El escándalo de la privatización de la vacunación en la Ciudad de Buenos Aires empezó a escalar en la justicia federal. Un día después de que se presentaran dos denuncias por los convenios con entidades privadas para ocuparse de la aplicación de las dosis contra la covid-19, el juez federal Ariel Lijo envió a la Gendarmería al Ministerio de Salud porteño, que dirige Fernán Quirós, y a una asociación civil ligada a Juntos por el Cambio que habría funcionado como vacunatorio.

Lijo emitió órdenes de presentación y mandó a la Gendarmería después de que el fiscal Carlos Stornelli impulsara las denuncias que se presentaron el martes por la mañana y dejara así imputados tanto al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como al ministro Quirós. 

Stornelli, como es sabido, es conocido por sus buenos vínculos con algunos sectores del PRO. La curiosidad más inquietante es que una de las denunciantes es Natalia Salvo, la abogada que patrocina a Pedro Etchebest, el productor agropecuario que lo denunció por extorsionarlo junto con Marcelo Sebastián D’Alessio y dio inicio así a la mega investigación de espionaje que lleva adelante el juez federal Alejo Ramos Padilla en Dolores.

La denuncia de Salvo apuntaba al Ministerio de Salud porteño, por haber firmado por orden de Rodríguez Larreta convenios con entidades privadas para favorecer, por un lado, la vacunación de quienes están asociados a esas entidades y, por otro, para dar acceso a grupos que no son prioritarios en la vacunación. Como adelantó Página/12, el Gobierno porteño reconoce haber firmado convenio con siete entidades privadas y dijo que había hecho la misma oferta a todas las obras sociales y prepagas. 

Al Pami no lo convocaron

Sin embargo el sesgo de los acuerdos es evidente. La titular del Pami, Luana Volnovich, denunció que Ciudad jamás convocó a la obra social de los jubilados para esos convenios. “La duda viene porque parece que se elige a unos sí y a otros no. Me preocupa que un afiliado de una prepaga acceda a la vacuna y un afiliado del PAMI no", dijo Volnovich en una entrevista con la AM750. El PAMI tiene 100.000 afiliados y afiliadas mayores de 80 en la Ciudad -- el grupo etáreo que se está vacunando actualmente -- y 300.000 mayores de 70. No sería una obra social a la cual la Ciudad debería obviar, si se trata de ampliar el alcance, como se sostuvo desde la administración porteña.

En el juzgado de Lijo acumularon la denuncia de Salvo con otra presentada por el abogado Yamil Castro Bianchi, que sostenía que en Ciudad se favorecía la vacunación de partidarios, amigos y familiares. En su presentación hacía foco en la situación en la Asociación Civil Encuentro Vecinal Sur, a la que presentaba como un comité de la Unión Cívica Radical, y la ligaba a Raquel Herrero, que ejerce como auditora general de la Ciudad y está vinculada a ese partido.

Stornelli pidió los procedimientos en el Ministerio de Salud porteño y que se recabara también información de la cartera nacional que dirige Carla Vizzotti. Lijo, por su parte, sumó la orden de presentación a la asociación civil. Todas las dirigencias quedaron en manos de la Gendarmería, mientras que al Ministerio de Salud de la Nación se lo emplazó para que en las próximas 48 horas informe los lotes de vacunas que envió a la Ciudad.

Lijo busca copias de los convenios que el Gobierno de la Ciudad firmó con establecimientos privados y de carácter social, la información relativa a todos los lotes de vacunas que recibió la Ciudad y a qué centro de vacunación los derivó. Además, quiere saber cuáles son los vacunatorios habilitados y qué dosis se aplicaron hasta el momento, a quién, adónde y en qué fecha. 

Por lo que pudo saber Página/12, no se ordenó el secuestro de computadoras, pero los investigadores habían bajado información en dispositivos electrónicos. Al juez le interesa saber en qué condiciones se firmaron los convenios. En el operativo en la asociación civil, una primera información indicaba que el lugar ya no funcionaba como vacunatorio, pero los datos son preliminares.

Siguiendo el pedido de Stornelli, Lijo convocó a los dos denunciantes para la semana próxima, para que ratifiquen sus denuncias y aporten nuevos elementos. Salvo le confirmó a este diario que ya pidió ser querellante en la causa, lo que deberá ser analizado por el juzgado de Lijo.

Viejos conocidos

La declaración de Salvo es básicamente un trámite, aunque no estará exenta de tensión, ya que ella es la primera abogada que denunció a Stornelli por sus vínculos con D'Alessio, lo que derivó en su procesamiento en la causa de espionaje que instruye Ramos Padilla, decisión que fue confirmada por la Cámara Federal de Mar del Plata en diciembre. Salvo denunció que Stornelli y D'Alessio habían extorsionado a Etchebest para pedirle dinero a cambio de no involucrarlo en la causa de las fotocopias de los cuadernos, investigación emblemática de abuso de la figura del arrepentido en manos del fiscal Stornelli y del fallecido juez Claudio Bonadio.

Después de esa denuncia, Stornelli estuvo casi nueve meses en rebeldía por negarse a declarar como imputado frente a Ramos Padilla y contó con la paciencia del procurador interino Eduardo Casal. Stornelli tiene dos expedientes abiertos en la Procuración, pero no parece haber colmado esa paciencia del procurador. Días atrás, Casal incluso aceptó que se retirara de un concurso para fiscales ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal el juez de la Corte de Santa Fe Daniel Erbetta, porque no estaba dispuesto a compartir jurado con una persona sometida a un proceso penal como Stornelli. Pero aun así sostuvo al titular de la fiscalía 4 de Comodoro Py. 

La Cámara de Mar del Plata benefició la situación de Stornelli, pero sigue procesado por haber mandado a su compinche D'Alessio a hacerle una cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira y por encomendarle hacerle una "cama" al exmarido de su actual pareja, Jorge Castañón. 

Ramos Padilla, además, amplió el procesamiento por las presiones a Pablo Barreiro para intentar involucrar a Cristina Fernánde en la causa de los cuadernos.

En Dolores, el juez Ramos Padilla sostiene que la red en la que participaban tanto D'Alessio como Stornelli era una organización paraestatal dedicada al espionaje, que tenía terminales en distintas agencias del Estado, como podía ser la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, la actual presidenta del PRO, que encarna al ala dura que incluso ayer salió a cruzar al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós.

En el juzgado descartaron que Lijo vaya a delegar la investigación en Stornelli. Sus antecedentes y sus vínculos con Juntos con el Cambio no serían una garantía para hacer que avance la causa que pone en el centro de atención el acceso privilegiado a vacunas por parte de grupos elegidos por la administración de Rodríguez Larreta. En simultáneo en Comodoro Py, la jueza María Eugenia Capuchetti avanza en la investigación sobre el acceso irregular a vacunas en el ámbito nacional.