La justicia rosarina investiga un abanico importante de rubros en la administración de la fuerza policial, en el que se dilapidaron fondos públicos, y que podrían haber terminado en los bolsillos de jefes policiales. La pesquisa disparó ayer media docena de allanamientos ordenados por el fiscal David Carizza, y en los que se terminaron secuestrando elementos tecnológicos en los domicilios particulares de al menos tres ex jefes policiales, entre ellos el del comisario Marcelo Villanúa, que llegó a ser jefe provincial; el de Francisco Fernández, que era jefe de logística, y el de Luis Gómez, que era el habilitado en el área de Administración y Finanzas. La investigación se remonta a 2017 y si bien comienza con el rubro jardinería, también promete avanzar sobre otro ítem más jugoso: el del arreglo de móviles policiales, donde la "tajada" no sería desdeñable, ni mucho menos. 

La situación quedó en evidencia con la denuncia de un hombre que perteneció por pocos meses a la estructura de la administración policial, y que cuando denunció el mecanismo de recaudación recibió un explosivo en su propia casa y una balacera, tras lo cual ingreso a un programa de protección.

"Lo interesante de esta investigación es que se empezó por lo que se cobraba por el corte de césped en dependencias policiales y luego se fue avanzando rubro por rubro utilizando la misma tecnología de análisis. Una vez que fue descubierto el mecanismo por el cual se quedaron en un año con casi 7 millones de pesos por cortar el pasto vimos que todo se repetía para robar dinero asignado a la policía en todos los rubros. Estamos convencidos que si aplicamos esta lógica a la mayoría de las unidades regionales, nos encontraremos con un procedimiento de fraude similar", reveló un pesquisa.

Entre los hechos analizados por los fiscales de la Unidad de Criminalidad Organizada de Delitos Complejos se encuentra la creación de empresas subordinadas al grupo policial para prestar servicios pagados por la policía con la ventaja de conocer las ofertas de los competidores en el proceso de compras para cotizar menos. Así, por ejemplo, según lo investigado, compitieron con firmas formadas a tal efecto para el servicio de corte de pasto, por lo que se facturó 6,5 millones de pesos solo en 2017.

Estas empresas estaban aparentemente a cargo de titulares que, según las áreas contables que investigaron el tema, prestaban facturas a los policías jerárquicos, con lo que se llevaban una cantidad menor del dinero cobrado por los diferentes servicios.

Los procedimientos se hicieron ayer a la mañana en Larrea al 1400, Cochabamba al 5900, Dorrego al 4100, Italia 23, Espora al 1300 y pasaje Curie al 2400. En esos domicilios se secuestraron celulares que fueron enviados a peritar, dispositivos de almacenamiento y documentación relacionada con empresas de jardinería, jardín urbano y diseño de paisaje.

En todos los casos, la policía buscó documentación requerida por el fiscal Carizza acerca de posibles delitos económicos en compras y contrataciones que realizó la policía entre los años 2017 y 2019, dijeron voceros del caso.

La causa se inició en 2019 a raíz de la amenazas sufridas por un empleado policial encargado de tareas administrativas, que puso en conocimiento presuntas irregularidades en licitaciones y compras que realizaba la fuerza. “A partir de esta situación se realizan una serie de allanamientos en los que se secuestra documentación sobre todas las contrataciones que esta dependencia realizadas, entre los años 2017 a 2019 inclusive”, apuntó la fuente. 

En esos procedimientos se secuestraron 44 cajas con documentación cuyo contenido “fue analizado por un equipo interdisciplinario perteneciente al Organismo de Investigaciones (OI)”, amplió el informante. El comisario Villanúa asumió como jefe de la Policía santafesina en febrero de 2018. Antes fue titular de la Unidad Regional II, con asiento en Rosario, donde el fiscal Carizza entiende que se cometían los delitos investigados.