finca, con el fin de que se adopten medidas que permitan regularizar la situación de las familias y definir un protocolo de buenas prácticas.
Por su parte, Torres dijo que espera reunirse con el fiscal Ramos Ossorio el viernes próximo. Contó que los denunciantes son el administrador de finca Las Costas y el encargado de reserva Miguel Angel Cuevas. "El administrador siempre quiso que la comunidad firme un contrato. Nosotros tenemos personería jurídica, se nos reconoció la posesión actual y pública, estamos a mitad de camino por la posesión comunitaria. Nos falta el título pero ya se ha cumplimentado todo. Tenemos todos los que certificados de que tenemos la posesión ancestral. La Provincia no quiere perder estar tierras", manifestó el presidente de la comunidad.
Explicó que una de las denuncias contra la comunidad es porque supuestamente contaminan el agua con materia fecal, lo que rechazó. "Se nos acusa de ensuciar el agua pero ésta viene entubada desde más arriba de la línea de casas. Se toma de los arroyos. Están acusando que hay sobrepoblación y por eso se está ensuciando el agua por los pozos ciegos. El agua de más abajo ya va con agua servida, porque en Almudena y El Tipal (barrios privados vecinos), sale servida pero el agua entubada no toca eso", aseguró. Torres dijo que el informe que presentó la administración de la finca es "caprichoso y dudoso" y añadió que con este argumento les prohíben construir viviendas a las familias indígenas.
"Nos prohíben que construyamos casas, pero le van a dar tierras al Fortín Juan Carlos Dávalos para equinoterapia, cuando ya tienen en la reserva San Lorenzo. Van a habilitar complejos gigantes con caballos que van a contaminar el doble", afirmó el referente lule. Contó que ya estuvieron haciendo mediciones y estudios de factibilidad para ello en la zona.
"Cuando nosotros pedimos hacer un salón de 10 por 10 nos dijeron que no", añadió, molesto ante la diferencia de trato. Pese a ello dijo que la Comunidad se pondrá a disposición de la Justicia, y aclaró que no se responsabilizan por "todo lo que no haya pasado por la asamblea y la comisión directiva", lo que tenga que ver con condiciones individuales.
Torres indicó que en las tierras hay persomas, que "arriendan a la provincia, y después subarriendan y eso está prohibido".
