"El préstamo Stand-By de 2018 fue de índole político y en consecuencia debe ser exhaustivamente investigado. Sólo fue acordado y desembolsado para dar satisfacción a las necesidades electorales del gobierno de Mauricio Macri, políticamente afín al ex Presidente Donald Trump", concluye la carta que los senadores nacionales del Frente de Todos enviaron a la Oficina de Evaluación Independiente (IEO por sus siglas en inglés) del organismo internacional, cuyo objetivo es “mejorar la habilidad del organismo para aprender lecciones de su propia experiencia”.
El informe de los legisladores sostiene que hubo una total falta de razonabilidad en el otorgamiento y ampliación del crédito, ya que no había variables objetivas que permitieran justificar la operación. Sobre todo, teniendo en cuenta que se estableció que el país devuelva unos 19 mil millones de dólares por año entre 2022 y 2023.
Esta carta se suma a la enviada por el mismo cuerpo a la directora gerente, Kristalina Georgieva, el pasado 16 de noviembre, "la cual no sólo nunca fue contestada sino que ni siquiera nos han respondido el acuse de recibo pertinente", criticaron los senadores.
En medio de la renegociación de dicho crédito que está llevando a cabo el ministro de Economía, Martín Guzmán, con las autoridad del Fondo, la carta es una fuerte señal política tanto hacia el FMI como puertas para adentro del gobierno. La misiva fue enviada a la dirección de la Oficina de Evaluación Independiente (IEO) del FMI, que baraja investigar el crédito a la Argentina y al economista noruego Odd Per Brekk, quien lidera una investigación de rutina que el organismo encarga para todos los préstamos por montos excepcionales, como fue el crédito de 57 mil millones de dólares aprobado para la Argentina, de los cuales se entregaron 44 mil millones.
Falta de recaudos
"El Stand-By aprobado de 2018 fue el préstamo más grande otorgado por el FMI en toda su historia, con lo cual es dable suponer que se deberían haber tomado los mayores recaudos posibles", dice la carta, y recuerda que no sólo se firmó un primer acuerdo de 50 mil millones de dólares sino que apenas tres meses después se aprobó la entrega de otros 7 mil millones de dólares y brindó financiamiento hasta bien entrado el 2019 "a pesar de la desastrosa evolución de los datos macroeconómicos".
"Las consecuencias de ese endeudamiento continúan aún hoy y, seguramente, por muchos años más, impedirán el pleno desarrollo del pueblo argentino. Es decir, la intervención del FMI no sirvió para resolver los problemas de balanza de pagos y agravó todos los demás rubros de la economía argentina", indican los senadores oficialistas.
¿Cómo se iba a poder pagar?
Según el cronograma de repago acordado con el préstamo, Argentina debe devolver 4700 millones este año, 18.900 millones en 2022, 19.145 millones en 2023 y 4825 millones de dólares en 2024. "Resulta imposible de comprender cuáles fueron los datos, las proyecciones que realizaron los técnicos y funcionarios del Fondo y de Argentina de aquel entonces para considerar que se podría llegar a conseguir esas sumas de dólares para hacer frente a este perfil de vencimientos", dice la carta.
Para reforzar el argumento sobre la imposibilidad del repago, afirma que "el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos caía en picada desde 2016, llegando a 2018, año en que se suscribió el crédito a un -5,3 por ciento del PBI, uno de los peores valores desde 1985, y las reservas venían disminuyendo diariamente producto de la fuga de capitales. ¿Estimaban que el saldo positivo de la balanza comercial en pocos años iba a ser de casi 20.000 millones de dólares y con eso se podría pagar al FMI los vencimientos de capital de los años 2022 y 2023? Téngase en cuenta que, estos saldos, fueron negativos en 2017 y 2018 por 8.293 millones de dólares y 3.701 millones de dólares respectivamente".
Flojo de papeles
Otro foco de las críticas de parte de los senadores es el no cumplimiento de los mecanismos institucionales de parte del gobierno de ese momento para la aprobación del crédito. "No se cumplió con el Art. 61 de la Ley de Administración Financiera, que determina que se debe pedir una opinión al BCRA respecto a la sostenibilidad de la deuda que se contrae", dicen, y agregan que "no se conocen informes ni opiniones técnicas de factibilidad, un informe económico que necesariamente tendría que haber hecho el Ministerio de Hacienda ni el informe jurídico previo a la suscripción del SBA. Tampoco hay decreto presidencial sobre el préstamo, Es decir, al momento de suscribir los documentos con el FMI no había siquiera un expediente iniciado en ninguna de las áreas de la Administración Publica Nacional involucradas".
"Finalmente, en los expedientes entregados por el Ministerio de Hacienda no hay acuerdo alguno firmado entre las partes, así como tampoco acto aprobatorio. Es decir que la Argentina suscribió el préstamo más grande de su historia y asumió compromisos financieros, a todas luces incumplibles según cualquier principio de sostenibilidad, sin tener un expediente abierto y sin los dictámenes e informes correspondientes, lo cual infringiría, al menos, la Constitución Nacional, el Estatuto del Fondo y las Leyes de Procedimientos Administrativos y de Administración Financiera".
