La AFIP investiga a 2500 personas sospechadas de maniobras elusivas para no pagar el aporte extraordinario que votó el Congreso durante la pandemia. La sospecha surge a raíz de que no presentaron sus declaraciones juradas de Bienes Personales del año 2019, pese a los abultados patrimonios. Por este motivo, el organismo, que encabeza Mercedes Marcó del Pont, definió que, si no realizan el pago del aporte, serán denunciados penalmente.

El universo potencial de personas alcanzadas por el aporte solidario y extraordinario que estima la AFIP es de 13 mil personas, el 0,03 por ciento de la población argentina, estimada por el Banco Mundial en 44 millones. Estas personas son el 1,2 por ciento del total de los contribuyentes de bienes personales. De esas 13 mil, hubo 2500 casos que no presentó la declaración jurada de bienes personales en 2019.

“La omisión de presentación constituye un indicio indubitable de un “ardid” tendiente a eludir el pago del aporte solidario”, consideraron desde la AFIP. Dado el patrimonio de esas personas, el organismo sospecha de maniobras elusivas. Para ser alcanzado por el impuesto a las grandes fortunas, el patrimonio debía ser superior a los 200 millones de pesos, y la alícuota de aporte es del 2 por ciento.

En la reglamentación de la ley fue establecido que los sujetos alcanzados deberán pagarlo hasta el día 30 de marzo de 2021, inclusive. En lo casos en los que no realicen el pago, que debería ser de al menos 4 millones de pesos (según las escalas definidas en la ley), la AFIP iniciará denuncias penales contra esos contribuyentes por evasión agravada. 

Según el régimen penal tributario, la evasión agravada tiene una pena de 3 años y 6 meses a 9 años de prisión, además de los altísimos costos de defensa de un estudio de abogados. Lo que se investiga no es el dinero no declarado, de hecho las sospechas recaen en los fondos blanqueados, sino que el objetivo haya sido establecer maniobras para no pagar el aporte. 

El decreto reglamentario de la ley, publicado en febrero, instruyó a la AFIP a instrumentar regímenes de información para detectar maniobras tendientes a eludir el pago del aporte. Por ese motivo se incorporó un régimen informativo para detectar cambios durante los 180 días inmediatos anteriores a la entrada en vigencia de la ley, que hiciera presumir operaciones que configuren un “ardid evasivo”, o destinado a eludir el pago del aporte extraordinario.

Patrimonios

El aporte solidario y extraordinario fue presentado al presidente Alberto Fernández en abril del año pasado, por los diputados del Frente de Todos, Carlos Heller y Máximo Kirchner. Fue aprobado en diciembre en el Congreso, con el apoyo del oficialismo y aliados, y el rechazo de Juntos por el Cambio.

La ley entró en vigencia el 18 de diciembre, fecha clave, debido a que es la que se considera para la valuación de bienes. Si bien inicialmente se estimaba que lo pagarían 9300 personas, el aporte finalmente alcanzará a alrededor de 13 mil, debido a la composición de la cartera de los contribuyentes y a la evolución de la cotización del dólar.

En la composición de los patrimonios alcanzados por el tributo, el 40 por ciento está en moneda extranjera, y de ese monto, el 93 por ciento está fuera de la Argentina. Allí la alícuota será 50 por ciento mayor. Pero, con repatriar el 30 por ciento de los activos financieros situados en el exterior, se aplicará el método de cálculo del aporte correspondiente a aquellos que sólo poseen bienes en el país.

El aporte es de carácter progresivo: la alícuota aumenta a medida que los patrimonios son mayores. Si bien se estima una recaudación de 300 mil millones de pesos, más de la mitad (el 55 por ciento del total) será realizada por 380 personas, es decir, el 3,2 por ciento de las personas alcanzadas, dado que declaran bienes por encima de los 3000 millones.

El destino de los fondos fue establecido en la ley. El 20 por ciento será para la compra de equipamiento médico, medicamentos y vacunas; otro 20 por ciento para subsidios a las pymes; un 20 por ciento a becas Progresar, con incentivos económicos para la trayectoria educativa; un 15 por ciento para el fondo de integración socio urbana, para mejorar las condiciones habitacionales de los barrios populares y un 25 por ciento en programas de exploración y desarrollo de la producción de gas natural.