El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, volvió ayer a marcar diferencias con el Poder Judicial y criticar aspectos como, en este caso, la añosa prolongación de algunas causas penales. "Es inaceptable que un proceso dure cinco o 15 años", despreció en alusión directa con los casi tres lustros de impunidad que cumplirá a fin de mes la trágica inundación de la ciudad de Santa Fe que involucró en su momento a una serie de funcionarios de Estado, con el entonces gobernador Carlos Reutemann a la cabeza. No es la primera vez que el máximo competente del Poder Ejecutivo provincial en asuntos de Justicia señala pajas y vigas en el ojo de magistrados, fiscales y defensores en general. Días atrás no se privó de opinar del exceso de alcohol hallado en una fiscal al volante, y el año pasado directamente consideró que "a algunos jueces les falta sentido común", en ocasión de explicarse la liberación prematura de un vendedor de drogas involucrado luego en un resonante asesinato.
Silberstein reclamó ayer a través de la prensa que el Poder Judicial revise puertas adentro su composición y desempeño. "Debe replantearse su reestructuración en lo que tiene que ver con los procesos y su manera de organización. No puede ser que haya procesos que duren 5, 10 o 15 años. Realmente, es inaceptable. La Justicia tardía no es Justicia", pegó. Lo consultaban sobre la investigación adormilada de la inundación de abril de 2003, cuando un tercio de la ciudad capital se inundó y murieron 24 personas. "Una causa que dura 14 años, usando una terminología casi filosófica, más que una causa es una no‑causa", reflexionó el ministro.
En otro orden, también entrevió "un problema gravísimo" con el Código Procesal Penal que omite una letra específica para menores de edad, con un corpus jurídico propio. "Los mayores tienen más garantías que los menores, porque aquellos saben cuál es el proceso con el que se los va a juzgar, y estos no", observó.
La libertad condicional otorgada al entrerriano Sebastián Wagner, asesino confeso de Micaela García, a pesar de que había informes de peritos que lo desaconsejaban, removió el debate y obligó a revisar el régimen de salidas transitorias a detenidos con un alto grado de incumplimiento o con reincidencias en el delito en algunos casos. Por eso, el Servicio Penitenciario endureció la lógica administrativa para conceder esos beneficios penitenciarios y enseguida los reclusos de la cárcel de Coronda se declararon en huelga de actividades. En este marco, y frente a los hechos consumados, Silberstein se pronunció en la misma dirección que el área bajo su órbita que dirige Pablo Coccioni. "No comparto los criterios interpretativos que se han dado en el país. Hay que interpretar las normas de manera armónica. No puede ser que a una persona que comete un delito según el cual no le corersponde la condena de ejecución condicional, se le permita la salida transitoria con el 50 por ciento de la condena", dijo.
"Tenemos un problema de tipo interpretativo que necesariamente va a merecer y requiere de una normativa que haga y ordene de alguna manera más sensata", agregó.
En agosto del año pasado, el ministro de Justicia había manifestado su disenso con la interpretación de un juez sobre las leyes penales a la hora de dictar una sentencia. "Falta sentido común", recriminó el funcionario del gobierno de Miguel Lifschitz. Lo decía entonces a cuento del homicidio del joven Fabricio Zulatto, cuyo cadáver apareció ejecutado en el pozo ciego de una casilla de Génova y las vías del ferrocarril Belgrano, en Arroyito Oeste. El presunto instigador del crimen fue Oscar Soza Bernard, quien debía cumpilr una condena a 13 años de prisión por haber asesinado en 2010 a su novia, pero que gozaba de libertad condicional concedida por la jueza de Ejecución Penal, Luciana Prunotto.
Días atrás, Silberstein también amonestó a otra integrante del Poder Judicial, la fiscal Valeria Haurigot, a quien le habían secuestrado su auto particular tras haber dado positivo un examen de alcoholemia en un control de tránsito en Funes. "Esto nos lleva a un problema más serio ‑analizó el ministro entonces‑. Quien integra el Poder Judicial debe tener conductas diferenciadoras del resto de la sociedad. Por eso cuando hablamos de designación de fiscales y jueces decimos que ahora es mucho más riguroso", añadió.
