El fiscal federal Ricardo Toranzos, a cargo del Área de Casos Complejos, comenzó una investigación preliminar por supuestas irregularidades en la adjudicación y aplicación de dosis de la vacuna Sputnik V en la provincia de Salta. También en el Ministerio Público Fiscal se inició una investigación penal el pasado 18 de este mes, que quedó a cargo de la fiscala Ana Salinas Odorisio. 

Asimismo, el procurador general de la provincia, Abel Cornejo, dispuso la apertura de sumarios en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) por el pedido que realizaron miembros de este organismo al Ministerio de Salud para la provisión de 50 dosis de vacunas, que fueron cedidas y colocadas, sin consulta previa ni información a la Procuración General ni a su coordinación general. 

Según se informó, uno de los sumarios es contra la directora del CIF, María Sodero Calvet. Estas actuaciones administrativas empezaron el 10 de febrero, y el 18 de este mes se informó a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos, donde se inició la investigación penal a cargo de Salinas Odorisio. Además de la conducta de los funcionarios del CIF que pidieron las vacunas, se agrega la respuesta del Ministerio de Salud, que las cedió.

Por otro lado, el fiscal federal Toranzos pidió informes a las autoridades del Ministerio de Salud Pública de la provincia, respecto a cuántas vacunas contra la covid-19 fueron adjudicadas a Salta.

La investigación federal comenzó de oficio y surgió por los planteos públicos vinculados a las irregularidades denunciadas respecto al orden de adjudicación y provisión de la vacuna proporcionada por el Estado Nacional. En ese marco, y ante las sospechas surgidas respecto a su aplicación en la población, el fiscal dispuso la apertura de la causa con el fin de determinar la posible comisión delictiva en la adjudicación de las dosis de vacuna. Para Toranzos, en caso de ser confirmado, este hecho habrá causado "un perjuicio al Estado Nacional".

Asimismo, el fiscal federal requirió que se indique “si dentro de las partidas remitidas, se encontraban determinados o nominados los organismos y/o personas destinatarias en la jurisdicción, con registro o no en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino, debiendo individualizar y remitir listado de los beneficiarios y las personas que tuvieron a su cargo su aplicación”.

También requirió el “listado de personas vacunadas” detalles del cronograma, protocolo de aplicación de la vacuna, fechas, remesas, lugares de aplicación y especificaciones sobre personas que hayan recibido la vacuna fuera del protocolo establecido. Y solicitó las instrucciones para las supuestas excepciones, como la nómina de los responsables del plan de vacunación dispuesto por la provincia.

Falta de solidaridad 

Sobre el pedido y aplicación de vacunas de funcionarios del CIF, el Ministerio Público Fiscal de la provincia informó que esto se hizo desde sin consultar antes a la jefatura del MPF, ni al Servicio Médico del MPF, lo cual generó "sorpresa y desagrado" en el ámbito de la Procuración.

En un comunicado, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que esta situación "revistió falta de solidaridad y equidad de quienes decidieron avanzar en el acceso a las dosis y su disposición final, al no haber contado con una opinión médica objetiva sobre el listado de personas con prioridades que debían administrarse la vacuna Sputnik V y el orden de prelación que debía seguirse para ello". Recordó que esos "parámetros están establecidos por la autoridad sanitaria y de acuerdo a los grupos de la población con mayor vulnerabilidad".

El procurador consideró que estas irregularidades detectadas son una violación de distintas normativas vigentes y que por su "gravedad y complejidad" ameritan "instancias disciplinarias internas especialmente cuando es de dominio público que todavía, la cantidad de dosis disponibles a nivel internacional, nacional y provincial, resulta absolutamente insuficiente para cubrir las necesidades básicas de la población”. 

Asimismo, el MPF afirmó que en su propio seno "hay fiscales, funcionarias y funcionarios y personal, todos incluidos en grupos de riesgo y que no accedieron todavía a la inmunización". 

Pero también recordó que por la tarea específica que lleva adelante el CIF, en particular por la realización de autopsias y otros exámenes cadavéricos, desde la declaración de la covid-19 como pandemia, "numerosas personas del equipo resultaron positivas para la enfermedad y luego de haberse cumplido los protocolos establecidos para evitar más contagios y someterse al tratamiento, se recuperaron en forma favorable".

Ante las versiones que corrieron sobre la presunta aplicación irregular de vacunas contra la covid, ayer la Corte de Justicia salió a desmentir que alguno de sus miembros se haya aplicado la vacuna y que tampoco gestionaron dosis para inocularse por fuera del cronograma de vacunación previsto por las autoridades sanitarias.

También señaló que requirió información al Ministerio de Salud Pública respecto a las vacunas que se hubieran enviado a la Ciudad Judicial y con qué destino, con el propósito de practicar las actuaciones que por ley correspondan. Y advirtió que no respetar el orden de prioridad "constituye infracciones gravísimas a las leyes del Estado, por ante los deberes asumidos para con la sociedad".