La presión se sigue acumulando sobre el presidente de la Cámara de Casación, Gustavo Hornos, después de que se conocieran sus seis visitas a la Casa Rosada durante el gobierno de Mauricio Macri, con quien reconoció mantener una relación social y haber discutido sobre política judicial. Dos de sus colegas, Ángela Ledesma y Alejandro Slokar, le demandaron este viernes que convoque a un acuerdo general para discutir si debe seguir ejerciendo la representación del más alto tribunal penal del país.

La carta fue breve y el motivo escueto, pero el mensaje fue claro. “Solicitarle tenga a bien convocar a un acuerdo general del cuerpo para el tratamiento de la cuestión en atención a la representación que ejerce”. La nota le llegó a Hornos a través de la secretaría general a las 13.30 del viernes. Los firmantes son importantes: Ledesma es la presidenta saliente de la Casación y Slokar es uno de los dos vicepresidentes del tribunal. El otro es Mariano Borinsky. Tanto Slokar como Ledesma dan a entender que la permanencia de Hornos en la presidencia de la Casación es, en su opinión, insostenible.

El escándalo estalló el jueves de la semana pasada cuando Hornos reconoció el vínculo que lo unía con el expresidente, dijo que había discutido sobre política judicial y penitenciaria, pero negó que haber debatido sobre casos que estaban a examen de la Casación. El diputado Martín Soria, que lo denunció penalmente y ante el Consejo de la Magistratura, sostiene, por el contrario, que las reuniones coincidieron con fallos adversos al kirchnerismo. Hornos también dijo que no recuerda haber intervenido en causas que estuvieran vinculadas con Macri, pero en Comodoro Py tienen sus dudas.

El deescargo de Hornos ante los presidentes de cada una de las salas no bastó. Después de esa reunión, los tres jueces de la Sala II, Slokar, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, le enviaron una nota al presidente de la Casación recordándole cuáles eran las conductas esperables para un juez. Si de algo no se los puede acusar a Mahiques y a Yacobucci es de tener simpatías por el gobierno actual. Después llegó la carta de Ledesma, que reveló este diario, en la que la camarista sostenía que su conducta ponía un manto de duda sobre la justicia y le refrescaba cuáles eran los códigos de ética que deben seguir los magistrados.

Ahora llegó el pedido de convocar a un acuerdo general, al que tendrá que darle curso el propio Hornos. La otra posibilidad es que siete jueces --la mitad más uno de los integrantes de la Cámara Federal de Casación-- se autoconvoquen y llamen a Hornos a la reunión. El presidente de la Casación le hizo saber al diario La Nación que planeaba convocar a un plenario con un temario más amplio e incluir el punto de su situación al frente del tribunal. Este diario no pudo comunicarse con el magistrado para consultarle cuál iba a ser el curso a seguir.

Soria denunció a Hornos en el marco del expediente sobre el rol de la llamada mesa judicial macrista. El diputado entendía que por sus reuniones con el presidente podría haber funcionado dentro de ese grupo que dirigía las andanzas judiciales del macrismo. Sin embargo, el fiscal Franco Picardi sostuvo que la denuncia sobre Hornos representa un objeto distinto a la investigación que él viene llevando adelante sobre presiones a los jueces durante el gobierno de Cambiemos y le pidió a la jueza María Eugenia Capuchetti que mande la denuncia a sorteo. La jueza todavía no se pronunció, confirmaron fuentes judiciales.

El diputado también pidió el viernes pasado la remoción del juez ante el Consejo de la Magistratura. La presentación solicita que se lo investigue por mal desempeño, grave negligencia y por la realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones. En el Consejo dijeron a Página/12 que la próxima semana se sorteará qué consejero deberá instruir la investigación sobre Hornos.

La denuncia sobre las visitas de Hornos a la Casa Rosada coincidió con la decisión de sus colegas de la Sala IV de sacar la causa de espionaje de los tribunales de Lomas de Zamora y mandarla a Comodoro Py, lo que derivó en una dura crítica de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, que fue retuiteada por el presidente Alberto Fernández. En la víspera del mensaje del 1 de marzo, la situación de Casación se perfila como uno de los temas en los que el presidente puede hacer pie para denunciar las distintas modalidades del lawfare.