La Justicia usa menos del cincuenta por ciento de las pulseras o dispositivos duales disponibles actualmente en el país para monitorear a varones denunciados por violencia de género. Los jueces y juezas son quienes deben pedirlos y ordenar su colocación en los agresores para controlar si violan una restricción perimetral. Pero no lo hacen en la medida en que deberían: quedó en evidencia con los femicidios de Ursula Bahillo, el 8 de febrero en Rojas, provincia de Buenos Aires, y esta semana, con el de Guadalupe Curual, en Villa La Angostura, Neuquén. Aunque la justicia les había dictado prohibiciones de acercamiento a sus ex parejas –y en el caso de Ursula, incluso, la adolescente denunció varias veces que el policía Matías Ezequiel Martínez no las respetaba--, ninguno de los dos tenía una tobillera, como se conoce comúnmente a este dispositivo. 

“Hasta el momento estos dispositivos han demostrado un 100 por ciento de efectividad, lo que quiere decir que nunca un agresor logró acceder a la víctima”, destacó la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, al ser consultada por Página/12. Pero todavía hay cuatro provincias, Catamarca, San Luis, Chaco y Formosa que no cuentan con esta tecnología. Desde el Ministerio, explicaron, están avanzando en conversaciones para firmar los convenios respectivos para entregárselos. El recurso se está desperdiciando: aunque no se usen, el Ministerio paga el servicio a la empresa de seguridad proveedora. El monitoreo corre por cuenta de las provincias.

Los dispositivos duales permiten que la vigilancia caiga sobre el agresor denunciado. Con el botón antipánico es la víctima la que debe procurar su propia protección activándolo cuando percibe que está en peligro. Pero por la complejidad que tiene el problema de la violencia por razones de género, no es posible abordarla con una sola respuesta. Los dispositivos duales deberían ser parte de las medidas que disponga la justicia para proteger a las mujeres que denuncian, en contextos de alto riesgo. Pero no la única. “No hay dispositivos mágicos que por sí mismos resuelven la situación. Las tobilleras hasta ahora han resultado efectivas pero también nos hemos encontrado con sujetos violentos que no acatan límites. A las tobilleras es preciso trabajarlas en un marco de políticas integrales que contengan grupos de ayuda mutua para las mujeres, espacios para el trabajo con varones que ejercen violencia, entre otras estrategias”, señaló a Página/12 Flavia Delmas, subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género de la provincia de Buenos Aires, en cuya área se abordan los “casos críticos” mayormente detectados a través de las llamadas al 144.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación entregó 1439 dispositivos duales a pedido de 19 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero hasta el 31 de enero apenas estaban “activos” 649, es decir, el 45 por ciento, de acuerdo con un informe oficial al que accedió este diario. Si se tiene en cuenta la cantidad de denuncias por violencia de género, la cifra suena irrisoria tanto de los dispositivos disponibles y mucho más, de los que se usan: solo en 2020 en la provincia de Buenos Aires, la Dirección de Casos Críticos, del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, se ocupó de 2775 mujeres en situaciones “de alto riesgo”. Pero más irracional suena el sistema si además el Gobierno nacional tiene que pagar por las pulseras duales enviadas a las provincias cuando ni siquiera jueces y juezas las aplican para prevenir los femicidios.

De las 6597 mujeres que en 2020 denunciaron a un varón en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, que recibe casos ocurridos en el ámbito porteño, el 43 por ciento –es decir, 2780—tuvieron evaluación de riesgo alto o altísimo, precisó a este diario la titular de la OVD, Analía Monferrer.

Más pedidos

Después del femicidio de Ursula Bahillo –que dejó en evidencia una pésima respuesta judicial y del municipio para protegerla de su ex pareja--, en la provincia de Buenos Aires se multiplicaron los pedidos de tobilleras duales: “Desde el 11 de febrero nos llegaron 30 oficios de juzgados solicitando el ingreso al programa para agresores. Actualmente estamos monitoreando 241 dispositivos colocados y hay cuatro más en proceso de inclusión”, informó Delmas. Para el resto del año pidieron 800 pero todavía no las recibieron.

Las tobilleras duales las distribuye el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a pedido de las provincias. Pero también los gobiernos provinciales podrían comprarlas. Recién esta semana Losardo se reunió con los ministros de Seguridad de San Luis, Luciano Anastasi, y de Catamarca, Gustavo Aguirre, para avanzar en la firma de los convenios respectivos para entregarles los dispositivos. Quedan todavía pendientes acuerdos con Chaco y Formosa.

Llamativamente, hay provincias como Jujuy que al 31 de enero no tenían ni una sola tobillera dual “activa” a pesar de que el Gobierno de Gerardo Morales recibió 55 de parte del Ministerio de Justicia, de acuerdo con datos de esa cartera. En Neuquén --donde fue asesinada Guadalupe Curual en la noche del martes— disponían de 75 y estaban activas solo 45. En Córdoba, tienen 140 y de esas, 128 están en uso.

“Las mujeres piden determinadas medidas de protección cuando realizan la denuncia pero no suelen solicitar la tobillera dual porque no la conocen. No es un dispositivo que esté tan difundido. Las mujeres piden más el botón antipánico. Otras solo piden que el agresor deje de maltratarlas. Los jueces y juezas son quienes evalúan el pedido y deciden qué medidas consideran que son las más convenientes en cada caso”, explicó la titular de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia, Analía Monferrer.

¿Cómo funcionan las tobilleras?

Los dispositivos duales (tobilleras) están compuestos por dos unidades de rastreo, una para la víctima y otra para el agresor, el que también lleva un transmisor (brazalete o tobillera). Las ubicaciones de la víctima y del agresor se supervisan de manera permanente desde los centros de monitoreo ubicados en las diferentes jurisdicciones. En la provincia de Buenos Aires se encarga el Sistema Penitenciario. Se configuran zonas de exclusión en virtud de las restricciones de acercamiento dispuestas por la justicia, y cuando el agresor transgrede la distancia establecida en esa orden se activa una alerta que determina la intervención del personal policial para brindar protección a la víctima.

En general las restricciones, explicó Delmas, se fijan en un radio de 700 metros alrededor de la víctima. Pero el dispositivo empieza a dar un alerta cuando el agresor está a doscientos metros de esa restricción. En ese momento se le advierte que está siendo vigilado, que se lo detectó violando la orden de restricción de acercamiento, y se le ordena que se retire. Por otra parte, “al activarse la inmediata intervención del personal policial en caso de violación de las restricciones de acercamiento, opera sobre el agresor un mayor efecto disuasorio que favorece el cumplimiento de la medida judicial”, señaló una fuente del Ministerio de Justicia de la Nación. Al suplantar la consigna policial como mecanismo de protección, “los dispositivos duales evitan la revictimización y facilitan el empoderamiento de la persona protegida, permitiéndole restablecer la plenitud de su vida cotidiana de manera autónoma, a la vez que optimiza el funcionamiento de los recursos policiales, que pueden destinarse a otras tareas mientras no reciban una alerta que requiera una intervención en la urgencia”, explicó la fuente.

Sin freno

En lo que va del año, se han registrado ya más de medio centenar de femicidios, de acuerdo con los distintos relevamientos que llevan adelante diferentes ONG. En promedio, si se analizan los últimos años, alrededor de un 20 por ciento de las víctimas habían hecho una denuncia previa al agresor. El análisis de las estadísticas de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema muestra que hasta hacer la primera denuncia formal, las mujeres en situación de violencia de parte de pareja o ex pareja viven un promedio de cinco años y medio de maltrato.

La OVD se creó en 2006 y funciona en Lavalle 1250, en CABA: atiende las 24 horas los 365 días del año: allí la mujer relata los hechos sufridos, se le hace una evaluación de riesgo, y se deriva el caso a la justicia, para que se dicten medidas cautelares de protección y si hay delitos, se investiguen. La OVD simplificó la ruta crítica que tenían que recorrer antes las mujeres para denunciar. Pero no existen oficinas similares en todas las provincias: en los últimos 12 años, adoptaron este modelo de atención, solo cinco: La Pampa, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Santa Cruz. Pero de todas formas, las oficinas suelen estar en las capitales.

Entre los años 2018, 2019 y el primer semestre de 2020, en la OVD de la Corte se relataron hechos de violencia en las relaciones de pareja en los que resultaron afectadas 18.400 mujeres a partir de 14 años. Entre las mujeres afectadas, 63% tienen un vínculo de tipo ex pareja con los agresores; 20%, convivientes; 14%, cónyuges y; 3%, novios. Se observa que estas proporciones no varían significativamente a lo largo de los años analizados, aun incluyendo el período de ASPO que se puso en vigencia desde el 20 de marzo de 2020. Más de la mitad de las afectadas (56 por ciento) manifestó concurrir a realizar la denuncia ante una situación límite; 46 por ciento, expresó sentir más miedo que el habitual y 45 por ciento por haber sido derivada.

Conforme lo relatado por las denunciantes, 56 por ciento de los agresores tiene antecedentes de violencia con otras parejas.