Se llevó a cabo una nueva reunión de la Mesa de Gestión Territorial de Santa Victoria Este, de la que participan familias y organizaciones indígenas y criollas, ong's locales y organismos de los tres niveles del Estado para abordar temáticas vinculadas a la tierra, el agua, proyectos de desarrollo productivo y se ponen en consideración las propuestas para ir avanzando en el cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), próximo a cumplir un año.
En el encuentro surgieron los mismos problemas de siempre sobre la falta de ejecución de obras que garanticen a las 500 familias criollas que se deben relocalizar que su nuevo destino será digno y seguro.
Próximo a vencerse el plazo que otorgó la CorteIDH al país en el Caso N⁰ 12.094 Lhaka Honhat, para presentar el plan de cumplimiento de su sentencia, lo que implica la reubicación de los habitantes no pertenecientes a los pueblos originarios en ese territorio de 643.000 hectáreas, los temas abordados puntualmente fueron los proyectos pendientes de aprobación para obras de agua, alambrados perimetrales y las garantías de pastaje para los animales. Para esa relocalización, y para que el Estado argentino, a través de la provincia de Salta, entregue el título de propiedad comunitaria a las comunidades indígenas de la zona, este territorio de uso ancestral fue repartido entre sus habitantes: 400 mil hectáreas son para los pueblos originarios y 243 mil para los criollos y la realización de obras de infraestructura de uso público.
Uno de los participantes de la mesa fue Dante Albornoz, integrante de la Organización de Familias Criollas (OFC), quien vivió toda su vida en ese territorio y fue uno de los primeros en ser relocalizado a la vera de la ruta provincial 54, hace unos cinco años, junto a otras 20 familias. “El gobierno provincial prometió un montón de cosas y no está cumpliendo”, dijo a Salta/12 el referente campesino, quien añadió que no es solo un problema de la actual gestión, sino que “ni Romero ni Urtubey tampoco hicieron nada”.
Entre las demandas, recordó que el acuerdo para trasladarse era que se les garantice el cerramiento perimetral para cuidar sus animales, agua, “y algo de pasto para las épocas de sequía”. “Que es lo principal, hay un montón de cosas, pero eso es lo más necesario para poder vivir”, añadió.
Si bien reconoció que el Ejercito Argentino este año colaboró con camiones cisternas luego de la emergencia socio sanitaria declarada en febrero de 2020 por la muerte de niños del Pueblo Wichí por causas vinculadas a la desnutrición, “no es agua segura y no es una solución permanente”. Y explicó que si no hubiese llegado el Ejército, 20 familias trasladadas tenían decidido volver a la costa del río donde vivían anteriormente.
Con respecto a la reunión que mantuvieron el último miércoles y de la que participaron por parte del municipio el secretario de Gobierno, Rogelio Segundo, y de la provincia la secretaria de Desarrollo Agropecuario, Milagros Patrón Costas, junto al secretario de Ambiente, Alejandro Aldázabal, y por la Secretaría de Asuntos Indigenas, Florencia Luñiz, el integrante de la OFC sostuvo que los funcionarios de la provincia “volvieron a realizar promesas” porque supuestamente a fin del año pasado debía estar todo instalado y ahora nos dijeron que se cayó el proyecto".
En ese sentido, Albornoz rescató que el director de la DIPROSE (Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales), organismo perteneciente al Ministerio de Agricultura de Nación, Juan Manuel Fernández Arocena, se comprometió a gestionar nuevos fondos a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “Si eso sucede, nos estarían instalando los pozos de agua antes de fin de año”, indicó.
Lamentó que el gobierno nacional siempre tenga que usar de intermediario al provincial “porque son los dueños del territorio”, según la Constitución, “la plata llega ahí desde Nación pero no acá”. Aseguró que se contrata gente y se compran vehículos que nunca llegan al territorio, “nosotros ya estamos cansados de ese manoseo”. “No cumplieron, según lo que prometieron y está firmado en los libros de acta, ni el 10%”, añadió Albornoz.
Pero como está próximo a vencerse el plazo que estipuló la CorteIDH para que el Estado presente el plan de relocalización garantizando el acceso al agua y una vida digna de las familias criollas que deben trasladadas para permitir que las 400 mil hectáreas queden como una unidad, se logró conformar una comisión especialmente abocada a la elaboración de la Propuesta de relocalización y el Desarrollo Productivo de las familias criollas.
“Ahí queremos asegurarnos que, en esa propuesta, no solo digan qué van a hacer, sino también con qué plata y cuándo”, manifestó el representante criollo, “porque después nos salen diciendo que no hay plata y todo queda en la nada como siempre”. Para ello, se comprometieron a mantener reuniones semanales de manera virtual y presenciales una vez al mes.
Con respecto a la gestión municipal, también consideró que no hay compromiso en este proceso, aunque reconoció la voluntad personal que pone el secretario de Gobierno, Rogelio Segundo, “pero de parte del intendente (Rogelio Nerón) nos sentimos abandonados”. Segundo es uno de los litigantes que logró el fallo de la Corte internacional, como integrante de la comisión directiva de la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat, cuyo coordinador es el histórico referente wichí Federico Pérez.
De las 500 familias que se deben relocalizar fuera del territorio indígena, solo unas pocas ya se trasladaron, “hay unas 80 que ya tienen elegido el lugar, pero nosotros les recomendamos que no se muevan hasta que no estén las garantías de que se cumpla”, explicó el criollo, “si no nos pueden cumplir a 20 mirá si le van a cumplir a 100”, especuló.
“Nosotros le vamos a seguir metiendo, no nos queda otra”, añadió. Pero aclaró que para ello “necesitamos que el gobierno provincial demuestre también ganas y no siga poniendo trabas”.
De la reunión de la Mesa de Gestión también participó el coordinador del Centro Regional Salta Jujuy del INTA, José Minetti; la directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indigena, María José Castillo, junto a uno de los directores de la delegación Salta, Ignacio Garzarón, y los técnicos territoriales de la oficina Local del Ministerio de Ganadería y Pesca de la Nación.
