Actualmente avanza una investigación sobre los Riesgos e impacto socio sanitarios de las fumigaciones con agroquímicos en las provincias de Salta, Santiago del Estero y Santa Fe. La coordinadora de la investigación es Mariana Schmidt, socióloga y doctora en Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires), e investigadora asistente del CONICET. Ante las consultas realizadas por Salta 12, la especialista explicó que esta se trata de un trabajo en curso que busca analizar la emergencia de conflictos y controversias vinculados al uso de agroquímicos.
Afirmó que se han realizado entrevistas y relevado múltiples fuentes de información secundaria: documentos e informes técnicos; informes y denuncias; artículos científicos e investigaciones; jurisprudencia y legislación; material estadístico y hemerográfico, con el fin de llevar adelante un análisis de los marcos regulatorios, las políticas públicas y la emergencia y trayectoria de conflictos y/o controversias.
“Para el periodo 1999-2020, se relevaron y sistematizaron un total de 166 casos de Salta únicamente, los cuales no representan la totalidad de los existentes sino aquellos sobre los que se tuvo conocimiento a través de la información disponible y/o accesible”, dijo.
Es así que la conflictividad que emerge de los testimonios informales o denuncias formales “refieren a la contaminación de aguas, la mortandad de fauna y/o flora y las afecciones a la salud. Se apunta a intoxicaciones agudas, accidentes y/o derrames en el manejo de productos tóxicos, pero también a impactos crónicos derivados de las fumigaciones cotidianas cercanas a cursos de agua, canales de riesgo y zonas habitadas, del lavado de maquinaria y/o disposición de envases en fuentes de agua, entre los principales".
"Estos impactos ambientales y sanitarios remiten de modo simultáneo a aquello que hemos categorizado como ‘malas prácticas’ (en oposición a las ‘buenas prácticas agrícolas’ pregonadas por el sector productivo y gubernamental): fumigaciones en campos próximos a viviendas y/o escuelas sin respetar zonas de resguardo, horarios o categorías de toxicidad; almacenamiento y/o descarte de envases, estacionamiento y/o circulación de maquinaria agrícola en áreas urbanas”, entre otros puntos reseñados por la coordinadora.
Explicó que las políticas provinciales de gestión y reciclado de envases vacíos a partir de la creación de Centros de Acopio Transitorio (CAT) se insertan en las regulaciones previstas por la Ley Nacional Nº 27.279. Pero “si bien buscan disminuir impactos ambientales y sanitarios a partir del tratamiento de los residuos generados, no están orientadas a la disminución y/o prohibición de su uso. Más aún, no abarcan a la totalidad de los envases utilizados y desechados, que en gran medida terminan siendo utilizados como recipientes de acopio de agua (entre otros usos) por las poblaciones indígenas y campesinas, que no acceden a servicios de agua potable”, añadió.
Afirmó que en los casos de la población originaria y campesina, los riesgos ambientales y sanitarios se vinculan de modo estrecho a otro problema de gran profundidad histórica en la región, “como es la cuestión del acceso y tenencia de la tierra. En estos territorios, la conflictividad por el uso de agroquímicos no puede desvincularse de los conflictos territoriales por desalojos y falta de acceso a los bienes naturales en cantidad y calidad suficiente para la salud individual y comunitaria”.
A consideración de la investigadora del CONICET “en realidad lo que hace falta es una Ley Nacional de Presupuestos Mínimos que regule/prohíba el uso de los agroquímicos (distancias y categorías de toxicidad permitidas)”, lo cual sostuvo ahora es “competencia de las provincias y/o municipios”.
