A esta altura, con la información acumulada, en la relación con el FMI las especulaciones no deberían ser si Argentina "llegará a tiempo en las negociaciones" para firmar en mayo un Acuerdo de Facilidades Extendidas. El interrogante a responder es de otro orden, y tiene que ver con cuál es la deuda que Argentina debe reconocer con el Fondo y por la cuál debería hacerse responsable.

De acuerdo a la recientemente votada Ley de Sostenibilidad de la Deuda Pública, los acuerdos futuros con el FMI deberán ser aprobados por el Congreso. Si el poder ejecutivo asumiera como deuda los 44.564 millones de dólares desembolsados a través del acuerdo stand by de 2018, estaría convalidando vicios insanables de ese "acuerdo" que una parte importante de ese mismo Congreso, el bloque de senadores del Frente de Todos, objetó severamente en la carta que envió en la última semana a la Oficina de Evaluación Independiente del propio FMI. 

Repasar las condiciones y el momento en el que se otorgó el crédito stand by puede ser atinado para analizar las responsabilidades de la entidad prestamista. Es lo que hizo el bloque de senadores del FdT en la misiva enviada a Washington. 

En junio de 2018 se firmó el acuerdo stand by inicial por u$s 50.000 millones, que en octubre se amplió en otros 7100 millones. Tanto en el transcurso de ese medio año como en el primer semestre del siguiente, 2019, ya era evidente que el respaldo financiero no había  estabilizado ninguna variable significativa de la economía. La suba de tasas de interés, caída de las reservas internacionales, aceleración de la inflación, la disparada del tipo de cambio eran la evidencia que se estaba gestando una catástrofe.

El Memorandum de Entendimiento imponía que los técnicos del Fondo recibieran la información periódica de estas variaciones, en algún caso hasta diaria. No está demás recordarlo, ahora que se deben juzgar las responsabilidades. Es decir, conocían perfectamente que "el plan de estabilización monetaria y financiera" estaba desestabilizando todo. Miles de millones de dólares entraban, miles de millones se fugaban. 

Además, el FMI trazó un cronograma de devolución del préstamo a todas luces incumplible, Quienes auditaban las cifras en 2018 no podían ignorar que Argentina no estaba en condiciones de revertir su saldo negativo en la balanza comercial, su déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos y frenar el drenaje de sus reservas, como para disponer de una capacidad de repago de 20 mil millones de dólares al año a partir de 2022. 

¿Podían las autoridades del FMI ignorar que el plan era incumplible? No, porque el mismo cuadro de situación al momento de suscribirlo, y con evidencia en la evolución en los meses siguientes, así lo demuestran. Ni la más optimista proyección podría darle sustento a la decisión de la gestión Lagarde de otorgarle ese crédito extraordinario a la gestión Macri. No hace falta ir al resultado final y juzgarlo por el fracaso definitivo.

Es lo que Argentina tiene para argumentar. El préstamo stand by fue una decisión política, de un organismo político del cual Argentina es miembro. La irresponsabilidad de sus ejecutores y el incumplimiento de las normas de prudencia están a la vista. Las consecuencias económicas y sociales que sufrió el país, también.