Afectación negativa al derecho a un medio ambiente saludable, a la alimentación y a la salud, a la libertad para la investigación científica. El Tribunal Internacional Monsanto analizó el testimonio de más de 30 testigos, damnificados directos por la conducta de la empresa, y el aporte de más de mil organizaciones ambientalistas, para acusar a la multinacional de semillas transgénicas y glifosato como responsable del delito de “ecocidio”.

La opinión consultiva emitida ayer por cinco “jueces” de distintos países –entre ellos la jurista Eleonora Lamm, de la Argentina– no tiene validez legal, ya que se trata de un tribunal extraordinario, pero sus representantes creen que la carga probatoria podría servir para impulsar procesos penales contra Monsanto.

“Las aseveraciones del Tribunal pueden utilizarse en los juicios de cada país, las pruebas sientan un precedente porque están jurídica y científicamente probadas”, explicó a PáginaI12 Lamm. “Este tribunal es producto de una iniciativa popular y como tal la opinión consultiva está en manos de la sociedad; ahora depende de todos apropiársela, difundirla”, añadió. 

La jurista mendocina destacó que en la “disyuntiva entre derechos económicos de la empresa y los derechos humanos, el acento tiene que ponerse en los derechos humanos. Si se sigue haciendo prevalecer los derechos económicos de las corporaciones, los perjudicados son los derechos de la población”. 

Sobre la incidencia de Monsanto en Argentina, Lamm reconoció que el país tiene una “legislación avanzada” en cuanto al reconocimiento de los derechos ambientales, incluso existe una Ley General del Ambiente, que establece principios de prevención y precaución. “Es una base sólida, sin embargo no existen políticas para aplicar y hacer efectiva esta legislación. La opinión consultiva puede influir para hacer efectiva estas leyes y porque, si bien algunas provincias habían limitado el uso del glifosato, otras no han dispuesto nada y muchas no son regulaciones buenas. En la Ciudad de Buenos Aires se prohíbe el glifosato en lugares públicos, ¿pero qué sucede en los ámbitos privados?”, se preguntó.

Lamm pidió también la creación en la Argentina de Tribunales Ambientales, que tengan competencia específica en estos temas, con jueces especializados en la materia. La opinión consultiva también podría influir, según la jurista especializada en bioética, para que no avance la Ley de Semillas, conocida como la Ley Monsanto, que prevé el patentamiento de las semillas: “De avanzar esa legislación, el modelo agroindustrial será la regla y el agroecológico, la excepción”.

El proceso contra la máxima productora mundial de herbicidas se llevó a cabo entre el 15 y el 16 de octubre de 2016 en La Haya, emulando los mecanismos de la Corte Penal Internacional que tiene sede en esa ciudad.

Durante esas jornadas, Lamm, junto a su par senegalesa Dior Fall Sow (consultora de la Corte Penal Internacional), el mexicano Jorge Fernández Souza (Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de México), el canadiense Steven Shrybman y la belga Françoise Tulkens (ex jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos) evaluaron pruebas y testimonios de investigadores, médicos, científicos y víctimas sobre las consecuencias del uso de los productos fabricados por Monsanto.

El Tribunal consideró a la empresa responsable de “ecocidio”, entendiendo esa figura como la de “causar daño severo o destruir el medioambiente para alterar de forma significativa y duradera los bienes comunes o servicios del ecosistema de los cuales ciertos grupos humanos dependen”, e instó a Naciones Unidas a incorporarlo como delito penal al Estatuto de Roma que rige a la Corte Penal Internacional de La Haya. Además exigió que las empresas y corporaciones sean consideradas sujetas al derecho internacional, con responsabilidad civil y penal.

En tanto, la Comisión Directiva Global de Derechos Humanos de Monsanto expresó que “el evento fue organizado por un selecto grupo de críticos anti-tecnología en la agricultura y anti-Monsanto, que actuaron como organizadores, jueces y jurados”, según consignó la agencia Télam.

La empresa afirmó que “se negó la evidencia científica existente y los antecedentes jurídicos de varios temas y fue organizado con un resultado ya predeterminado”. Además advirtió que “en una época en la que el público está tratando de separar los hechos de la ficción, esta opinión no-judicial podría ser malinterpretada”.