El juez federal de Garantías 2 Miguel Medina hizo lugar el miércoles presentación del fiscal Ricardo Toranzos, para imputar nueve personas por defraudación a la administración pública en concurso ideal con incumplimiento de deberes de funcionario público, en el marco de la investigación por supuestos cobros indebidos del Ingreso Familiar de Emergencia.

Todos se desempeñan como personal o funcionarios del municipio de General Pizarro, perteneciente al departamento de Anta, quienes fueron denunciados en la Fiscalía Federal por el intendente de la localidad, Francisco Pérez. En esa oportunidad señaló que al menos serían 12 personas los que cobraron el IFE.

Entre las pruebas reunidas, el fiscal obtuvo informes remitidos por organismos de contralor, como la ANSES, a cargo de la adjudicación del beneficio; la AFIP y distintas entidades bancarias.

Los imputados con cargos de mayor rango son Enzo Martín Bautista, quien trabaja en el municipio y es delegado del Instituto Provincial de Salud de Salta, la obra social de la provincia y Francisca Ernestina Zarza, encargada del Registro Civil, ambas personas cobraron dos cuotas del IFE. Además está imputado Cristian Humberto Erazo Santa Ana, quien reviste el cargo de director de Cultura de la municipalidad y cobró una cuota del IFE. 

Las imputaciones pesan además sobre la axiliar Gabriela Fernanda Alvarez; el chofer Raúl Rafael Cardozo; la administrativa Nanci Argelia Fernández; el agente de tránsito Julio Humberto Paz, y la empleada de cobranza de piso Eva Virazate, quienes accedieron a dos cuotas del IFE. Mientras que la ordenanza Marcela Mireya Artiaga percibió un solo pago del IFE.

Todas las personas imputadas están acusadas del delito de defraudación a la administración pública en concurso ideal con incumplimiento de deberes de funcionario público que prevé penas de dos a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos. 

El fiscal solicitó un plazo de investigación de 60 días hábiles y requirió la aplicación de reglas de conducta para los acusados, entre ellas el compromiso de colaborar con la Justicia y de no salir del país. Toranzos accedió a los montos que percibieron al momento de los hechos, como así también los que reciben en la actualidad, datos que surgieron de los informes bancarios y de la AFIP remitidos a la fiscalía. El fiscal también presentó las pruebas acerca de la relación de dependencia entre estas personas con el Estado provincial. 

El defensor Agustín Mogaburu y la defensora Ximena Colombres, se interiorizaron respecto a la situación económica de cada uno de sus defendidos, en especial respecto a parientes que estarían a su cargo, tras lo cual el juez dio por formalizada la investigación en los términos requeridos por la fiscalía.

“En vista de esta denuncia, se realizaron distintas diligencias y tareas investigativas, que nos permitieron establecer que nueve de esos empleados sindicados por el jefe comunal habían realizado los trámites para acceder al IFE”, explicó el fiscal. 

Toranzos recordó que el Gobierno Nacional dispuso otorgar el Ingreso Familiar de Emergencia en el marco de la pandemia de Covid-19,  a través del decreto 310, en el cual se especificó los requisitos y cuál sería el organismo a cargo de llevar a cabo la adjudicación y control del beneficio. 

"(El fiscal) Resaltó que el IFE fue destinado a ayudar a las personas que, ante la disposición de aislamiento obligatorio, se quedaron sin ninguna posibilidad de acceder a ingresos, ya sea porque no tenían un trabajo con relación de dependencia o eran parte del mercado informal", informó el Ministerio Público Fiscal Federal

“La imposibilidad de acceder a este beneficio en caso de encontrarse con un trabajo con relación de dependencia, era uno de los requisitos que fue claramente explicitado en el decreto”, señaló el fiscal, quien destacó que, con el IFE, el Estado Nacional buscó ayudar a las personas con mayor vulnerabilidad.

En el caso de las personas ahora imputadas de General Pizarro, "prestaban servicios en el municipio y percibían sus haberes, por ello era incompatible el acceso al IFE; no obstante, llevaron adelante los trámites y con ello, causaron un grave perjuicio al Estado Nacional, en especial a las personas para quienes estaba destinado este beneficio”, aseveró Toranzos. También recordó la investidura de quienes desempeñaban cargos y debían haberse regido "por las normas de ética vigente para la función pública, entre ellas la de proteger los bienes del Estado Nacional".

Toranzos es el responsable del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta y lleva adelante otros tres casos similares contra un total de 38 funcionarios, entre ellos 26 concejales de distintos municipios y tres empleados con cargos jerárquicos en el PAMI, a quienes ahora se le suman estas nueve personas imputadas del municipio anteño. Participaron en la investigación: la secretaria del Área de Casos Complejos, Virginia Wierna y las investigadoras Evangelina Navarro, Andrea Espinoza y María Laura Saravia.