Amnistía Internacional solicitó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires información sobre la asignación de dosis de vacunas contra el coronavirus a entidades privadas de salud, tras la denuncia penal presentada ante la justicia para que se investigue una supuesta privatización del sistema vacunatorio en el distrito.
"La igualdad y no discriminación deben ser el eje de toda respuesta a la pandemia", explicó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, en un comunicado en el que la entidad difundió el pedido de informes realizado al Ministerio de Salud Porteño a fin de conocer más detalles sobre la asignación de partidas de las vacunas a empresas de salud prepaga y clínicas privadas. "La situación económica de las personas no debe constituir nunca un obstáculo para acceder a la vacuna contra el covid-19", remarcó Belski.
Según la titular de la entidad, el requerimiento de información a las autoridades porteñas tiene como objetivo "monitorear el cumplimiento de los estándares de derechos humanos que imponen que los recursos sanitarios para enfrentar a la covid-19 sean accesibles, equitativos, inclusivos y no discriminatorios".
La organización enfatizó además que "los Estados deben garantizar el acceso a la inmunización sin discriminación y en condiciones de igualdad para toda la sociedad" en el comunciado que difundieron este jueves a la mañana, en el que detallan los tópicos sobre los que la cartera dirigida por Fernán Quiróz fue consultada.
Así, además de información sobre los convenios firmados con entidades de la salud privada para la implementación de la vacunación contra la covid-19, AI consultó a las autoridades porteñas sobre la cantidad de dosis recibidas por la jurisdicción y cuántas fueron distribuidas a cada centro de salud; quiere saber los criterios utlizados en CABA para la asignación de la vacuna a establecimientos públicos y privados. También pidió conocer detalles sobre el sistema de turnos que se está implementando en el el sector público y privado de salud del territorio y datos sobre si existe algún mecanismo de control sobre todo aquello, así como sus características.
"En la Argentina y el mundo, Amnistía Internacional viene señalando las obligaciones de derechos humanos de los Estados en relación con el diagnóstico, tratamiento y vacuna de la covid-19 a efectos de garantizar un acceso equitativo y sin discriminación a todas las personas, independientemente de su quiénes sean o cuánto puedan pagar", recordó la ONG.
En el mismo sentido, insistió con que "la pandemia tuvo un impacto desproporcionado en personas y comunidades que fueron históricamente marginadas y discriminadas".
"Los planes de vacunación deben incorporar perspectiva de derechos humanos para garantizar que las personas más necesitadas de la vacuna no vean limitado su acceso a ella", alertó Belski.
A principios de semana, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y Quiroz fueron denunciados ante la Cámara Federal Porteña por ceder a entidades de salud privada la aplicación de las dosis contra la covid-19. Luego de que el fiscal Carlos Stornelli impulsara la investigación e imputara a los funcionarios, el juez federal Ariel Lijo avanzó con medidas de prueba. Ayer se concretaron allanamientos en el Ministerio de Salud y en una asociación civil ligada a Juntos por el Cambio que habría funcionado como vacunatorio.
