La Cámara de Diputados habilitó ayer la convocatoria a reformar de forma parcial la Constitución salteña, para lo cual deberán elegirse a los convencionales constituyentes que definirán como quedarán redactados los artículos seleccionados para modificarse.

El debate en la Cámara Baja tuvo, a diferencia de lo ocurrido seis días atrás en el Senado, contrapuntos y cruces entre oficialistas y opositores, ya que estos últimos consideraban que la reforma debía ser más amplia y no limitada a cuestiones electorales o la duración de los jueces de la Corte de Justicia.

Esos eran los dos principales puntos de la propuesta, ya que el proyecto enviado por el Ejecutivo indica la necesidad de limitar los mandatos del gobernador y los legisladores provinciales y municipales a dos periodos de cuatro años como máximo.

En tanto, con los magistrados del máximo tribunal provincial, plantea reemplazar el actual periodo de seis años, por la inamovilidad hasta que alcancen la edad jubilatoria.

La iniciativa se aprobó en general por 51 votos a favor y 5 en contra, Héctor Chibán (UCR), Gladys Moisés (PRO), Claudio Del Plá (PO), Julio Moreno y Carlos Zapata (Ahora Patria), porque los bloques del PV, Justicialista y PARES, advirtieron que están de acuerdo en la necesidad de la reforma, pero no en lo que se proponía, por lo que en la votación en particular del artículo 1 del proyecto, que contenía todo el articulado a modificarse, lo hicieron en negativo.

De esta manera en ese artículo la votación fue de 42 a 14. El proyecto obtuvo la mayoría agravada de los dos tercios necesaria para la aprobación de este tipo de iniciativas.

El oficialismo llegó al debate apoyado en los argumentos de que el gobernador Gustavo Sáenz estaba honrando una promesa de campaña al pedir la reforma, y que dicha solicitud estaba legitimada popularmente en virtud de haber ganado las últimas elecciones.

Otro punto fuerte de la argumentación de los saencistas fue afirmar que quienes se oponían a la reforma era porque no querían limitar los mandatos, algo que en ningún momento del debate defendió algún integrante de los bloques opositores, por el contrario, los que se refirieron a ese punto explicitaron su apoyo.

Llamativo fue cuando el diputado Sebastián Otero hizo una interpretación de los discursos de los opositores al considerar que no plantearon estar en contra de acotar los mandatos solo porque iban a quedar mal con la opinión pública, pero insinuó que en realidad quieren seguir con los mandatos ilimitados.

Por eso Santiago Godoy se quejó de que el proyecto haya incluido todas las modificaciones en un solo artículo obligando a que se vote todo o nada, lo que generaba este tipo de confusiones.

Acerca del argumento de la validación a la reforma sobre la base del triunfo electoral de Sáenz en 2019, Del Plá señaló que es posible por la cantidad de diputados que llegaron como opositores y se cambiaron al oficialismo luego de asumir, caso contrario hubiese permitido a la oposición tener los 20 diputados necesarios para impedir las mayorías agravadas.

Volviendo a la iniciativa, Godoy señaló que “hubiese sido maravilloso que lo discuta la sociedad”, y enumeró una serie de puntos que se podrían haber incluido, como la cuestión de género y paridad de representación, acceso al agua potable, garantizar la conectividad, entre otros. “No es una reforma generosa, estamos perdiendo una oportunidad después de más 30 años que se cambió integralmente la Constitución por última vez”, concluyó.

Zapata solicitó la posibilidad de sancionar el “transfugismo político” para evitar candidatos que llegan por una fuerza, se pasen a otro sector y “que pierdan la banca”. Y también pidió que los diputados se vuelvan a elegir por distrito único y que el mandato del gobernador sea único, sin reelecciones. Todo esto fue volcado en un dictamen de minoría que firmó junto a la diputada Cristina Fiore. Además hubo otros 3 dictámenes más en minoría. El que finalmente se votó fue el que llegó con la media sanción desde el Senado.

Ramón Villa señaló que su bloque no está en contra de la reforma, “somos reformistas, pero no solamente paran que se dedique a temas electorales, los ciudadanos no saben qué estamos discutiendo. Y la verdad, no discutimos temas importantes como el medio ambiente o que se declare a la provincia definitivamente pluricultural para defender a los pueblos originarios”.

En cambio, una de las cabezas del oficialismo, Javier Diez Villa, dijo que “con la reforma se fortalecen las instituciones” y pronosticó que fomentará la renovación al limitar los mandatos. También dijo que la reforma cuenta con apoyo de la ciudadanía.

El radical Chibán apuntó contra los cargos vitalicios de los jueces y expresó que así como no hay independencia de la Corte con respecto a poder político, tampoco existe de los jueces inferiores con respecto a los magistrados supremos. También objetó que “se haga creer que la Auditoría estará manejada por la oposición ¿Qué es la oposición?”.

“Los temas a modificarse fueron seleccionados por el gobernador, no hubo debate, o no por lo menos con la sociedad”, sentenció Franco Hernández, que además admitió su frustración por tener que debatir un proyecto “que no admite modificaciones”.

Y Cristina Fiore afirmó que “la mayoría del pueblo quiere que tengamos la capacidad de ponernos de acuerdo para hablar los temas que le interesan a la gente” y pidió menos aplausos y más ideas a los oficialistas, además puntualizó una serie de modificaciones propuestas en su dictamen referido a la conectividad, la Corte de Justicia y la paridad de género en la conformación de los cuerpos legislativos.

El artículo 2 del proyecto plantea modificar los artículos relacionados a los mandatos de los tres poderes, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, así como el régimen municipal en cuanto al mandato de los concejales y darle más espacio a la oposición en la Auditoría General.

Los que se modificará

Además de los mandatos y la inamovilidad de los jueces de Corte, también se adelantará la apertura del periodo de sesiones de la Legislatura al 1 de marzo.

Además, se podrían extender los mandatos de los concejales a cuatro años y ampliar con dos miembros más los concejos deliberantes en los que hay solo tres ediles.

En tanto, el artículo 169, que indica cuántos integrantes tendrá la Auditoría General de la Provincia, promoviendo su integración con 3 miembros de la oposición y 2 del oficialismo. 

Convencionales se eligen en julio

Las modificaciones se harán en la Convención Constituyente que estará integrada por 60 convencionales respetando la misma distribución departamental de la Cámara de Diputados. Por su tarea no cobrarán sueldo.

Tampoco existe limitación alguna para postularse, por lo que uno de los candidatos podría ser el propio gobernador, un intendente, legisladores nacionales o provinciales, entre otros.

La elección será el 4 de julio junto con las provinciales, y una vez constituida la Convención tendrán 60 días para completar la reforma.