Ante la decisión judicial de dictar la quiebra de Hey Latam, la Asamblea de Compañeres Unidos que agrupa a quienes fueron despedidos de la firma decidió tomar las instalaciones del call center, en Buenos Aires y Zeballos. "Esta permanencia pacífica tiene el objetivo de preservar y cuidar los bienes que posibilitan la continuidad de nuestros puestos de trabajo y poder darle de comer a nuestras familias. No cobramos nuestro sueldo desde hace tres meses, nos sostenemos de la olla popular y la solidaridad. Necesitamos contar con trabajo de manera inmediata para poder sostenernos, no tener que abandonar nuestros estudios y poder alimentar a nuestres hijes", dijeron desde la Asamblea, y apostaron a conformar una cooperativa que pueda brindar servicios telefónicos a "cualquier organismo" que lo necesite. 

"Hemos pasado 86 días acampando en la puerta sin ninguna solución de parte de la empresa de Martín Stauffer, que mantuvo un lock out ilegal. Se demostró con el fallo del Juzgado Laboral 10 que embargó las cuentas que la empresa tiene recursos para pagarnos y hemos demostrado todas las ilegalidades de la patronal, al punto de solicitar la quiebra de Contact SA (Hey Latam) mientras continúa el negocio con el sello Key Market", explicaron desde la Asamblea sobre el desdoblamiento de firmas realizado por la patronal. "Frente a la quiebra pedimos al juez que nos atienda, que nos permita el resguardo y utilización de los bienes que nos pueden permitir continuar trabajando. Pedimos al Estado en todos sus niveles que nos permita acceder a la prestación de servicios, nosotros nos encontramos a disposición para constituirnos como cooperativa para poder trabajar de inmediato. Contamos con los instrumentos, la capacitación y la disponibilidad para brindar servicios a la comunidad a través del 0800, el 147 frente a la pandemia y la vacunación o cualquier otra necesidad de la población, cómo es la atención telefónica frente a emergencias, situaciones de violencia de género, entre otras", expresaron también.

Una de las trabajadoras en lucha, Lucía Otero, subrayó que Stauffer recibió ATP (programa de Asistencia al Trabajo y la Producción) durante todo el año y aún así se desprendió de los 300 trabajadores. "Es grave lo que está pasando, si esto pasa sin pena ni gloria, si ningún poder público establece que está mal, se viene feo para todas las personas que trabajan en el sector", consideró la integrante de la Asamblea, quien indicó además que la decisión de permanecer dentro de la firma tiene como objetivo resguardar las herramientas de trabajo. "Para que no venga el síndico a rematar nada", agregó.